■ Agresiones a reporteros atentan contra la libre expresión y el acceso a la información, dicen
Organismos internacionales condenan el asesinato del periodista Armando Rodríguez
La Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenaron el asesinato de Armando Rodríguez Carreón, reportero de El Diario, de Ciudad Juárez, Chihuahua, y demandaron a las autoridades mexicanas investigar el crimen “de manera rápida y eficaz” y castigar a los responsables.
Los organismos recordaron que el Estado mexicano está obligado a prevenir, investigar y sancionar las violaciones a derechos humanos contra reporteros, debido a que atentan contra la libertad de expresión.
Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) inició de oficio un expediente de queja con motivo del homicidio del periodista.
Datos de ese organismo reportan que de 2005 a 2008 han sido asesinados en el país 25 reporteros “por cuestiones relacionadas al ejercicio de su profesión” y ocho han sido desaparecidos. A estos números se debe agregar los homicidios de Rodríguez Carreón, el jueves pasado, y el del locutor Alejandro Fonseca Estrada, asesinado el 24 de septiembre de este año en Villahermosa, Tabasco.
La OACNUDH subrayó que la mayoría de los crímenes contra periodistas continúan impunes. “La oficina externa su preocupación por la situación de libertad de expresión, de prensa y de información que vive el país, considerando que se han registrado también otras preocupantes restricciones a esa libertad fundamental como amenazas, atentados, pérdidas de sus espacios de transmisión o de empleo”.
Consideró que no esclarecer los asesinatos, desapariciones y agresiones contra reporteros y comunicadores “contribuyen a generar un clima que afecta el derecho a la libre expresión y el acceso a la información de la población. Asimismo promueve la censura y la autocensura”.
La relatoría de la CIDH hizo hincapié al Estado mexicano que conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, “los estados tienen el deber de prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos allí reconocidos”, entre ellos el número nueve de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de ese organismo, en el que se señala que el asesinato, secuestro, intimidación y amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, “viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión”.
Por ello demandó a las autoridades mexicanas, municipales, estatales y federales la investigación del crimen y el castigo a los responsables.