■ Fueron expulsadas por la organización Paz y Justicia

Incumple el gobierno de Chiapas promesas a familias desplazadas

Hermann Bellinghausen

Nueve familias choles, originarias de la comunidad Andrés Quintana Roo, en el municipio de Sabanilla, Chiapas, llevan más de tres años desplazadas en Tapijulapa, Tabasco, tras haber sido expulsadas con violencia por miembros de la organización Paz y Justicia. A pesar de que el gobierno chiapaneco prometió resolver su situación y hacerles justicia, siguen abandonados fuera del estado.

Son 63 personas, “entre chicos y grandes” que por conducto de su representante, Lorenzo López Gómez, manifiestan: “En este momento tenemos una vida tan insoportable con las familias buscando trabajo todos los días y mucho maltrato en los trabajos y mal pagados, nuestra mujeres lavando ropas ajenas y hasta los más pequeños de nuestros hijos se van de chamba”.

Las agresiones que sufrían en su comunidad llegaron al límite el 9 de junio de 2005. “Salimos de nuestra comunidad nativa, allí dejamos nuestras cosas, perdida nuestra pertenencia porque fuimos fuertementes amenazados de muerte, nos fueron a ‘balaciar’ y quemaron nuestras casas”.

El testimonio añade que “los paramilitares de Paz y Justicia” los atacaron “sólo por no querer entrar en su mala organización”. Paz y Justicia, que oficialmente ya no existe como tal sino bajo otras siglas, siempre priístas, protagonizó la violencia contrainsurgente que azotó la zona norte del estado entre 1995 y 1998. Causó decenas de muertes y desplazó a centenares de familias choles, que en su mayoría nunca pudieron retornar a sus comunidades. Muchas de ellas formaron entonces los municipios autónomos zapatistas.

El grupo paramilitar nunca fue desarmado, ni se castigaron sus tropelías. Desde esa impunidad, siempre cercanos a las tropas federales, han mantenido el control de diversas regiones en Sabanilla, Tila y otros municipios oficiales del norte. Como revela el caso de Quintana Roo, la violencia y los desalojos no han cesado.

Los desplazados refieren: “Fuimos a ‘la gobernación’ a exigir justicia, que sean castigados los culpables, así tambien asistencias materiales y ayuda comunitaria. Pero lo más primero pudimos en solicitar es la tierra para nuestra reubicación, por el motivo que no tenemos tierra para trabajar ni lugar dónde poner la casa. No podemos regresar a nuestra comunidad, no hay condición seguras por los ‘paz y justicias’ que habitan en ese pueblo”.

En su exilio de Tapijulapa pagan rentas de 500 o 600 pesos mensuales. “Por esa casualidad nosotros como hombres, mujeres y niños ya estamos enfermos y no hay atención médica. Nuestros hijos en la escuela tienen bajas calificaciones y algunos han perdido ya sus estudios por no aguantar lo que piden en la escuela, como uniformes, útiles y las cooperaciones en cada maestro”.

En tanto, “los paramilitares de Quintana Roo allí siguen con sus anomalías, amenazando. Mucho compañeros duermen en el monte. Pero no sólo a los retornados no los quieren ver, sino a todos los compañeros del Partido de la Revolución Democrática (PRD)”. Apenas en febrero de 2008, otro grupo de indígenas fue explulsados por Paz y Justicia y debió formar un nuevo asentamiento.

Ni el gobierno chiapaneco ni el PRD han respaldado a los indígenas. “Hicimos el esfuerzo de llegar en el gobierno con el fin de encontrar salida de tantos problemas. El gobierno no tomó mucho tiempo, aceptó solucionar los problemas y resolver nuestras peticiones y prometió cumplir en unos días. Nosotros, al saber el gobierno es tan amable de ayudarnos y de resolver los problemas originados por lo paramilitares, nos llenó de mucha alegría y una esperanza grande de nuestro tiempo presente y en nuestro futuro”.

Desengañados, dicen: “Hasta hoy lo estamos viendo, que todo lo que el gobierno prometió es pura mentira. Desde ese tiempo hasta hoy no ha hecho nada. Ni justicia para que sean castigados los culpables ni la tierra para nuestra reubicación. Las despensas empezaron a entregar poquitos, pero hoy ya nos olvidaron de las despensas”.