■ Su plantón cumple 35 días en Gobernación
Antorchistas esperan réplica de Gómez Mont
■ Si nos desalojan con violencia es probable que sea su forma permanente de actuar, dicen
“Gobierno de Querétaro, fascista”, se puede leer en la manta colocada a unos pasos del reloj chino.
Es la entrada al plantón de Antorcha Campesina que hoy cumple 35 días, instalado a un costado de la Secretaría de Gobernación. El bloqueo es una medida de presión para exigir al gobierno federal la liberación de 17 miembros de este grupo, presos en un penal de Querétaro.
Desde la avenida Bucareli –donde han instalado una enorme carpa roja– los antorchistas han visto pasar los sucesos más reciente en Gobernación, y el ir y venir del último tramo de la gestión del secretario Juan Camilo Mouriño.
Ahora saben de la existencia del nuevo inquilino en el Palacio de Covián pero –afirman– ni en la administración del extinto secretario ni en los tres días que han transcurrido con Fernando Gómez Mont al frente de la dependencia han establecido negociación formal con la secretaría.
Son las tres de la tarde. Hora de la comida. Niños, hombres y mujeres hacen fila a un costado de las cazuelas de arroz y de los comales llenos de tortillas que se calientan para recibir su alimento vespertino.
Los dirigentes de Antorcha Campesina y Antorcha Popular dicen que pese al ir y venir de sus compañeros, suelen estar en el “plantón permanente” unas 400 personas que, aseguran, no se retirarán hasta obtener una respuesta satisfactoria.
A unos pasos de ahí, en las oficinas de Gobernación, funcionarios consultados afirman que ya se han iniciado gestiones, incluso con el gobierno de Querétaro, en ánimo de plantearles la posibilidad de establecer una mesa de negociación, siempre y cuando permitan la vialidad.
Pero oficialmente no hay pláticas. Algunos en las oficinas centrales afirman que la forma en que el nuevo secretario aborde ese conflicto será un indicador de su modo de actuar en asuntos para preservar la gobernabilidad, y que por ahora apuestan a la negociación para dar una buena imagen en el arranque de gestión.
–¿Y si son desalojados con la fuerza pública? –se le pregunta a Rosalba Hernández, una de las representantes de Antorcha Campesina.
–Estamos instalados aquí pacíficamente. Si ellos se atreven a quitarnos, sólo demostrarían su intención de agredir al pueblo, al violar nuestro derecho de manifestación. Sabemos que ya hay un nuevo secretario, pero nadie se ha dignado a presentarse.
–Los comerciantes de esta calle están, algunos, a punto de la quiebra, ¿qué les responden a ellos?
–Les pedimos su comprensión. No es problema de ellos, pero tampoco nuestro. Exigimos se libere a nuestros compañeros, detenidos el 29 de septiembre pasado, sin mediar una orden legal de aprehensión. Los compañeros sólo defienden un pozo, propiedad del poblado La Piedad, municipio El Marqués, Querétaro.
El gobierno del estado de Querétaro, agrega Rosalba Hernández, pretende arrebatárselos para ocultar el saqueo de las finanzas que ha venido cometiendo desde hace 11 años un tipo que se ostenta como dueño del pozo, pero en realidad se aprovecha, pues es cuñado del secretario de Gobierno (de Querétaro), Alfredo Botello Montes. Este plantón –afirma– es permanente.
Mientras tanto, los comerciantes de la zona sólo observan a los antorchistas por medio de una malla metálica colocada por los policías. Las cortinas están en alto pero los clientes llegan a cuentagotas. Justo a un lado del reloj chino, los propietarios de los restaurantes Bucareli, Consorcio y El Rabaito –quienes pagan de renta entre 3 mil a 4 mil pesos mensuales–, de 54 platillos redujeron la oferta a 45, lo que representa una caída en ventas de entre 2 mil y 2 mil 500 pesos a sólo 900 o mil pesos. “Otra vez plantón”, se lamentan los comerciantes.