SAR: ¿un ladrillo para tu retiro?
Los pensionados de la Confederación de Jubilados y Adultos Mayores de la República Mexicana A.C. recuerdan bien que, entre burlón y despectivo, un ex director general del IMSS (aún en la administración pública) declaró que los fondos de pensiones se habían empleado en la construcción de instalaciones médicas “y que ni modo que le dieran a cada trabajador el ladrillo correspondiente”.
Pero no sólo recuerdan. También denuncian que el SAR –obra del priísta Zedillo continuado interesadamente por los panistas Fox y Calderón– perpetúa serios problemas de diseño y operación que afectan directamente la naturaleza del retiro de los trabajadores mexicanos.
Primero, apuntan, pesa la aplicación de la política de borrón y cuenta nueva, que elimina de un plumazo la obligación constitucional y la deuda social que el Estado adquirió con millones de trabajadores y gracias a cuyos ahorros se construyó gran parte de la infraestructura nacional. A la hora de cosechar lo sembrado, resulta que esa deuda histórica es impagable y que se deben hacer nuevos y mayores sacrificios para alcanzar un mínimo de dignidad en el ocaso de la vida.
Igualmente, señalan, se ha despojado a las nuevas generaciones de la esperanza de tener una vejez digna y sin sobresaltos, al entregar a grupos financieros –la mayoría extranjeros– el manejo de sus ahorros y pensiones; grupos que cobran comisiones desmedidas.
Por ejemplo, por la reciente “reforma Beltrones” al SAR (2007) –diseñada justo ahora que el monto de lo ahorrado en el sistema ha aumentado sustancialmente– las Afore “cobrarán su comisión como un porcentaje sobre la cantidad ahorrada y no sobre cada depósito: mientras más ahorramos, menos tenemos”.
Pero, sin duda, la gran paradoja consiste, afirman, en que para privatizar los fondos de pensiones se argumentó que ellos representaban una grave carga para el erario. Sin embargo, “según datos de la Consar, 62.3 por ciento de los recursos manejados por las Afore se encuentran invertidos en valores gubernamentales. Es decir: para beneficiar a unos cuantos grupos financieros, se realiza una operación innecesaria de intermediación, puesto que el gobierno podría utilizar nuestros recursos, como lo hizo en el pasado, y pagarnos el rédito correspondiente, como hace con las Afore. Así ganaríamos los trabajadores y México”.
Destacan también la opacidad con que se manejan las Afore. Al no poder recurrir al IFAI para conocer puntualmente la tarea de los administradores de los fondos y los costos reales de operación, preguntan, “¿alguien conoce los sueldos, bonos y prestaciones de los directivos, así como los mecanismos para su asignación?”. Por tomar un solo caso, el de Javier Beristáin Iturbide en la Afore XXI, quien acaba de dar la “bienvenida” a Valdemar Gutiérrez Fragoso, secretario general del SNTSS, y a Jesús López Chavarría, responsable de la cartera de Trabajo, en su Consejo de Administración.
Porque, culminan, “nos han expropiado el derecho a decidir acerca del destino de nuestros recursos y la ‘representación obrera’ ante la Consar está atada a la desvencijada estructura corporativa priísta que ya no representa nada ni a nadie”.
Por todo ello, desde el recuerdo y la evidencia, la Confederación levanta una agenda de propuestas “de urgente aplicación” –para la opinión pública y con encargo directo al Poder Legislativo– en la que contempla:
1. Auditoría para identificar el destino de los fondos pensionarios y la responsabilidad del Estado en el rescate de la seguridad social. 2. Abrogación de las “reformas” al IMSS y al ISSSTE. 3. Fortalecimiento de la seguridad social universal basada en esquemas solidarios y donde los que más tienen más aporten. 4 “Devolución de nuestros ahorros manejados por las Afore”. 5. Desconocimiento de todos aquellos pactos, acuerdos o arreglos que representen cesión de derechos para los nuevos trabajadores. “Quienes lo han tolerado difícilmente lo hubiesen aceptado para su propia jubilación. Tampoco debieran hacerlo las autoridades del Trabajo y menos aún los ministros de la Corte, a quienes acudieron millones de trabajadores con la esperanza de encontrar amparo contra decisiones notoriamente injustas y anticonstitucionales”. 6. Aplicación de una reforma fiscal integral, y 7. Establecer “mecanismos de rendición de cuentas y manejo transparente de nuestros recursos”.
Días antes, Moisés Schwartz, presidente de la Consar, declaró que: “las Afore son un negocio y lo que buscan es obtener utilidades y rendimientos”. Después del rescate al sistema financiero de Estados Unidos, la quiebra de American International Group (AIG) y las crecientes minusvalías sobre sus fondos de pensiones, Schwartz descarta modificar la regulación de las Afore porque “sería aventurero cambiarla”. Y, ¿qué propone?: sólo “que la gente ahorre todavía más para su retiro”.
Además, el gobierno federal comunicó que su Programa para Impulsar el Crecimiento y el Empleo, “hará uso” de las Siefores para “canalizar recursos a la inversión en infraestructura, Pymes y vivienda”. ¿Con la anuencia de Schwartz? ¿O con la de sus auténticos propietarios?
Por su parte, el senador panista Rubén Camarillo externó la posibilidad de que las Afore participaran en las “empresas filiales” contempladas en la reforma de Pemex. ¿Consultando a quién?
Lo que la Confederación de Jubilados reclama no es precisamente un ladrillo, sino el derecho sobre el control y destino de sus fondos de pensiones. Este reclamo que, con toda legitimidad, adoptarán todos aquellos que en el corto plazo engrosen su membresía, es un reclamo que llegó para seguir sonando con alta audibilidad y mejor viabilidad.
*Universidad Autónoma Metropolitana - Xochimilco