■ Se cumplen dos años de la tragedia en Viejo Velasco Suárez
Irregularidades en pesquisa sobre matanza de indígenas chiapanecos
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En imagen de archivo, desplazados del Ejército Zapatista de Liberación Nacional que retornan a Zinacantán
Foto: Víctor Camacho
Al rememorar el segundo aniversario de la masacre de indígenas en Viejo Velasco Suárez, Chiapas, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC) señaló que el Ministerio de Justicia del Estado (MJE) “no ha realizado de manera seria y efectiva su trabajo, con notorias anomalías procesales, obstruyendo los derechos de acceso a la justicia, la verdad y la reparación de daños, lo cual hace pensar en un posible encubrimiento de los autores materiales e intelectuales de la masacre”.
La “ineficacia” de las investigaciones realizadas por el gobierno de Chiapas “no proporciona un recurso efectivo que garantice la debida protección judicial a las víctimas”. Se mantiene la criminalización de los desplazados, “mediante órdenes de aprehensión vigentes, colocándolos en situación de alta vulnerabilidad”.
El CDHFBC ha documentado puntualmente los actos relacionados con la masacre ocurrida el 13 de noviembre de 2006. “Tzeltales, tzotziles y choles de Viejo Velasco Suárez (Ocosingo) sufrieron un ataque armado, cuyo saldo fue de cuatro personas muertas y cuatro desaparecidas.” De acuerdo con los sobrevivientes, la agresión “fue perpetrada por miembros de la comunidad Nueva Palestina y agentes del estado, situación que sigue impune, con graves violaciones a los derechos humanos, desaparición forzada, desplazamiento de 39 personas y ataques a la integridad personal”.
Los sobrevivientes han testimoniado que ese día “cerca de 40 agresores vestidos de civil, provenientes de Nueva Palestina, entraron a Viejo Velasco seguidos por un grupo de aproximadamente 300 personas con botas y uniformes negros y azules, como los que caracterizan a la policía sectorial, portando armas de grueso calibre”.
El CDHFBC subraya que la versión coincide con el informe que el gobierno mexicano rindió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el cual admitía que en el operativo “participaron cinco fiscales del Ministerio Público (MP), dos peritos, el comandante regional Zona Selva de la Agencia Estatal de Investigación, siete elementos a su mando, 300 elementos de la policía sectorial y la Secretaría de Seguridad Pública, así como un representante de la Secretaría de Desarrollo Social”.
El ataque se dio en un contexto de reivindicación de los pueblos indígenas de su derecho al territorio, ante “las violaciones sistemáticas” del Estado mediante políticas agrarias y ambientales que generan reubicaciones forzosas y amenazas de desalojo en la región selvática El Desempeño contra los poblados de Viejo Velasco, Flor de Cacao, Ojo de Agua Tzotzil y San Jacinto Lacanjá.
El 15 de noviembre de 2006, los sobrevivientes presentaron una denuncia ante la fiscalía del distrito Selva, en Palenque. Ocho meses después, “ante la ineficacia” de las autoridades, los familiares de las víctimas y una comisión civil encontraron restos de dos osamentas, “posiblemente” de los desaparecidos.
Se dio parte al MP de Palenque para el levantamiento de los restos y la práctica de peritajes para lograr su identificación. Pasaron ocho meses para que la Dirección de Servicio de Técnica Forense y Criminalística del MJE notificara que analizó “en cuatro diferentes ocasiones y con distintos protocolos de extracción de ADN el material proporcionado, consistente en osamentas y sangre periférica; sin embargo, no fue posible obtener material genético”.
Jorge Luis Zenteno Zenteno, fiscal del MP del distrito Selva encargado de las pesquisas, justificó el retraso diciendo que el MJE “no cuenta con la tecnología”, por lo que con apoyo de las autoridades de Veracruz y el Distrito Federal fueron realizados los estudios. Como la información no consta en las actuaciones ministeriales, aún se desconoce el paradero de Mariano Pérez Guzmán, Miguel Moreno Montejo, Pedro Núñez Pérez y Antonio Peñate López.
Para el CDHFBC, “existen elementos suficientes” para probar la responsabilidad del Estado mexicano “por violaciones al derecho a la vida, la libertad personal e integridad física y sicológica” de los afectados.