Editorial
Crisis económica y de seguridad
La industria automovilística mexicana concluye una semana particularmente difícil, marcada por el “paro técnico” de tres días en la ensambladora de autos de Nissan en Aguascalientes –que afectó a 11 mil trabajadores y mermó la producción de vehículos en 3 mil 600 unidades–, y por la confirmación del anuncio de que la empresa estadunidense Ford cerrará temporalmente 11 de sus plantas de ensamble en América del Norte, incluida la ubicada en Hermosillo, Sonora.
Estos cierres y sus consecuentes afectaciones a la estabilidad laboral forman parte de una crisis internacional del sector automovilístico: en Estados Unidos, esa industria ha reportado grandes pérdidas y recortes masivos de empleos, y la crítica situación incluso ha puesto en entredicho la supervivencia de empresas como General Motors y la propia Ford. La problemática en la nación vecina es a tal grado alarmante que incluso el presidente electo Barack Obama la ha asumido como una de las prioridades de su gobierno y ha anunciado la aplicación de medidas de auxilio y programas de estímulos fiscales para sanear la “columna vertebral” del sector manufacturero estadunidense.
Por añadidura, México enfrenta escollos adicionales que agravan el de por sí difícil panorama, originado en el oleaje de la crisis financiera estadunidense. Ayer, en vísperas del inicio de la reunión México, cumbre de negocios, en Monterrey, Nuevo León, el ex gobernador de Veracruz y organizador del encuentro, Miguel Alemán Velasco, señaló que la falta de seguridad pública en el país, en conjunción con la desconfianza en las instituciones de justicia, incide negativamente en la actividad de la economía mexicana, pues “pone en riesgo los esfuerzos de atraer mayor inversión, la cohesión social en el país, así como su imagen en el exterior”.
Las crisis económica y de seguridad que afectan a México en la actualidad pueden explicarse a partir del papel que ha desempeñado el Estado en los últimos años. Los gobiernos federales recientes se han distinguido por carecer de una política industrial y de competitividad a escala nacional. En cambio, a efecto de hacer del país un destino “atractivo” para las inversiones extranjeras, se han desmantelado conquistas sindicales y se ha implementado, entre otras cosas, una injusta política de contención salarial. En el momento presente, cuando la demanda de manufacturas mexicanas en Estados Unidos está a la baja, los trabajadores del país se encuentran desprotegidos: no hay aparatos de bienestar social a cargo del Estado que permitan confrontar la crisis, ni un mercado interno que dote de dinamismo a la economía. En el mismo sentido, en la crisis de seguridad pública convergen factores originados por una política excluyente y antipopular que se refleja en pobreza, marginación, falta de educación y de empleo y la descomposición del tejido social.
Por tanto, la respuesta a ambos fenómenos debiera estar en un redimensionamiento de las tareas y las responsabilidades del Estado: es necesario, por un lado, el desarrollo de una política industrial eficiente, que incentive a los sectores productivos a fin de generar empleos dignos y suficientes; por el otro, más que una política de seguridad de “mano dura”, se requiere la implementación de directrices que reviertan los efectos devastadores de más de dos décadas de neoliberalismo, que sean sensibles a las necesidades de la gente y que ataquen, en suma, las condiciones que dan origen a la delincuencia.