■ Ganó la postura de EU de evitar la “sobrerregulación que atente contra el libre mercado”
Políticas de estímulo fiscal, plan del G-20 para afrontar la recesión
■ Plazo de 4 meses para adoptar medidas concretas de supervisión en los sistemas financieros
■ Para el 30 de abril, ya con Obama en Washington, la formulación de nuevas reglas de control
Ampliar la imagen El presidente George W. Bush y el rey Abdullah de Arabia Saudita, ayer en Washington Foto: Ap
Washington, DC, 15 de noviembre. Los jefes de gobierno de 20 países que reúnen más de tres cuartas partes del producto interno bruto (PIB) mundial acordaron instrumentar a escala nacional medidas de estímulo fiscal para hacer frente a la recesión, pero dejaron sin resolver las diferencias que existen entre Europa y Estados Unidos sobre la intervención estatal y la regulación en los mercados financieros.
En lo que fue considerado un “acuerdo de compromiso”, los líderes del Grupo de los 20 (G-20), que reúne a naciones industrializadas y en vías de desarrollo, se dieron cuatro meses para adoptar medidas concretas para regular a los mercados financieros, el tema considerado fundamental por Europa a la luz de la crisis actual, que estalló por fallas en la regulación de instrumentos financieros.
Rechazo a la supervisión
El encuentro, convocado hace un mes por los presidentes de Estados Unidos y Francia, George W. Bush y Nicolás Sarkozy, finalizó con el compromiso de los participantes de reformar y fortalecer los mercados financieros, pero con la advertencia de que la responsabilidad es de cada país y que hay que evitar, “por contraproducente, la regulación excesiva”. Es decir, que Estados Unidos logró imponer su tesis de que no conviene crear nuevos organismos y supervisores internacionales, al contrario de lo que defendía Europa, así como su oposición a caer en un control excesivo que atente contra el libre mercado.
La cumbre, sin embargo, no arrojó planteamientos concretos sobre reglas para la regulación de los mercados financieros, un tema que fue dejado para un encuentro posterior el 30 de abril, cuando el presidente electo de Estados Unidos, Barack Obama, lleve 101 días ejerciendo el cargo.
Al término de la reunión, en la que además de los países que componen el G-20 han participado España y Holanda, los jefes de Estado y de gobierno presentes en Washington dieron a conocer una declaración final de 10 páginas en las que se perfilan las futuras reformas que deberán acometer los países antes del 31 de marzo. En esencia, se trata de un plan de acción que incluye la adopción a escala nacional de medidas de estímulo fiscal para hacer frente a la recesión y la puesta en marcha de colegios de supervisores para controlar a los bancos más importantes del mundo.
Como puntos importantes, el documento muestra la determinación del grupo a dar un mayor peso a los países emergentes y en desarrollo en los organismos internacionales, lo que incluye la propuesta de reformar el Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial, y de dar continuidad al trabajo coordinado con la convocatoria de una nueva cumbre antes del 30 de abril, ya con la presencia del nuevo presidente estaduniense, Barack Obama.
El rechazo a la regulación excesiva y el proteccionismo queda expresado así en el texto: “Aunque reconocemos la necesidad de mejorar la regulación de los mercados financieros, debemos evitar la sobrerregulación, que pondría en peligro el crecimiento económico y aumentaría la contracción de los flujos de capital, incluidos los países en desarrollo”, dice la declaración. “Subrayamos la importancia crítica que tiene el rechazo del proteccionismo, y el no encerrarnos en tiempos de incertidumbre financiera”, añade. En esta línea, el texto anima a concluir antes de finales de año la Ronda de Doha de liberalización comercial, y pide a los países que en los próximos 12 meses no adopten ninguna medida proteccionista.
No obstante, los líderes del G-20 reconocen que es necesario fortalecer la transparencia y la regulación de los mercados, aunque dejan claro que ello debe ser responsabilidad de cada país. Los gobiernos nacionales constituyen “la primera línea de defensa contra la inestabilidad de los mercados”, señalan. Cada país deberá, además, poner su grano de arena para reforzar la cooperación internacional en materia de regulación y de vigilancia.