Rodolfo Chávez FOTO: Enrique Pérez S. / Anec

La Parota: Enfrentamiento de cinco años

• Negocios de extranjeros vs tierra y agua para campesinos

Lourdes Edith Rudiño

La construcción de la presa hidroeléctrica La Parota, en Guerrero, se sostiene como plan firme a pesar de casi cinco años de confrontación entre las comunidades y ejidos dueños de la tierra por un lado y la Comisión Federal de Electricidad (CEF) y los gobiernos federal y estatal por el otro.

Lo que está en juego es mucho; desde la autoridad se observa el negocio, pues el proyecto, de grandes magnitudes, con cortinas con una altura de 162 metros, está previsto para construirse en cinco años e implicaría una inversión de mil 200 millones de dólares; participarían bancos extranjeros como el alemán Deutche Bank y varios españoles, así como grandes constructoras y proveedores de maquinaria y equipo trasnacionales.

Desde los campesinos –cuatro comunidades, con Cacahuatepec como principal, 19 ejidos y una propiedad privada, la mayoría en el municipio de Acapulco—, la inundación prevista de 14 mil 213 hectáreas implicaría el desplazamiento de 25 mil personas, y también la desertificación y anulación de capacidad agrícola de poblados en las faldas del lugar que ocuparía la presa, lo cual dañaría a 75 mil personas.

Rodolfo Chávez Galindo, miembro del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (Cecop), señaló en entrevista que, a diferencia de otros proyectos de presas, aquí hay una situación ejemplar por la organización y espíritu de lucha de los campesinos para impedir que los despojen de sus tierras.

Pero estos cinco años han sido de mucho desgaste económico y sicológico y de desgarre del tejido social de los pueblos, la CFE ha “maiceado” a los comisariados de los núcleos agrarios y ha provocado conflictos internos, incluso intrafamiliares, pues algunos por momentos están de acuerdo en que se haga la presa, pretenden recibir dinero por sus tierras y se pelean con la mayoría opositora.

¿Cómo empezó todo? En enero-julio de 2003, sin avisar, sin pedir permiso de los campesinos, sin que hubiera un decreto de expropiación –como no lo hay ahora mismo–, la CFE hizo trabajos propios para la presa (tiró miles de árboles, excavó para desviar el río, instaló un campamento para guardar dinamita y llevó decenas de computadoras). Cuando al fin los campesinos fueron informados por la CFE que allí instalaría una presa y que “ustedes no pueden hacer nada pues esto es un asunto federal”, replicaron: “será todo eso, pero esta tierra es mía (...) y allí el 28 de julio empezó nuestro movimiento” social.

Para cumplir en fachada un requisito de la Ley Agraria, entre 2004 y 2005, relató Chávez, la CFE promovió asambleas ejidales y comunales amañadas para conseguir el aval campesino a la presa. Hubo ocasiones en que personas muertas o emigradas pasaron lista; otras en que se impidió el acceso a los opositores declarados al proyecto, y una más donde mujeres y niños fueron encañonados por cientos de policías que “resguardaban” una asamblea de Cacahuatepec. Además estas asambleas se hicieron con violaciones claras a la ley: fuera de los núcleos agrarios, incluso de sus municipios, y en lugares muy lejanos; sin quórum, y sin pase de lista. Y hubo allí casos de enfrentamiento con extrema tensión donde “hemos visto riesgos de Atencazos o Oaxacazos”.

Asambleas nulas y postura internacional. El tribunal agrario 41 de Acapulco recibió las denuncias campesinas y eran tan evidentes las violaciones, que decidió echar abajo todas esas asambleas, todas y cada una.

A ello se suma que la CFE está demandada penalmente y por daños ambientales, y una reacción internacional impresionante: el Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA) tomó nota del caso en 2006 y determinó que la presa no beneficiaría en nada a las comunidades y que las autoridades están violando sus propias leyes (las agrarias) por lo cual debe “cancelarse” el proyecto; el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), deliberó sobre el caso en Ginebra y concluyó que el gobierno mexicano debe respetar los derechos de los indígenas y campesinos sobre sus tierras. Los relatores de Vivienda, Asuntos Indígenas y de Agricultura de la ONU emitieron un pronunciamiento en sentido similar, la directora de Amnistía Internacional y la Alta Comisionada de Derechos Humanos han dado también la razón a los opositores de La Parota.

Decisiones claras. Rodolfo Chávez comenta que la férrea decisión campesina de defender sus tierras se hizo muy explícita en una asamblea de Cacahuatán el 12 de agosto de 2007 –que resultó legal para todos, pues fue convocada tanto por el comisariado legítimo como por otro espurio que apoya la presa–; allí representantes de la CFE hablaron del proyecto y también lo hicieron expertos en temas de agua, presas, energía y comunidad, convocados por el CECOP. “Como se determinó que la asamblea sería por usos y costumbres, se dijo que allí Cacahuatán debería tomar decisiones, y la gran sorpresa fue que todos, unos 3 mil 500 opositores y 800 que antes habían sido afines a la presa, votaron en contra del proyecto (...) Esto es lo que estamos diciendo desde entonces en todos los foros y nuestra gran demanda es que se cancele el proyecto”.

