El derecho a la vivienda en México
La Oficina de Coordinación Regional para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat (HIC-AL), comenzó a circular esta semana un Balance de la Instrumentación de las Recomendaciones del Relator de la ONU sobre el Derecho a una Vivienda Adecuada. El señor Miloon Kothari, originario de India, fue designado en septiembre de 2000 por un periodo de tres años, que le fue renovado hasta el 30 de abril de este año, primer relator especial de la ONU sobre este tema. Desde el inicio de su gestión definió el derecho a la vivienda adecuada como “el derecho de todo hombre, mujer, joven y niño a tener un hogar y una comunidad seguros, en el que puedan vivir con paz y dignidad”. Y teniendo en cuenta la indivisibilidad de los derechos humanos, procuró fomentar sus vínculos con otros derechos, como el derecho a la alimentación, al agua, la salud, el trabajo, los bienes, la seguridad personal, la seguridad del hogar y la protección contra los tratos inhumanos y degradantes.
Fue el primer relator de derechos económicos, sociales y culturales que visitó por primera vez México en marzo de 2002. Estuvo de nueva cuenta en visita oficial en diciembre de 2003, para llevar a cabo la Consulta Regional sobre Mujer y Vivienda Adecuada, a la que asistieron 20 mujeres provenientes de 14 países de América Latina. El 13 de septiembre de 2007 solicitó una reunión no oficial cerrada con movimientos y organizaciones que pudieran ofrecerle información actualizada sobre la situación de la vivienda en el país, en la que participaron alrededor de 60 personas de nueve estados de la República. Veinte de los testimonios y ponencias de movimientos sociales, organizaciones y académicos entonces presentados, son tomados en cuenta de manera particular en este informe de HIC-AL para hacer su evaluación. En ella se concluye que a cinco años de su visita, las recomendaciones del relator de Vivienda al gobierno se han atendido sólo parcialmente, y que los casos expuestos durante la consulta de 2007 muestran tendencias que apuntan a un incremento de la insatisfacción del derecho a la vivienda para grandes sectores de la población y de medidas de carácter regresivo.
Respecto a la obligación de respetar, el informe señala que destacan tendencias crecientes a criminalizar a quienes promueven asentamientos considerados irregulares y a quienes los respaldan desde los organismos estatales, pues ante la inexistencia de una política y de mecanismos operativos que garanticen la generación de suelo legal, seguro, accesible, asequible y con factibilidad de servicios para los sectores de bajo ingreso, la criminalización de las iniciativas populares resulta violatoria de la obligación de respetar. Máxime cuando, se dice, el encarcelamiento de líderes va acompañado del desalojo y la destrucción de las viviendas.
Literalmente afirma que otro tema que violenta esta obligación es el del impacto de los macrodesarrollos habitacionales en varios derechos de los habitantes originarios de los poblados colindantes. El impacto más grave se da en el derecho al agua, ya que los grandes conjuntos habitacionales afectan las reservas locales, disminuyendo el aforo de los manantiales y pozos de los que se surten las comunidades. El informe añade que la urbanización salvaje, que lleva a producir enormes conjuntos, pese a la inviabilidad de dotarlos adecuadamente de agua, violenta también los derechos de los adquirentes de vivienda, y tiene impactos negativos en la convivencia social y en la economía de las familias y de la ciudad en su conjunto, por los graves costos implicados en la expansión irracional y dispersa de la mancha urbana y el tiempo que la gente invierte en los traslados.
El informe señala que tampoco se abren espacios de diálogo y consulta a la población que puede resultar afectada por la imposición de megaproyectos públicos o privados, ni se implementan mecanismos que permitan a los afectados contar con protección judicial y acceso a medidas compensatorias y de restitución equivalentes a lo que han perdido. Las comunidades indígenas y las mujeres en particular, expresa con razón, resultan ser los grupos más desprotegidos.
Acertadamente considera también que estos hechos se traducen en expresiones de inconformidad, a las que se responde con evasivas, violaciones a la ley de parte de las autoridades, represión y criminalización de quienes se organizan y actúan para defender sus derechos. En contraste, es frecuente que entidades públicas, lejos de cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos, las violen impunemente. No sólo no se cumplen las promesas hechas a las comunidades, sino que se llega al extremo de no respetar resoluciones judiciales favorables a los afectados, o se cambian fácilmente a favor de intereses privados disposiciones legales, como los usos del suelo decretados para proteger áreas naturales.
Otro tema delicado al que se refiere el informe es el de los deudores hipotecarios, en el que lejos de explorarse las causas estructurales que llevaron a la mora de miles de familias y organizaciones sociales, se les ha culpado de falta de voluntad de pago y se promueve su desalojo. La venta de cartera vencida por parte del Infonavit, concluye, ha dejado a los deudores en condiciones vulnerables, que en muchos casos llevan a la pérdida de su vivienda.