■ El gobierno de la presidenta Michelle Bachelet califica de “chantaje” el paro laboral

Medio millón de burócratas chilenos paralizan actividades; exigen reajuste salarial de 14.5%

■ “No permitiremos que el costo de la crisis lo paguemos los trabajadores públicos”, dice el gremio

Enrique Gutiérrez (Corresponsal)

Santiago, 11 de noviembre. Medio millón de empleados públicos paralizaron sus actividades y salieron a las calles para exigir un reajuste salarial de 14.5 por ciento. La huelga se extenderá por dos días, y a la misma se plegaron trabajadores de la administración central, servicios de salud, educación, municipalidades y universidades estatales en todo el país.

La movilización fue calificada de “chantaje” por el gobierno de Michelle Bachelet, que anunció que no se pagará a los trabajadores las horas no trabajadas.

La protesta causó el cierre de oficinas de servicios y la suspensión de la recolección de basura en algunas comunas. Además, se postergaron atenciones médicas, autopsias y trámites.

Según medios de prensa argentinos, la provincia de Tierra del Fuego –en el extremo sur argentino, fronteriza con Chile– quedó incomunicada por vía terrestre a raíz de la huelga de los funcionarios de la aduana chilena, lo que impidió el paso de vehículos de carga y pasajeros hasta Santa Cruz.

El ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, ordenó que los días no trabajados sean descontados a los huelguistas.

Los dirigentes del paro aseguraron que el gobierno aún no ha puesto sobre la mesa una cifra para el reajuste de los salarios de cerca de medio millón de empleados públicos. Al mediodía, al menos 7 mil funcionarios se congregaron en la Plaza de Armas de Santiago para protestar.

Los gremios dicen que la adhesión a la protesta llegó a 90 por ciento de sus 400 mil afiliados.

“Vamos a luchar por un reajuste digno, por un reajuste real, para todos los funcionarios públicos”, dijo Raúl de la Puente, presidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF).

“Éste es un reajuste en el cual está contenida una inflación de casi 10 por ciento y, por lo tanto, no vamos a permitir que el costo de la crisis, el costo de la inflación, lo paguemos los trabajadores públicos”, agregó.

De la Puente advirtió que no aceptarán sanciones a los funcionarios que se plegaron al movimiento. De haberlas, agregó el líder sindical, “se hará un paro más fuerte que el que en este minuto se está viendo; que (el gobierno) no apague el fuego con gasolina, está jugando en este caso con fuego, que lo entiendan bien”.

Chile tuvo una inflación de 0.9 por ciento en octubre pasado, con lo que el indicador en 12 meses escaló a 9.9 por ciento, la tasa más alta desde 1994.

“No estamos dispuestos a pagar nosotros los efectos de la crisis financiera”, dijo el máximo líder de la ANEF.

El vocero oficial, Francisco Vidal, aseguró: “Lamentamos mucho que la negociación haya sido interrumpida por este llamado a huelga. Pensamos que los trabajadores públicos tienen todo el derecho de manifestar sus reivindicaciones, a levantar su pliego de peticiones, sus mejores salariales; a lo que no tienen derecho es que eso se haga por la vía de perjudicar a millones de chilenos”.