A pesar de todo lo transcurrido, y de que los campesinos tienen cuatro amparos para frenar el acceso de la CFE a la zona, técnicos de esta paraestatal y de otras instancias gubernamentales siguen haciéndose presentes –empezaron a construir carreteras, los frenamos, y ahorita pretenden hacer una del poblado de San Isidro Gallinero a Concepción, para allí pasar a Las Parotas, donde quieren construir la cortina.

FOTO: Comisión Federal de Electricidad

“Y a cada rato buscan entrar en los ejidos de Los Arroyos y los Huajes, y dicen que la presa va. Que ni siquiera tendría que haber más asambleas, porque el gobierno tiene derecho a expropiar. Eso crea mucha tensión en la gente.”

La obcecación por la presa no tiene una justificación social, comentó Chávez. Oficialmente se dijo primero que la obra supliría necesidades de energía de Acapulco, “cuando ésta es la ciudad más iluminada del país”, luego se afirmó que sería para Guerrero, después que para el sur de la República y luego que sería para el centro. “O sea, nunca han dicho la verdad. En la asamblea del 12 de agosto, la gente que sabe de energía nos informó que en México hay un excedente de 48 por ciento de capacidad instalada de generación eléctrica –que sirve de apoyo ante contingencias, y ello supera el 27 por ciento de la media global–. La intención real, la hemos escuchado en Guatemala. Lo que fue el Plan Puebla Panamá y que ahora se llama Proyecto Mesoamericano, tiene programadas más de 300 presas de aquí a Panamá y se busca generar un gigantesco mercado de energía eléctrica, no para la región, sino para Estados Unidos, en particular para Texas y California. O sea grandes planes que se llevan entre las patas a quien se les pone en frente. ¿Dónde están los derechos humanos?”

Contaminación Petrolera de Aguas y Tierras

• Luchando para que PEMEX asuma responsabilidades

Carlos Beas Torres

Desde hace más de cien años se vive una guerra callada y sorda que enfrenta a comunidades indígenas, poblados de pescadores y núcleos campesinos contra la contaminante industria petrolera. El escenario comprende principalmente del sur de Tamaulipas hasta las costas de Campeche, es decir una amplia porción del Golfo de México, aunque también se extiende a la región del Istmo de Tehuantepec en la vertiente del Pacífico y en menor medida a zonas de Nuevo León, Colima y Guanajuato donde existen instalaciones petroleras.

Despojos de tierras, asesinatos y agresiones, contaminación de aguas y suelos, lluvia ácida, siniestros con su secuela de muerte y destrucción, arrasamiento de economías y culturas locales, son los principales impactos de la más importante industria del país sobre la vida de comunidades y ejidos. A principios del siglo pasado, en plena época porfirista, poblados enteros en el norte de Veracruz fueron arrasados para que compañías como la Huasteca Petroleum construyeran sus campos petroleros; en la zona de Acayucan las comunidades indígenas nahuas y popolucas fueron despojadas de sus tierras y brutalmente reprimidas, para ahí establecer el imperio del inglés Pearson. Ya desde aquella época ocurrieron los primeros gigantescos siniestros como el que provocó gravísimos daños ambientales a la Laguna de Tamiahua.

Si bien en 1938 la industria petrolera fue nacionalizada, su trato no cambió sustancialmente hacia la sociedad rural. En nombre del desarrollo nacional el campo mexicano sufrió todo tipo de agravios y afectaciones. Durante muchos años la principal empresa del país, Petróleos Mexicanos, careció de las más elementales políticas de responsabilidad social y ambiental y su trato hacia las comunidades y ejidos se caracterizó por desprecio y prepotencia, ejemplo de ello son los campesinos mixes de Boca del Monte, Oaxaca, que aún recuerdan que hace 50 años las cuadrillas de trabajadores se introdujeron de manera violenta y burlona a sus tierras, y tumbaron casas y árboles para construir un sistema de ductos.

A mediados del siglo pasado, cuando se expandió la industria petrolera hacia el sureste del país y se construyeron los gigantescos complejos petroquímicos, estos agravios y afectaciones se multiplicaron. En Tabasco se denunciaron numerosos despojos de tierra, y la creciente contaminación de suelos, lagunas, ríos y arroyos, afectó al rico sector agropecuario, que se basaba en el cultivo de plátano y cacao. El medio rural en poco tiempo fue casi totalmente devastado. Fue precisamente en ese estado donde se generó el primer gran movimiento de campesinos y pescadores en contra de los impactos negativos de PEMEX; a mediados de los 70s surgió ahí con fuerza el Pacto Ribereño, integrado por agricultores, pequeños ganaderos, pescadores y campesinos chontales, quienes se movilizaron principalmente para demandar el pago por daños provocados por la paraestatal.

En Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Campeche y en el norte de Chiapas han tenido lugar importantes movilizaciones con la demanda de pago por daños a cultivos y cuerpos de agua, es decir las afectaciones ambientales propias de la industria petrolera. Tan sólo en Tabasco se contaban en 2003 más de 66 mil campesinos con reclamos no atendidos. Ante la falta de una adecuada respuesta gubernamental, se observa un movimiento radicalizado donde los campesinos tabasqueños han llegado en ocasiones a cerrar el acceso a pozos e instalaciones de PEMEX, y han debido soportar la represión gubernamental.

