■ El gobierno local se compromete a atender sus demandas
Vuelven a sus localidades labriegos de Veracruz retenidos por policías
Jalapa, Ver., 13 de noviembre. Los 3 mil campesinos que estaban rodeados por policías de Veracruz en la autopista Cardel-Jalapa retornaron a sus localidades, luego que el gobierno local liberó la indemnización comprometida para los deudos de tres activistas indígenas asesinados en el sur del estado, y anunció la aplicación de 25 millones de pesos para adquirir 600 hectáreas para jornaleros totonacos y financiar proyectos agropecuarios en zonas de alta marginación.
Catarino Torres Pereda, presidente del Comité de Defensa Ciudadana (Codeci), informó que también se acordó con funcionarios estatales y de la Secretaría de la Reforma Agraria abrir una mesa de trabajo para la aplicación de las minutas que en 1973 acompañaron la expropiación de 32 mil hectáreas para construir las presas Cerro de Oro y Temazcal, en los límites con Oaxaca, y que obligó a la evacuación de 10 mil familias mazatecas.
Los dirigentes de la Codeci, encabezados por Torres Pereda informaron que a las 2 de la mañana retornaron a sus municipios de origen, principalmente del norte y sur de la entidad, los campesinos totonacos, huastecos y mazatecos que pretendían llegar a la Plaza Sebastián Lerdo de Tejada para instalar un plantón frente a las oficinas del gobernador Fidel Herrera Beltrán, quien este sábado rendirá su cuarto informe de gobierno.
El grupo de labriegos fue interceptado en las carreteras pero la mayoría logró llegar hasta las inmediaciones del Agrocentro Siglo XXI, ubicado sobre la autopista Cardel-Jalapa, donde unos 200 granaderos apoyados con perros de ataque detuvieron la caravana de autobuses.
Torres Pereda refirió que ayer por la noche, luego de sostener un encentro con funcionarios estatales, la Secretaría de Gobierno liberó 900 mil pesos a los familiares, entre ellos, siete niños huérfanos, de los líderes indígenas Gaspar Hernández Matías, Prisciliano Martínez Pérez y María Elena Gutiérrez Pérez, asesinados en 2003. El recurso servirá para dotar de viviendas a las viudas y pensión alimenticia y educativa a los huérfanos”, explicó.
La dependencia se comprometió a revisar y atender la recomendación 29/2004 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que pedía al gobierno estatal investigar a agentes del Ministerio Público y efectivos de la Policía Ministerial del Estado (PME) por la liberación de los homicidas de los activistas.
Torres Pereda explicó que la Secretaría de Finanzas y Planeación dispuso la liberación de 15 millones de pesos para comprar las 600 hectáreas, de un total de 10 mil, que figuran en el acuerdo suscrito el 19 de mayo en Papantla por el gobernador Fidel Herrera Beltrán, para las familias de jornaleros totonacas.