■ Intensa negociación en San Lázaro por reasignación de $60 mil millones para el presupuesto

PRI, AN y PRD afinan el reparto de fondos con la mira puesta en los comicios de 2009

■ Arreglo cupular de las tres principales fuerzas con Hacienda molesta a cabilderos de gobernadores

Enrique Méndez y Roberto Garduño

Al cierre de esta edición, los grupos parlamentarios que integran la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados afinaban el reparto de 60 mil millones de pesos, producto de reasignaciones al gasto federal del año próximo. La negociación entre PAN, PRD y PRI fluctuó en el terreno de las implicaciones electorales que tendrá el uso de los recursos públicos en los estados de la República.

De manera apresurada, y cobijados por el criterio de aprobar a como diera lugar el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2009 en la madrugada de este miércoles, para que, por agotamiento, los diputados no objeten el contenido, esos partidos habían determinado ampliaciones a actividades productivas, de generación de empleos en construcción de carreteras y en el campo, de educación y de cultura. Los recortes afectarán principalmente al gasto corriente y de operación del gobierno federal, a los órganos autónomos, al Poder Judicial y a las dos cámaras del Congreso.

El conflicto medular que propició el retraso en la aprobación forzada del presupuesto –el límite legal para su votación es el próximo sábado 15–, obedeció a que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sacó la negociación de la Cámara de Diputados para trasladarla a la sede de Nacional Financiera, ubicada en la avenida Insurgentes Sur.

Ahí, durante tres días, a partir del sábado, el gobierno federal acordó con esos tres partidos los montos generales de reasignaciones y recortes. Más aún: los funcionarios de la Subsecretaría de Egresos, a cargo de Dionisio Pérez Jácome, trabajaron ayer en las oficinas del PAN conocidas como el spa para redactar el dictamen que fue entregado en la madrugada a la Comisión de Presupuesto –una vez que recibió el visto bueno de los coordinadores parlamentarios Héctor Larios, Emilio Gamboa y Javier González Garza–, con objeto de aprobarse, mandarlo a imprimir y repartirlo en el pleno.

Debido a ese arreglo, la distribución de los recursos generó ayer un diferendo con los legisladores enviados por los gobernadores de sus estados a defender sus prioridades.

Inclusive el diputado priísta Alberto Amador Leal turnó al presidente de la mesa directiva, César Duarte Jáquez, una moción –que será presentada este miércoles ante el pleno camaral, al reanudarse la sesión ordinaria–, con objeto de “suspender la discusión sobre el dictamen del PEF 2009, que sería devuelto a la Comisión de Presupuesto, la cual deberá llamar a comparecer al secretario de Hacienda, Agustín Carstens”, para que explique los criterios de asignación que sustentan el gasto del año próximo.

El reclamo de Amador Leal, quien es el coordinador de la diputación priísta de Puebla y hombre muy cercano al gobernador Mario Marín Torres, reflejó la desavenencia con la negociación que llevaron a cabo Héctor Larios Córdova, Javier González Garza y Emilio Gamboa Patrón con Agustín Carstens de manera directa fuera de la Cámara. Semanas atrás, los gobernadores surgidos de PAN, PRD y PRI habían instalado mesas de trabajo con la Comisión de Presupuesto para fijar prioridades en sus respectivos gastos, que no vieron reflejadas en el borrador del dictamen que sería aprobado en las primeras horas de hoy.

Ayer, Amador Leal entregó a Duarte Jáquez el texto de la moción suspensiva, en la cual manifiesta el interés de los gobernadores por participar de manera directa en el reparto de los recursos públicos:

“Los diputados federales podrán consultar con los ejecutivos de las entidades federativas, presidentes municipales y sectores sociales y productivos de sus estados y distritos de origen el proyecto de dictamen que se discute y presentar sus consideraciones a la propia Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

“La Junta de Coordinación Política, la mesa directiva y la propia comisión dispondrán lo conducente para que el proyecto de decreto a consideración de la asamblea se apruebe a más tardar en la sesión del 15 de noviembre próximo, tal como marca la ley. En su caso, dicha sesión podrá adquirir, por decisión de la asamblea, el carácter de permanente.”

Ampliaciones y recortes

El jaloneo a lo largo del día permitió que, primero, se lograra una bolsa de reasignaciones por 65 mil millones de pesos, que regresó al límite máximo de 60 mil millones durante la noche, debido a las presiones que ejercieron, por ejemplo, el Instituto Federal Electoral (IFE), que argumentó que la baja en su de por sí reducido gasto afectaría sustancialmente el proceso federal del próximo año, y la interminable fila de cabilderos que, con sus ofrecimientos e invitaciones, influyeron en el ánimo de buena cantidad de diputados, quienes abogaron en sus bancadas por favorecer a distintas instancias de gobierno en la reasignación, o para que los recortes no fueran tan severos.

A pesar de esa rebatiña, las instituciones públicas de educación pública superior recibieron incrementos a la propuesta enviada por Felipe Calderón en septiembre pasado.

Así, en la madrugada, para la Universidad Nacional Autónoma de México los diputados habían aprobado un incremento de 700 millones de pesos, adicionales a los 20 mil 660 millones propuestos por el Ejecutivo; para el Instituto Politécnico Nacional 450 millones más a los 8 mil 63 millones planteados; para el subsector cultura, 2 mil más a los 9 mil 650 millones de pesos propuestos.

Además, expuso el presidente de la Comisión de Cultura, Emilio Ulloa Pérez, se logró asignar 15 millones de pesos a los institutos estatales de cultura.

Para el campo, se definió un monto global de 235 mil millones de pesos, incluyéndose en ese rubro los recursos destinados a la Secretaría de Agricultura, al Programa Especial Concurrente y a los programas de Desarrollo Social y de Medio Ambiente destinados a ese sector.

A carreteras se destinarán 48 mil millones de pesos, cifra similar a la presentada por Calderón en su proyecto; para salud se incrementarán 8 mil millones de pesos a los 78 mil millones planteados Ejecutivo. En educación el monto global reasignado alcanzará 12 mil millones de pesos, cifra que se repartió en distintos rubros, entre ellos las universidades públicas.

En el caso de los recortes, el gobierno federal deberá reducir en 4 mil millones de pesos su gasto corriente y de operación, especialmente el superfluo; al Poder Judicial se le quitarán 5 mil millones de pesos, al considerarse que lo solicitado sobrepasa su ejercicio; al IFE se le restarán 700 millones de pesos, mientras al Senado de la República la quita afectará el proyecto de su edificio en la avenida Reforma, al restársele 500 millones de pesos, al igual que a la Cámara de Diputados.

La Comisión de Presupuesto reinició sus trabajos a la una de la madrugada de este miércoles; se esperaba que fuera aprobado el dictamen a las cuatro de la madrugada, para enviar el documento a impresión y el pleno lo conociera a partir de las seis o siete de la mañana, y de esa forma iniciar la aprobación del gasto para 2009.