La respuesta de la sociedad rural a los impactos de la industria petrolera ha sido diversa y ello ha dependido de la historia misma de cada región, sin embargo la demanda que ha predominando ha sido el pago por afectaciones y daños ocasionados por siniestros o por la contaminación que acompaña la operación de la industria petrolera.

En Tabasco la inconformidad se expresa con tomas de pozos y cierre de caminos, pero también se ha recurrido con cierto éxito a la vía legal. A raíz de una grave explosión que mató a varios, la Comisión de Derechos Humanos de Tabasco promovió acciones legales que incluyeron por vez primera una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la cual derivó en una recomendación que sólo fue acatada parcialmente por PEMEX.

En el sur de Veracruz, principalmente en la cuenca del Río Coatzacoalcos, han sido constantes y muy graves las afectaciones de PEMEX, pero los reclamos de pescadores y campesinos han sido débiles y aislados y se han limitado al pago de daños económicos, aunque recientemente grupos ambientalistas como Greenpeace han hecho acciones importantes para la remediación de las afectaciones al entorno. En Campeche los daños ocasionados por PEMEX han dado lugar a numerosas reclamaciones, pero también a una importante y novedosa iniciativa, ya que pescadores y campesinos de la Península de Atasta construyeron con presión social un modelo de coinversión, y obligaron a PEMEX a aportar recursos con el fin de mitigar y remediar los daños ambientales, y también para financiar infraestructura comunitaria y proyectos agropecuarios y pesqueros. Este modelo funcionó varios años, pero el divisionismo que trajo la intervención de los partidos políticos terminó destruyéndolo.

Una experiencia istmeña. El impacto de la industria petrolera en la sociedad rural del Istmo de Tehuantepec en Oaxaca es evidente. Primero con el tendido de ductos, después con la construcción de la refinería en Salina Cruz y posteriormente con la creación del puerto de Salinas del Marqués.

En 1988, 1999, 2001 y 2007 ocurrieron graves siniestros en la parte central del Istmo, que ocasionaron la muerte de varias personas y la contaminación de ríos, lagunas, arroyos y zonas de cultivo. A partir de 1999 la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI) impulsó un movimiento comunitario para exigir a PEMEX el pago y la remediación del daño ocasionado por los siniestros; ante la cerrazón inicial de la empresa, los ejidos de la zona se movilizaron cerrando el acceso a ductos y plantas de bombeo, se decomisó maquinaria pesada y vehículos y se demandó penalmente a los funcionarios responsables de los daños.

Seguramente PEMEX sufrirá cambios profundos en los próximos años; uno fundamental deberá ser modificar su trato hacia la sociedad rural: deberá asumir con seriedad su responsabilidad ambiental y social. De otra forma esta guerra silenciosa y sorda se prolongará, ya que la gente ha demostrado no estar dispuesta a seguir soportando las afectaciones, los daños y la prepotencia de una industria que dice ser de todos los mexicanos.

UCIZONI-MAIZ

Conflictos Territoriales entre el Turismo Náutico y la Pesca Ribereña Karla Cruz-González Zamora y M. Gabriel Hernández García FOTO: Hernán García Crespo Las comunidades y campos pesqueros de la costa de Sonora, entre Guaymas y Hermosillo, son amenazados por el modelo de desarrollo turístico que desde hace 20 años se ha impuesto de manera avasalladora en el Golfo de California. La belleza paisajística de la mezcla mar y desierto es objeto de deseo de inversionistas y especuladores que fraccionan y promueven la construcción de desarrollos inmobiliarios y hoteleros. En los años recientes se ha hecho común en esta región la presencia de familias estadounidenses, principalmente de Arizona, que desarrollan actividades de turismo náutico y pesca deportiva en diversos parajes marinos de la costa colindante con la Sierra del Aguaje, como las bahías de San Carlos, Guaymas, Bacochibampo y alrededor de varias islas. Una consecuencia de la especulación inmobiliaria fue la privatización ilegal e ilegítima de espacios de playa pertenecientes a la zona federal marítima terrestre, lo cual genera conflictos territoriales y de aprovechamiento de los recursos naturales entre las comunidades pesqueras de La Manga, El Esterito, El Tomate y Piedras Negras y otras que se fundaron a lo largo del siglo XX, y los propietarios y prestadores de servicios turísticos. Gran parte de los problemas ocurren por las prohibiciones que imponen los dueños de las marinas náuticas y terrestres, hoteles y restaurantes para el acceso hacia algunas playas, esteros y bahías como la de San Carlos. Estos espejos de agua, además de ser utilizados para la pesca de algunas especies de escama y crustáceos, eran usados para actividades post-pesca como el desviscerado, e incluso para las transacciones comerciales con los intermediarios. Tanto las bahías como los esteros son espacios históricamente privilegiados para los pescadores por su gran biodiversidad, por su importancia en la reproducción de especies, por ser zonas de refugio frente a fenómenos climatológicos adversos y por ser fuente importante de abastecimiento para el autoconsumo de las comunidades cercanas. Estos cuerpos de agua están altamente deteriorados y contaminados debido a las actividades turísticas. Algunos miembros de cooperativas y pescadores libres han denunciado cómo se han destruido algunos esteros para dar paso a la construcción de la marina de San Carlos. Señala un pescador apodado El Caimán, quien habitara un campo pesquero llamado El Tomate, desalojado recientemente por los dueños estadounidenses de la marina de San Carlos: “[…] la problemática con los dueños de la marina, que administra una gringa, empezó por los años 90s. Ella no nos deja ‘atarrayar’ y nosotros decimos, qué derechos tiene ella, quién le dio la concesión de la bahía; si hasta cobra por estacionar los yates y se supone que el mar es libre, es de quien lo trabaja. El pescador trabaja el mar desde tiempos antiguos, no es de los gringos”. Muchos pescadores y sus familias experimentan la incertidumbre de no saber si al día siguiente existirán aún sus comunidades, pues es claro que la consolidación de mega proyectos de desarrollo turístico, como la Escalera Náutica, amenazan con transformar a la pesca ribereña en una actividad marginal.

