■ García Villalobos propone la compactación de la propiedad social
El TSA señala la necesidad de atender migración rural
■ Hay que revisar “términos legales” para aumentar la productividad
Para el presidente del Tribunal Superior Agrario (TSA), Ricardo García Villalobos, tres temas deben ser revisados de inmediato: la renta de las tierras, la compactación de la propiedad social y la migración de los campesinos. “Si queremos que el campo realmente empiece a tener mayor productividad, habrá que revisar algunos términos legales”, advirtió.
Explicó que la renta de tierra para conformar grandes extensiones, con el propósito de que las inversiones sean redituables, no es ilegal, pero hay que abordar el tema para reglamentar los contratos, ya que la actual ley agraria no incluye ese asunto.
“Hay un capítulo en la Ley Agraria que permite que haya sociedades civiles y mercantiles en el campo con acciones serie T (tierra), pero no es el caso, ya que crear una sociedad es aportar la tierra a un ente distinto y el peligro es que, si fracasa el proyecto, se regresan las tierras y acciones sin valor. Ante eso, es más útil la figura de compactación o de usufructo, pues ello permite a los socios medir cómo avanzan los proyectos y, en caso de que no resulten, se pueden rescindir los contratos y quedan las cosas como estaban establecidas”, explicó en entrevista.
Consideró que el asunto puede ligarse a una de las aristas de la migración, ya que se podría convencer a los agricultores estadunidenses de que inviertan en la zona norte del país y con eso influir en la disminución de la expulsión de mano de obra en México.
En el caso de los centroamericanos que llegan al país como jornaleros, propuso el establecimiento de una zona de amortiguamiento hasta el istmo de Tehuantepec, Oaxaca, hasta donde podrían llegar los jornaleros de esa región que portaran una carta o una credencial que los acreditara como tales, para evitar abusos tanto de los finqueros como de las autoridades migratorias. “No podemos estar lastimando a nuestros hermanos centroamericanos”, subrayó. Insistió en la necesidad de regular los contratos para dar seguridad a los inversionistas y que los ejidatarios tengan claridad de los alcances y limitaciones de las decisiones de las asambleas, ya que son la máxima expresión dentro del ejido, pero no son “autoridad agraria. Hay que idear otros sistemas para la compactación de tierras agrícolas altamente productivas y para evitar que se destruyan bosques y selvas, y abrir parcelas para la agricultura”.
Respecto del presupuesto de 2009 para el TSA, García Villalobos apuntó que los 926 millones de pesos otorgados son insuficientes para fortalecer a los tribunales agrarios, en los que se atienden 34 mil casos en promedio anual.
“Se requiere más presupuesto, pues se necesita abrir diez tribunales –para lo que se necesitan 30 millones de pesos, mínimo–y retabular al personal no sindicalizado que desde hace siete años no recibe incremento salarial.”