■ AN culpa directamente a la titular de la PGJ de los casi 1,900 homicidios y exige su destitución

La violencia provoca guerra entre partidos en Chihuahua

■ Actitud mezquina y manipuladora del albiazul; usa el problema de la inseguridad para chantajear al gobierno y sacar ventaja en la revisión de cuentas públicas, asegura legislador perredista

M. Breach y R. Villalpando (Corresponsales)

Chihuahua, Chih., 14 de noviembre. A la cada vez más sangrienta disputa territorial entre grupos de la delincuencia organizada, el ala radical del Partido Acción Nacional (PAN) emprendió una guerra abierta contra el gobierno estatal priísta, en especial contra la procuradora de Justicia, Patricia González Rodríguez, a quien responsabiliza directamente de los aproximadamente mil 900 homicidios ocurridos en la entidad en lo que va de este año y, por ello, exige su destitución.

El punto más alto de esta confrontación política ocurrió el martes, cuando los diputados locales Miguel Jurado, Roberto Lara Rocha, Antonio López y Jorge Espino, los tres últimos integrantes del derechista grupo Desarrollo Humano e Integral DHIAC-Yunque, acudieron ante el secretario de Gobierno a interponer una demanda contra González Rodríguez y el secretario de Seguridad Pública estatal, Javier Torres Cardona, acusándolos de no entregar un informe al Congreso sobre la situación de inseguridad y violencia que vive Chihuahua.

La tarde de ese mismo día cundió una ola de rumores que alertaban acerca de un supuesto secuestro de la procuradora por un grupo armado, la incursión de pistoleros en centros comerciales, la colocación de bombas en centros educativos, entre otros, todos difundidos por mensajes vía celular e Internet, que provocaron sicosis colectiva que a su vez generó el cierre de escuelas, bares, restaurantes y negocios.

Al día siguiente estaba programada la comparecencia de González Rodríguez y Torres Cardona ante el Congreso, pero la cita debió suspenderse cuando se detectó que desde la oficina de Lara Rocha se citaba por teléfono a simpatizantes del PAN para que acudieran con mantas y cartulinas en protesta por el caos social que ha generado la violencia.

Esto dio pauta para que los diputados del blanquiazul salieran a las calles con pancartas, mantas y volantes a demandar un alto a la violencia y la renuncia de la funcionaria.

“Hay una actitud mezquina del PAN en todo esto. Ellos no cuestionan las malas estrategias del operativo policiaco-militar ordenado por (Felipe) Calderón, que se llevó a cabo sin trabajo de inteligencia, que se ha caracterizado por graves violaciones a los derechos humanos de la ciudadanía y no ha rendido buenos resultados, sino por el contrario, acrecentó la violencia en el estado”, manifestó Víctor Quintana, diputado local del PRD, quien por una parte apoyó la solicitud de los legisladores panistas para que los funcionarios estatales comparezcan, pero rechazó la manipulación del problema.

Apuntó que el PAN ha utilizado también el problema de la violencia para chantajear al gobierno estatal y “planchar acuerdos políticos” en la revisión de cuentas públicas. El dirigente estatal del PRI, Marco Quezada, manifestó que los legisladores identificados con el DHIAC, en particular el ex alcalde Juan Blanco, de la capital del estado, han llevado a la mesa de negociación política planteamientos claros para que se desechen los expedientes abiertos en el Ministerio Público por irregularidades de cuentas públicas de ese ayuntamiento en el ejercicio fiscal 2006.

Desde hace semanas, los legisladores del albiazul abrieron la confrontación cuando endosaron el problema de violencia e inseguridad al gobernador José Reyes Baeza Terrazas y sus funcionarios, excluyeron la responsabilidad del gobierno federal, en concreto de la Procuraduría General de la República (PGR), y de la policía municipal bajo la tutela del alcalde de la capital del estado Carlos Borruel, también panista y destacado miembro del DHIAC.

En Ciudad Juárez la estrategia es similar: el dirigente municipal panista Héctor Arreola, regidores, legisladores federales y senadores originarios de esa ciudad han centrado el problema de la violencia en una campaña de descalificación dirigida al presidente municipal de origen priísta y al gobernador José Reyes Baeza, atribuyéndoles la responsabilidad directa de no contener la ola de homicidios que sólo en esa localidad fronteriza lleva este año mil 336 muertos.

“A los diputados de Acción Nacional no les interesa revisar a fondo el operativo conjunto Chihuahua ni señalar las deficiencias en la actuación de las autoridades federales, como la PGR o la policía municipal, que nunca aparece ni tiene información sobre las ejecuciones”, señaló en esa ocasión Fernando Rodríguez Moreno, coordinador de la bancada del PRI en el Congreso local.

Ser portavoz ciudadano no es politizar: PAN

“Ser el portavoz de la ciudadanía ante la ola de violencia que se vive en el estado no es politizar de modo alguno, como señalan varios, es simplemente exigir respuesta que, como obligación desde su ámbito de competencia tiene el gobierno estatal”, aseveró Jesús Manuel Payán Quinto, dirigente municipal del PAN.

Sus argumentos responden a los señalamientos que hizo la procuradora Patricia González sobre la existencia de “vasos comunicantes entre miembros del crimen organizado y algunos actores políticos”, a quienes acusó de buscar desestabilizar las instituciones y crear un clima de temor en la sociedad.

Acerca de los rumores difundidos el martes por la tarde, hay bases firmes para creer que “existió intencionalidad política”, dijo el gobernador y anunció que “una comisión especializada en delitos cibernéticos del gobierno federal llegará a Chihuahua con la finalidad de analizar el caso de sicosis que se generó”.

Más allá del verdadero clima, el trasfondo de la guerra política parece ser otro: una estrategia anticipada con miras a las elecciones federales de 2009 y el posicionamiento blanquiazul para las elecciones de gobernador y alcaldes en el 2010.

La procuraduría de Justicia del estado tiene abierto un expediente para la investigación de posibles delitos ligados al manejo de recursos públicos en el ayuntamiento de Chihuahua en 2006, comandado por el ex alcalde Juan Blanco Zaldívar, uno de los precandidatos del PAN al gobierno del estado.

El expediente incluye la investigación sobre tráfico de influencias en la concesión el relleno sanitario del municipio de Chihuahua; el presunto desvío de 14 millones de pesos en la Dirección de Atención Ciudadana en la compra de despensas y cobijas y el pago de arrendamientos falsos por más de 100 mil pesos cuya responsabilidad recae en el entonces funcionario municipal Roberto Lara Rocha, ahora diputado local y aspirante a la alcaldía capitalina.

En el mismo caso se encuentra el diputado Antonio López, quien fue titular de Desarrollo Rural del Municipio de Chihuahua y no acreditó suficientemente la entrega de materiales para la regeneración de vivienda rural por 1.5 millones de pesos.

Los diputados Rocha y López forman parte del grupo del DHIAC, cuyo liderazgo lo ha retomado el alcalde de la capital, Carlos Borruel, y como corriente libra una lucha interna para hacerse del control del Consejo Estatal del PAN, donde se decidirán las candidaturas a diputados federales y al gobierno estatal en 2009 y 2010.