ILUSTRACIÓN: Casifop El irracional metabolismo del agua en la corona de ciudades Observaciones: Los colores en el mapa muestran, al modo del metabolismo de la circulación sanguínea, las entradas de agua limpia (abasto) en rojo y las salidas de agua sucia (desagües) en azul. Asimismo, se muestran las zonas de reserva de agua para la corona en verde y las zonas críticas de descargas tóxicas de agua en amarillo. Fuente: Casifop

Injusta y Destructiva la Relación de las Ciudades con el Campo

• Agua y basura, elementos críticos en el metabolismo de los recursos
• Advierte Andrés Barreda de la privatización silenciosa del agua

Lourdes Edith Rudiño

Dentro de una dinámica global, que se ha acelerado con el neoliberalismo afecto a la urbanización salvaje, las ciudades de México han establecido una relación metabólica con el campo cada vez más injusta y destructiva, en que se toman recursos rurales –alimentos, tierras, aguas, aires de los bosques, minerales y energías–, se procesan industrialmente, se usan y se devuelven transformados en inútiles o contaminados. Y los principales problemas se observan en dos factores interrelacionados: desechos sólidos (basuras industriales, municipales y hospitalarias) y el agua, que es “robada” por las ciudades de radios cada vez mayores. El daño ambiental que de esto resulta es de los más graves del mundo, muy similar al que ocurre en China.

Andrés Barreda, director del Centro de Análisis, Información y Formación Popular (Casifop), destaca esta situación con el ejemplo de la ciudad de México –que se replica en el resto de grandes urbes del país– y hace un recuento desde el gobierno de Álvaro Obregón, cuando la capital comenzó a traer agua de la entonces zona indígena de Xochimilco para atender necesidades de la colonia Condesa, y luego, con Miguel Alemán, “empezó en el Valle de Toluca a robar agua otomí y hñahñú” por la vía del proyecto Lerma I, para seguir con el Lerma II, y después, en los 80s, comenzó con el Sistema Cutzamala a afectar el poniente de ese valle hacia la frontera con Michoacán y Guerrero y dañar a los mazahuas, al mismo tiempo que empezó a sacar agua de Tlaxcala e intentó infructuosamente tomarla también de Morelos –no pudo porque está a mil 200 metros sobre el nivel del mar y tendría que bombearla a costos altos.

Ello ha “generado mucha mortificación en el campo”. La ciudad de México y la corona de ciudades que la rodean (Toluca, Atlacomulco, Tulancingo, Tula, Apizaco, Tlaxcala, Puebla, Atlixco, Cuautla, Cuernavaca), con alrededor de 32 millones de habitantes en total, provocan cada vez mayor escasez y contaminación, con acuíferos declinantes y ríos que se secan. La población rural sufre y se enferma.

Dentro de los cuatro sistemas hídricos que metabolizan las aguas de la gran ciudad está el par de Lermas, que salen del este de Toluca hacia Querétaro y luego a occidente al Lago Chapala para conectar con el Río Santiago y desembocar en Nayarit. “Este río, el Lerma-Santiago, es de los más contaminados del planeta (...) es sabido que en Salamanca, Guanajuato, se incendia por la cantidad de químicos que transporta, y en El Salto, Jalisco, saca todos los desechos del complejo maquilador de Guadalajara con una brutal cantidad de toxinas de industrias químicas y electro informáticas (...) Los niveles de cáncer en El Salto son nueve veces superiores al resto del país y los de espina bífida y deformación al nacer están ocho o nueve veces arriba del promedio nacional”.

El segundo de esos sistemas hídricos es el que involucra al Río Atoyac, que topa con los escurrimientos del cerro de la Malintzin y llega a la presa de Valsequillo, para luego derivar hacia el Río Balsas, por el sur de Puebla. “Allí se juntan las aguas quimicalizadas de la industria de la mezclilla –incluida la empresa de Kamil Nacif— junto con las aguas negras de San Martín Texmelucan, lo cual produce sustancias cancerígenas. Además de que el agua de la zona es robada por 13 parques industriales. Tan sólo en uno la planta de la alemana Volkswagen tiene adentro 20 pozos de agua gigantescos, pues la construcción de cada auto consume 450 mil litros de agua, y en 40 años que lleva asentada allí la empresa ha producido siete millones de autos.

Complicidad de los gobernantes. El despojo y contaminación de agua, dice Barreda, afectan incluso la dieta campesina. Antes en esta región de Puebla las niñas salían con sus redes a pescar ranas, ajolotes y camarones a los ríos de la montaña. Hoy el agua está a cien o 250 metros de profundidad porque se ha sobre explotado. Y las autoridades se muestran apáticas e insultantes. “En la presa de Valsequillo nació el año pasado un niño con 25 dedos por mutación genética; el Gober Precioso, Mario Marín, dijo que era porque el pueblo se dedica al incesto”.

