■ Fueron liberados pero aún son responsables de los delitos, señala
Prevé ONG internacional riesgos para dos excarcelados en Chiapas
El Secretariado Internacional de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), con sede en Ginebra, Suiza, ha recibido con satisfacción, y también preocupación, la liberación de dos detenidos en Chiapas, quienes “habían adelantado huelgas de hambre”.
El 14 de octubre, el gobierno de Chiapas excarceló a Marcelino Díaz González, del municipio El Bosque, y Antonio Gómez Díaz, del municipio Simojovel, quienes se encontraban en el Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados 14, El Amate (CERSS 14) de Cintalapa. Díaz González permaneció detenido, según las denuncias injustamente, siete años y 12 días; su condena dictaba 25 años de cárcel. Por su parte, Gómez Díaz permaneció recluido cinco años y 11 meses, con una sentencia de 30 años.
La OMCT recuerda que ambos participaron “en la huelga de hambre y ayuno que se llevó a cabo los primeros meses de este año, exigiendo liberación inmediata”. En esa ocasión, la Mesa de Reconciliación de las Organizaciones Sociales instalada por el gobierno “consideró que existían elementos jurídicos para demostrar su culpabilidad”. Sin embargo, ante la insistencia de los detenidos, sus familiares y diversas organizaciones civiles, el gobierno estatal accedió a revisar nuevamente los expedientes de los presos de La Voz del Amate, el Grupo Zapatista y La Voz de los Llanos.
En la revisión se buscaron las irregularidades cometidas durante el proceso judicial, y finalmente, el gobierno “reconoció que las deficiencias en la integración de los expedientes habían sido la causa para privar de la libertad a estas personas”. Fueron liberados bajo la figura jurídica de sentencia suspendida. La OMCT señala que, en la práctica, esto significa que deben someterse a las obligaciones para personas con antecedentes penales: presentaciones regulares y rendición de informaciones sobre sus desplazamientos, a pesar de que el gobierno de Chiapas admitió públicamente las irregularidades jurídicas de los procesos por las cuales fueron condenados.
La OMCT recuerda que permanecen detenidos Alberto Patishtán Gómez, José Pérez Pérez y Miguel Gómez Gómez en El Amate, y Tiburcio Gómez Pérez, Diego Rodríguez Hernández y Agustín Rodríguez Jiménez, en el CERSS 5 de San Cristóbal de Las Casas.
Al manifestar “complacencia” por la liberación de Díaz González y Gómez Díaz, la OMCT no omite “su seria preocupación” porque la aplicación de la sentencia suspendida “no puede ser considerada un acto de justicia, ya que continúa el peso de las condenas y, aunque otorga el beneficio de la libertad, jurídicamente no se les ha quitado la responsabilidad de los delitos que les atribuyen.”
Además, expresa preocupación porque durante la revisión de los expedientes penales de “numerosos” detenidos en Chiapas, realizada por la defensa y el Ministerio de Justicia, “se encontraron graves violaciones al debido proceso, a las garantías judiciales y al derecho a un juicio justo”. El organismo señala que al ser detenidos, “muchos fueron víctimas de tortura y malos tratos, y los obligaron a firmar documentos sin que conocieran el contenido, ya que no había traductores y la mayoría sólo habla su lengua nativa”.
La OMCT insiste en su preocupación por la situación legal, la seguridad e integridad de quienes siguen detenidos. Cabe recordar la liberación de 137 presos en distintos reclusorios dictada por el gobierno de Chiapas el 31 de marzo de 2008. Entre ellos, 30 estaban en huelga de hambre.
El organismo demanda al gobierno mexicano garantizar la seguridad y la integridad física y sicológica de los indígenas liberados y sus familias, así como de los que permanecen presos. Y de éstos, “ordenar su libertad inmediata en caso de encontrarse detenidos en ausencia de cargos legales válidos”. Y si existen, “llevarlos ante un tribunal competente, independiente, justo e imparcial y garantizarles derechos procesales”.
Asimismo, pide “una investigación completa, inmediata, exhaustiva e imparcial” por las violaciones cometidas a los derechos humanos, “identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal y aplicarles las sanciones previstas por la ley”.