■ La agresión, en complicidad con los gobiernos estatal y federal, recordó Frecuencia Libre
A dos años, permanece impune la matanza de indígenas en Viejo Velasco, Montes Azules
Al cumplirse dos años de la matanza de indígenas de la hoy desaparecida comunidad Viejo Velasco Suárez, en el norte de Montes Azules, Chiapas, permanecen impunes y mal investigadas las muertes de seis personas y la desaparición de dos más que, según los indicios disponibles también habrían fallecido.
El 13 de noviembre de 2006, entre 200 y 300 comuneros de Nueva Palestina, parte de la llamada comunidad lacandona, cobijados por la policía estatal (algunos agresores vestían uniformes policiacos) atacaron a tiros y machetazos a los pobladores tzeltales de Viejo Velasco. La intención explícita de aquel operativo paramilitar era expulsar a las familias del asentamiento. Lo lograron.
Diversos organismos civiles nacionales e internacionales han documentado que la agresión “contó con la complicidad de los gobiernos estatal y federal”, como sintetizó este miércoles desde San Cristóbal de las Casas la emisión radial J’natik, nuestra casa: ecología política y cultura (Frecuencia Libre, 99.1 FM) al rememorar la “masacre impune en la selva”.
Como lo ha registrado este diario, durante el ataque fallecieron cuatro personas: Filemón Benítez Pérez, 20 años; Antonio Mayor Benítez Pérez, 30 años, y María Núñez González, 32 años, quien antes fue violada por los atacantes). Cuatro más, hombres mayores, desaparecieron: Pedro Núñez Pérez, Mariano Pérez Guzmán, Miguel Moreno Montejo, y Juan (o Antonio) Peñate. Las autoridades sugierieron en ese entonces que los desaparecidos “se habían ido a trabajar al norte”. Ello, a pesar de testimonios en contrario de los sobrevivientes. Una mujer, secuestrada por los atacantes y luego liberada, aseguró haber escuchado cuando asesinaban a balazos a su padre y su hermano.
Insisten en negar prueba contundente del ataque
La ligereza oficial encontró su desmentido el 6 de julio de 2007 tras el hallazgo de dos osamentas en las inmediaciones de Viejo Velasco. Según declaró el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC), aquello significaba “una prueba contundente del ataque” (que como tal ha sido siempre negado en las versiones oficiales, para las que fue sólo un “enfrentamiento” por “problemas de tierra”).
Ocurrida en las postrimerías del foxismo y del sexenio del gobernador Pablo Salazar Mendiguchía, la matanza culminaba una política de desalojos en Montes Azules promovida por las secretarías de Medio Ambiente (Semarnat) y Reforma Agraria (SRA). El desgano oficial para investigar apenas alcanzó para acusar y encarcelar injustamente un año, en Playas de Catazajá, al campesino chol Diego Arcos Meneses, vecino de los agredidos que había acudido a socorrerlos.
El gobierno salazarista salió de escena sin resolver el caso y el de su sucesor Juan Sabines Guerrero no ha mostrado avances significativos. A un año y cuatro meses del hallazgo de las osamentas, el Ministerio de Justicia de Chiapas sigue sin identificarlas ni dar a conocer los resultados de los exámenes forenses de ADN que, tras acaparar todas las evidencias, se comprometió a practicar.
Sin tanto rodeo, los familiares de los desaparecidos identificaron, por vestimenta y pertenencias, los restos de Pedro Núñez Pérez y Miguel Moreno Montejo. Además, los despojos estaban cerca del lugar de los hechos. Aún falta localizar a los otros dos.
El citado programa radial, a cargo de la organización ambientalista Maderas del Pueblo del Sureste, recordó este miércoles que “la masacre fue perpetrada en el marco de la campaña federal y estatal de despojo y despeje del territorio de la Selva Lacandona, operada a través de reubicaciones forzosas y desalojos violentos”.
Del lado de los agresores de Nueva Palestina hubo un muerto (Vicente Pérez Díaz) y un herido (Felipe Díaz López), “siendo éste el único detenido a la fecha como autor material confeso de los homicidios”, según el citado programa radial. Todo esto significa que, al cumplirse el segundo aniversario de la masacre, “los demás autores materiales, y sobre todo los autores intelectuales y los funcionarios cómplices continúan en la total impunidad”.