En el tercer sistema hídrico de la ciudad de México –el del Río Apatlaco, que pasa por la mitad de Cuernavaca, se junta con el Río Tembembe y luego con los escurrimientos de Tepoztlán y de Yautepec para unirse después con el Río Cuautla y terminar en el Amatzinac, que desemboca hacia el Río Balsas— se observa “la complejidad del metabolismo”. En el municipio de Tetlama hay un tiradero a cielo abierto desde hace 30 años que sirve a Cuernavaca; éste afecta las aguas que escurren del Río Apatlaco hacia el poblado de Alpuyeca, y aquí además se detectó un entierro ilegal de capacitores con ascareles. Entonces el pueblo, con 12 mil habitantes, tiene más de cien casos de adultos con cáncer y están presentes las deformaciones genéticas.

Por último, está el sistema que recibe todas las aguas negras que salen por el norte de la ciudad de México y que pasa por el Valle del Mezquital y terminan en el norte de Veracruz, en el Río Pánuco. Este río “lleva todo el excremento de 22 millones de personas”.

Cero registro del daño. No obstante la gravedad del asunto, “nadie está midiendo el metabolismo completo que la ciudad de México realiza”, y el problema se complica por los programas de construcción al vapor de “casitas Auschwits”, que suman 20 o 35 metros cuadrados y que en Tijuana incluso han llegado a diseñarse con 16 metros cuadrados. Tan sólo en el norte de la ciudad se construyeron 400 mil en seis años. “Todos los lugares donde se construyen las unidades habitacionales, en Tecámac, Coacalco, Chinalhuacán, Zumpango, Teotihuacan, los acuíferos están bajando escandalosamente de nivel, y se arrojan las aguas negras directamente sobre la cuenca de los ríos. Esto se observa perfectamente en la unidad que va creciendo por miles al sur de Cuernavaca, llamada Arroyos de Xochitepec; las aguas negras van a la cuenca del Apatlaco afectando al pueblo de Alpuyeca”.

Vicente Fox promovió la construcción de 1.5 millones de estas minicasas y Felipe Calderón se propuso otros 6 millones para replicar la política de sobreproducción de vivienda de España, incluso con las mismas constructoras de ese país y de Estados Unidos.

Estas unidades generan un daño adicional: impiden que el agua de lluvia se filtre al subsuelo, debido a la pavimentación, “y donde esto se ve muy fuerte y lamentable es en la última zona disponible de recarga de acuíferos de la ciudad de México, en el pie de la Sierra Nevada, en la carretera, Chalco, Nepantla, Cuautla, y en un proyecto absurdo de carretera Lerma-Tres Marías, que es promovido por Carlos Hank Rohn, que traza una zeta y que busca establecer unidades habitacionales en zona de bosque”.

Destrucción ecológica monstruosa. Andrés Barreda subraya que ya de por sí el calentamiento global está volviendo difícil la vida campesina –pues provoca tormentas, inundaciones, cambio de ciclo de lluvias y reducción de precipitación—. El metabolismo mencionado viene a ser un nuevo jinete del Apocalipsis y ha sido documentado y denunciado en 14 casos ante el Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA).

“El TLA se impresionó. Nunca se imaginó que encontraría lo que ha visto en México, una destrucción ambiental de las más grandes del mundo, que no está siendo consignada y de cuya magnitud no se tiene conciencia, aunque las luchas de los pueblos estallan cada vez más”.

Para Barreda, los tratados de libre comercio –que ven como ventaja las mínimas regulaciones y que dan manga ancha a empresas nacionales e internacionales—aunados a la corrupción ambiental “han creado condiciones geopolíticas únicas de destrucción ambiental en México, y creo que ya el país está compitiendo con China en eso”.

Ante la situación, la Secretaría de Medio Ambiente se lava las manos en todos los asuntos, dice que no son federales sino estatales o locales y hay una complicidad brutal de la dependencia con la Comisión Nacional del Agua, con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, el Instituto Nacional de Ecología, las comisiones estatales de agua y los organismos operadores. “Todos consideran que lo que vivimos es el precio de la modernidad e ignoran el descontento fenomenal y las luchas de los pueblos por pozos de agua, en contra de basureros o de instalación de nuevos supermercados –que magnifican la basura– etcétera, luchas que por desgracia están hasta ahora dispersas, pero que en una suma inicial, no profunda, que hicimos (el Casifop) en la ciudad de México y su corona de ciudades alcanzan por lo menos el número de 80”.

Privatización silenciosa. Andrés Barreda alerta que la alternativa que da el Estado frente a la contaminación del agua es la de rescatar las cuencas de los ríos Apatlaco, Atoyac y Lerma, por medio de la construcción de plantas de tratamiento, que son extremadamente caras, de unos 15 millones de pesos cada una, “y están hablando de construir tan sólo en Puebla y Tlaxcala más de 170. Con ello lo que se busca es privatizar los organismos operadores de agua, por medio de la entrada de capital de trasnacionales (Veolia, Vivendi, Enron Suez) a estos planes de plantas tratadoras. Es la misma estrategia de la Comisión Federal de Electricidad: no se privatiza la infraestructura de todo el organismo, sino de las partes nuevas, no las viejas presas hidroeléctricas, sino sólo las nuevas plantas de cogeneración. Así está privatizada 47 por ciento de la generación de electricidad”.

