■ El superintendente financiero, acusado de tolerar la proliferación de esos negocios
Dimite funcionario colombiano ante ola de protestas por megafraude con pirámides
■ Legisladores invirtieron dinero: Álvaro Uribe
■ Crean comisión que investigará entidades
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Decenas de agentes de la Policía Nacional fueron enviados a custodiar oficinas de la empresa Dinero Rápido, Fácil y Efectivo. La institución dio a conocer que halló 13 millones de dólares en una sucursal de la firma que fue intervenida el miércoles. La imagen, en la ciudad de Cali
Foto: Ap
Bogotá, 15 de noviembre. El colapso de “pirámides financieras” en Colombia provocó la caída del primer funcionario en el gobierno del presidente Álvaro Uribe, quien aceptó la renuncia del superintendente financiero, César Prado, centro de las críticas por los fraudes millonarios cometidos la semana pasada.
La presión generada por las protestas desatadas en Bogotá y otras localidades, especialmente en el sur y suroccidente del país, orillaron a Prado a presentar su renuncia a Uribe, a pesar de su experiencia en el sector y el reconocimiento que obtuvo tras reorganizar las entidades gubernamentales encargadas de supervisar los sectores bancario y bursátil, señaló hoy la prensa local.
Las críticas contra Prado apuntaron particularmente al hecho de que el funcionario permitió que crecieran las pirámides, bajo el argumento de que las leyes del sector financiero no especifican hasta qué punto puede intervenir la Superintendencia Financiera, más allá de obligar a la devolución de los recursos a los inversionistas.
En medios políticos se ha señalado la necesidad de cubrir el vacío en la materia, pero por lo pronto el nuevo superintendente financiero, Roberto Borrás, informó que la entidad tratará de asegurar la devolución de recursos invertidos en las pirámides, cuyo monto oficial no ha sido calculado, pero según el diario El Espectador podría ascender a unos 600 mil millones de pesos colombianos, es decir, aproximadamente 260 millones de dólares.
El enojo causado por el fraude millonario llevó además al procurador general de la nación, Edgardo Maya, a anunciar la creación de una comisión especial que realizará “una verificación” de los organismos encargados de supervisar a los establecimientos captadores de dinero, entre los que destaca la empresa Dinero Rápido, Fácil y Efectivo (DRFE).
Maya advirtió a los alcaldes que, en caso de no vigilar adecuadamente el funcionamiento de las pirámides en sus localidades, su omisión podría acarrear consecuencias penales.
El escándalo causado por el derrumbe de las pirámides tomó otro giro político cuando el presidente Uribe aseguró que entre los inversionistas hay también senadores.
Uribe no mencionó nombres, pero invitó a legisladores a “decírselo al país” y los criticó por dar “ese ejemplo”.
La Policía Nacional, en tanto, continuó con la confiscación de fondos en poder de empresas receptoras.
La institución informó del hallazgo de 30 mil millones de pesos colombianos (unos 13 millones de dólares) en una sucursal de DRFE, que el gobierno ordenó intervenir el miércoles pasado, luego que varias de sus oficinas cerraran las puertas.
El dinero decomisado se suma a otros 58 mil millones de pesos (unos 25 millones 200 mil dólares) incautados en la semana.