Crearán base de datos sobre violadores de garantías
Tuxtla Gutiérrez, Chis., 8 de noviembre. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y sus similares de las 32 entidades del país acordaron crear una base de datos de los funcionarios públicos que han recibido recomendaciones por haber violado las garantías de los ciudadanos, con el fin de hacerlos responsables de sus actos e inhibir la repetición de estas acciones.
Los acuerdos fueron resultado del 31 congreso nacional ordinario de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, que reúne a los ombudsman de las 31 estados y el Distrito Federal y de la CNDH.
La primera base de datos conjunta, que estaría lista en seis meses, es la de los nombres de los servidores públicos que según las recomendaciones han cometido alguna violación a los derechos humanos de los ciudadanos.
En la reunión se dijo que se ha detectado que servidores públicos “recomendados” e incluso inhabilitados para ocupar funciones públicas en algunas entidades son contratados en otras, donde llegan a reproducir sus actuaciones. Por ello, dijeron, los ombudsman harán públicos, en sus páginas electrónicas, los nombres de estas personas.
La otra base de datos que estará disponible al público es la del Sistema Nacional de Consulta de Precedentes, que constituirá una herramienta para transparentar el sentido de las recomendaciones y sentar los mínimos necesarios sobre los que se deben juzgar las actuaciones de los servidores públicos.
Durante dos días los ombudsman debatieron sobre la explotación sexual infantil, los derechos humanos en los centros penitenciarios y las violaciones a los derechos humanos en el marco de la lucha contra la delincuencia organizada.
Jesús Naime Libién, secretario técnico de la CNDH, advirtió ante los ombudsman que “la profunda crisis económica y de seguridad pone en riesgo la existencia del estado de derecho en el país”.
Garantizar la paz, deber del Estado
Dijo que el Estado mexicano debe cumplir con su función de garantizar la paz y la tranquilidad de los ciudadanos, pero dentro de la ley y con respeto absoluto a los derechos humanos.
En lo que va del año, se dijo durante el encuentro, los organismos humanitarios de diversos estados, entre ellos Chihuahua, Sinaloa, Durango y Michoacán, han presentado entre 25 y 30 quejas contra los cuerpos militares y policiacos federales que combaten la delincuencia organizada. Casi todas han sido por la presunta comisión de actos que van desde allanamientos de morada, lesiones, retenciones ilegales o arbitrarias.