FOTO: Lourdes E. Rudiño Tierra Segura Y que no les roben su Agua: Demanda Mazahua Temen por el autoabasto alimentario, pero más por la inseguridad agraria Emprenden proyectos de hortalizas, reforestación y cosecha de agua en Villa Victoria Lourdes Edith Rudiño “Nunca antes habíamos tenido un año como éste”, dice Alberto Mondragón, un mazahua del municipio de Villa Victoria, al momento que cosecha maíz y observa que las mazorcas son pequeñas y precarias. Ocurre que el fertilizante se ha ido al cielo –la urea pasó de 180 pesos el bulto el año pasado a 520 hoy– y los campesinos de la zona no pudieron comprarlo: sembraron confiando en Dios. Lo que viene ahora es que el maíz, que además está amargo, se va a destinar a los pocos borregos y burros que tienen, y las familias campesinas deberán comprar su grano para las tortillas, aunque ahora está a siete pesos el cuartillo (kilo y medio), mientras que hace un año se conseguía a tres pesos, dice Juliana Andrés Santiago, mujer que ronda los 40 años y mantiene seis hijos. Con todo, el principal problema de estos campesinos de Villa Victoria –en general de 15 ejidos, con mil 500 ejidatarios y más de dos mil posesionarios, esto es unas 10 mil personas por lo menos— no es el encarecimiento de los insumos para su autoabasto alimentario. Lo que los tiene en vilo y en un constante ir y venir a la ciudad de México, para gestiones, movilizaciones, plantones y demás, es la inseguridad en la tenencia de sus tierras y el deterioro ambiental que sufren por albergar la presa Villa Victoria, una de las ocho que en el estado de México, Guerrero y Michoacán conforman el Sistema Cutzamala que abastece de agua a la ciudad de México. Eustacio Silverio Mondragón, representante común de los 15 ejidos, explica que éstos (igual que otros 12 núcleos agrarios más del municipio) fueron dotados de tierras entre 1933 y 1937. En 1947 el gobierno federal les expropió 6 mil 40 hectáreas precisamente para instalar la presa –que en principio, entre 1950 y 1980, operó como hidroeléctrica— pero nunca pagó indemnizaciones, y además inundó sólo alrededor de 50 por ciento de la superficie. El resto continuó y continúa en manos campesinas, pero hay mucha incertidumbre. “Moralmente son nuestras tierras, pero formalmente no”, dice José Francisco Crisanto, comisariado del ejido San Diego del Cerrito. “Estamos preocupados, nos espanta lo que cuesta el abono, pero más nos espanta que la tierra no es de nosotros”. Tierra, monte y agua. La región mazahua, ubicada en el noroeste del estado de México y en parte del oriente michoacano, implica 11 municipios, uno de ellos es Villa Victoria. Los mazahuas han ocupado tinta de muchas publicaciones porque desde 2003 han denunciado el despojo que sufren del agua –pues la presa Villa Victoria aporta cuatro de los 19.5 litros por segundo de agua que conduce el Cutzamala– y reclaman por el secado de sus manantiales y la contaminación de sus ríos. “Antes nos bañábamos en el río Malacatepec, pero ya esto se acabó, porque de la comunidad donde vivo, San Isidro, hacia abajo, ya el agua va contaminada; el Cutzamala echa sus lodos con químicos. Si entramos al río se nos despelleja la piel, nos sale salpullido”, comenta Victoria Martínez Arriaga, denominada Comandanta Victoria, por su liderazgo en el movimiento zapatista mazahua, “en el cual luchamos por tierra, monte y agua, o sea los mismos ideales de Emiliano Zapata”. FOTO: Lourdes E. Rudiño Los campesinos de Villa Victoria están hoy enfocados a que se les dé certidumbre en la tenencia de la tierra. Quieren que se les indemnice la parte inundada de lo que se les expropió y que en el resto se les certifique la propiedad. Eustacio Silverio dice que la Comisión Nacional del Agua ha realizado trabajos técnicos para definir con claridad el perímetro de la presa, aunque le hacen falta aún detalles, y hay voluntad de la Comisión Federal de Electricidad para considerar esos trabajos y desincorporar, a favor de los campesinos, las tierras que no utiliza la presa. Pero en medio de todos esos trámites, que son tardados y burocráticos, el pueblo espera respuestas prontas. Ya han esperado mucho, años, décadas. Relata José Martinez, del ejido de Sultepec, “cuando vamos y venimos de México, la gente no nos cree, pues no hay resultados, nos topamos con bolitas de 20 o 30 frente a la tienda y están muy molestos. Sospechan que algo está mal. Estamos peleando con nuestra propia gente”. Por eso la CNA y la CFE deberían ser más expeditas. “Aunque las heredamos de nuestros abuelos, no tenemos tierras para nuestros hijos, y ellos entonces se van a Estados Unidos para saciar su hambre, y encuentran riesgos en los cerros, en el desierto”, completa su queja para explicar la desesperación del pueblo, y tercian María Antonia Francisco López y Guadalupe Francisco López, de 60 y 80 y tantos años de edad, respectivamente, que sin falta acuden a las citas en la capital para ser testigos de los trámites que hacen los comisariados, y que también se lamentan. María Antonia dice que su hijo no encontró trabajo en el DF y ya se fue a Estados Unidos. Proyectos y no violencia. Los campesinos, se observa, quieren tener un papel participativo. Y se mueven en la filosofía de “la no violencia”: desde 2004 están reforestando, con plántulas que ellos mismos producen, y la gente del pueblo recibe capacitación. Saben ya cómo colocar las plántulas en las charolas y están conscientes de que plantar y cuidar el crecimiento de un árbol para que sea frondoso –lo cual toma ocho años– permite la captación de 30 mil litros cúbicos de agua al año, además de los beneficios de sombra, oxígeno y leña para uso doméstico”, dice Victoria y comenta que con esto, y con plántula propicia para la región –y con garantía de que el árbol crecerá– logran superar las metas gubernamentales, que son de reforestación anual de cinco o 10 hectáreas en cada ayuntamiento, cuando deberían ser 30, 60 o hasta 80 hectáreas. “En 2007 logramos reforestar 335 hectáreas en Villa Victoria, aunque la meta del gobierno eran 50 y para el año que viene estamos buscando llegar a 500-700 hectáreas”, dice la Comandanta. Asimismo, los campesinos están recibiendo conocimiento técnico que les allega Santiago Pérez Alvarado –luchador social y abogado de los 15 ejidos—sobre producción de hortalizas, tomate, acelgas, espinacas, en condiciones de invernadero, con infraestructuras sencillas de plástico, que les hacen ver que pueden producir más que sus tradicionales maíz y avena con el plus de uso cero de agroquímicos y de poder diversificar y enriquecer su dieta. Adicionalmente están reaprendiendo a construir casas de adobe, “como las que hacían nuestros abuelos”, pues pretenden reconstruir sus viviendas a bajos costos pero “con dignidad” –esto es con espacios separados para recámaras, sala, comedor, “tal como es en la ciudad”–, y están también empezando un proyecto de construcción de cisternas familiares para la cosecha de agua. Todo ello visibiliza que los campesinos tienen la razón de su parte. Que su lucha es justa. Los ejidos de Sultepec, Cedros, San Diego del Cerrito y San Pedro están emprendiendo estos proyectos, y Santiago Pérez prevé allí realizar trámites para agilizar las indemizaciones de las tierras inundadas –sobre todo porque Sultepec tiene un fallo favorable del Tribunal Agrario desde hace ocho años para que se les pague tales tierras–. La intención es que los demás núcleos agrarios se den cuenta de que sí es viable producir allí, rehabilitar bosques y generar riqueza, y sigan el ejemplo de los cuatro mencionados, y que no vayan a terminar malbaratando sus tierras ante cualquier postor. El agua, lucha permanente. La Comandanta Victoria concede la importancia de la certidumbre en la a tenencia agraria, pero reitera la demanda eterna de los indígenas mazahuas: “Cuando construyeron la presa se dijo que tendrían empleo y luz todas las comunidades; ya pasamos al siglo XXI y no se cumplió. Se construyó el Cutzamala y se prometió agua y empleo a todas las comunidades y no fue así. Del agua que conduce el sistema 45 por ciento llega al DF y el resto se desperdicia en fugas en las tuberías que conducen desde la planta tratadora Los Berros (situada en Villa Victoria) hasta el DF. Mientras, el 60 por ciento de las comunidades de esta región no cuenta con agua; hay algunas que están a medio kilómetro de la presa y no tienen agua. ¿Cómo es posible que el gobierno la lleve al DF donde hay riqueza y le resulte difícil trasladarla a 500 metros de distancia? “Hemos hecho recorridos alrededor de las ocho presas del Cutzamala y hemos visto las comunidades en extrema pobreza, que están tomando agua del río, ya no de manantiales porque están secos, y esos ríos están contaminados. Queremos conciencia de la gente, que en el DF también comiencen a hacer cosecha de agua de lluvia, que no nos despojen del recurso, y que aquí nos apoyen, no con dinero, sino con proyectos, para la instalación de letrinas secas –para evitar que las heces fecales vayan a dar a las presas y ríos–, para construir más cisternas de captura de agua (...), para fomentar la producción agrícola. Y que haya ahorro de agua en las ciudades, aunque sabemos que a los ricos eso no les interesa (...)”

ILUSTRACIÓN: Leopoldo Méndez

¿Para quiénes es el Agua en Guatemala?

Katja Winkler

En el contexto de limitación generalizada de los recursos hídricos disponibles, Guatemala muestra un escenario precario, más por su manejo y distribución que por escasez. La contaminación de prácticamente todos sus mantos acuíferos superficiales y la ausencia de institucionalidad y regulación de su uso, enmarcan las perspectivas actuales de la oferta y la demanda en función del interés de monopolios domésticos y trasnacionales –mineros, agrícolas orientados a la exportación, embotelladoras– y de la generación creciente de energía eléctrica.

Según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología, la disponibilidad de agua brindada por las tres vertientes mayores del Pacífico, del Atlántico y del Golfo, que abarcan 38 ríos, es de 93 mil 388.49 millones de metros cúbicos, o sea muy encima de la demanda nacional. Sin embargo, cerca de 50 por ciento del país presenta problemas de abastecimiento, sobre todo en los meses de secas; la escasez se concentra en las áreas rurales de población indígena y campesina, así como en las colonias marginales de las ciudades.

El segundo consumidor de agua es la agricultura, con mil 886 millones de metros cúbicos por año, para riego principalmente de las ramas cañera y bananera de la Costa Sur y del oriente del país. El humano y el industrial son los de menor consumo.

Represión por presas. El principal uso ocurre en las hidroeléctricas, que requieren cuatro mil 511 millones de metros cúbicos anuales. A pesar de las afirmaciones de que la reintegración del agua al ciclo hidrológico no significa un factor de contaminación, los efectos socio ambientales, sobre todo de las generadoras hidroeléctricas de mayor tamaño, son desastrosos.

Un ejemplo lo brinda el despojo de la población por el proyecto hidroeléctrico del río Chixoy, financiado por el Banco Mundial; por más de 20 años las comunidades afectadas por la represa han exigido indemnizaciones por los daños causados por la obra durante la dictadura militar. Más de seis mil familias sufrieron la pérdida de sus tierras y modos de sustento, y al oponerse a la reubicación enfrentaron masacres, torturas y secuestros.

El reciente plan hidroeléctrico de la represa Xalalá, en el norteño departamento de El Quiché, apunta a la exportación estratégica de mil 550 megavatios de electricidad a vecinos de Centroamérica. El interés de Unión Fenosa y otras empresas extranjeras, de administrar esta central, pasa por encima de decenas de comunidades que abogan sin éxito por una consulta popular en el marco del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Refresqueras expoliadoras. Por el otro lado, el sector industrial que consume agua se compone de compañías embotelladoras y de alimentos, textiles y agroindustriales, así como de “empresas no definidas”. Del total anual de 928 millones 621 mil 73 metros cúbicos de agua consumida por estas industrias, las embotelladoras ocupan 74 por ciento. Más que la pregunta por la calidad del agua que éstas desechan, salta como inaceptable su acaparamiento de fuentes de agua, que deja a las comunidades cercanas sin acceso al líquido.

Tal es el caso de Coca Cola FEMSA, segunda embotelladora de la refresquera más grande en el mundo, cuya agua consumida para su producción proviene de fuentes públicas, canjeadas en las esferas sustentadoras del poder. Mientras tanto, la empresa Industria de Café (Incasa), embotelladora de Coca Cola en Guatemala, sobresale por su política antisindical, misma que destaca en empresas distribuidoras guatemaltecas de Pepsi, tales como la empresa Mariposa, o el monopolio de cerveza Gallo, distribuidora de la marca Agua Salvavidas.

Las empresas “no definidas” marcan un consumo anual de 209 millones 250 mil 933 metros cúbicos. Es probable que allí figuren los corporativos de extracción minera de capital trasnacional, de fuertes impactos ambientales, principalmente por la acción contaminante sobre el agua de metales pesados y residuos no degradables y altamente tóxicos. Según el Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA), la minería a cielo abierto y el vertido de desechos líquidos son las principales causas de contaminación hídrica. A mediados de septiembre del 2008, el Tribunal efectuó audiencias sobre diez casos de demandas, tres de ellos situados en Guatemala: la cuenca del río Itzalá, la cuenca del río Cuilco, y el departamento de San Marcos, en donde opera la empresa Montana Exploradora, de capital canadiense, una de las muchas mineras presentes en este país.

Súper contaminantes. De acuerdo con la Comisión Guatemalteca de Normas, los indicadores de contaminantes para los ríos mayores alcanzan valores hasta diez mil veces superiores a los límites permisibles de agua para consumo humano. Valores de alta concentración y por encima de los límites se han encontrado en variables de alta toxicidad, tales como el boro, los nitratos, los nitritos y el plomo. Además del cianuro, que con valores 600 por ciento arriba de los permitidos, corona la fila de sustancias tóxicas en el agua. El cianuro es utilizado en el proceso de minería a cielo abierto, especialmente para la extracción del oro y la separación de los minerales.

No obstante algunos casos de relevancia en la gestión local municipal, las presiones sobre el recurso hídrico se asocian directamente con la demanda originada. El nivel de consumo para riego en agricultura, por su ubicación, ciertamente indica que la presión sobre los ríos no proviene de los pequeños productores de alimentos, sino de grandes empresas de agricultura para exportación.

Las respuestas ante ello en términos de protección, conservación e inversión estatales han dejado que desear. A pesar de haber recibido un dictamen favorable para la Ley General de Aguas en agosto de 2005, la iniciativa sigue sin aprobación en el Congreso. Y eso que se consideró de urgencia nacional la seguridad de los recursos hídricos frente a la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio Centroamérica-Estados Unidos. Empresas que se opusieron a este proyecto de ley fueron la Coca Cola, mineras varias, Cementos Progreso y Gallo, además de la familia Berger, con participación de capitales en múltiples sectores. Ante los mecanismos de consolidación estatal de las políticas neoliberales, y la facilitación del ingreso y control del capital trasnacional sobre los recursos naturales, a lo más que ha llegado el compromiso de gobierno es a un “Reglamento de las descargas y reuso de aguas residuales y de la disposición de lodos”.

Se está dando paso al control oligárquico y corporativo voraz sobre la vida de las personas.

Investigadora del Instituto de Estudios Agrarios y Rurales, Guatemala.