■ Deben aclararse las presuntas irregularidades en el proyecto Escalera Náutica: Coppola

Promueve AN en el Senado que se indague a MacCarthy, titular del Fonatur con Fox

■ Los atropellos, con terrenos propiedad de la nación y algunos privados, dice el legislador panista

Roberto Garduño

El Senado integrará una comisión investigadora del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), con objeto de indagar las presuntas operaciones irregulares orquestadas por Arthur Edward John McCarthy Sandland, quien fuera su director en el gobierno de Vicente Fox.

Luis Coppola Joffroy, del Partido Acción Nacional y presidente de la Comisión de Turismo en ese órgano legislativo, impulsará la conformación del grupo de trabajo, que tenga atribución de emitir un veredicto final y, en caso de encontrar anomalías graves, recomendar al Presidente de la República que gire instrucciones para empezar los procedimientos administrativos y penales en contra de los funcionarios que resultaran responsables.

Facultad del Legislativo para sancionar actos del Ejecutivo

La mesa directiva de la Comisión de Turismo destaca que la Constitución faculta al Poder Legislativo para vigilar y sancionar los actos del Ejecutivo federal, “pero esta facultad ha sido muy poco utilizada por nosotros, los legisladores, por lo que, en uso de la facultad que nos confiere el párrafo tercero del artículo 93 de la Carta Magna, la presente propuesta tiene como finalidad principal la creación de una comisión especial que investigue al Fonatur, en particular a John McCarthy, durante el tiempo que estuvo al mando del fondo, para que así queden transparentadas todas y cada una de las decisiones adoptadas por él y el consejo técnico respecto al proyecto denominado Escalera Náutica, ahora llamado Mar de Cortés”.

Para los senadores, es menester la creación de la citada comisión para que se aclaren las irregularidades presuntamente co- metidas por John McCarthy cuando estuvo al frente del organismo federal.

De tal forma, con fundamento en lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 93 constitucional, en las próximas semanas el Senado aprobaría que se cree la comisión investigadora, cuyo objetivo central será indagar las operaciones realizadas por Fonatur durante el sexenio pasado, fiscalizando toda la información necesaria con base en el párrafo citado, para que se inicien los procedimientos administrativos y penales en contra de los funcionarios que resultaran responsables.

Se exhortaría también a la actual dirección del organismo turístico para que, en un plazo no mayor de treinta días de haberse conformado la citada comisión, envíe todos los informes parciales y anuales presentados por su antecesor de 2000 a la fecha.

Despilfarro millonario

El caso de la Escalera Náutica que refiere la argumentación presentada por Luis Coppola contra McCarthy ha significado más pérdidas que beneficios, no sólo para Fonatur, sino para el país en general.

Considerado por Vicente Fox como “el nuevo ícono de turismo mexicano y una ventana de esperanza para el futuro”, dicho proyecto tuvo su origen durante la administración de Ernesto Zedillo, y desde entonces pretendía la construcción de 29 marinas a lo largo del Mar de Cortés, que suministrarían combustible y víveres a embarcaciones.

Las 29 marinas entrarían en operación en el segundo trimestre de 2003, pero tal hecho no sucedió. Más adelante, en 2004, el nombre del proyecto cambió a Mar de Cortés, y el número de marinas se redujo a 12. Se programó que las primeras seis funcionarían a partir de mayo de 2005, y las restantes un año después. “Esto por no admitir el fracaso de la Escalera Náutica y justificar el millonario despilfarro que a esa fecha había realizado McCarthy Sandland”.

El senador panista considera que el proyecto Mar de Cortés “en nada ha fortalecido la industria náutica mexicana, y más bien se trata de una competencia desleal”, porque desde el sexenio pasado, el Fonatur se ha dedicado y empecinado en construir nuevas marinas en lugares que ya cuentan con infraestructura portuaria.

El caso más ilustrativo es el de La Paz, Baja California Sur, donde ya hay cinco; dos se encuentran en proyecto y el fondo edifica otra en la zona conocida como Fidepaz. Esto genera sobreoferta –señala el legislador–, pues una embarcación se albergaría en dos espacios, y en una zona inadecuada por las características ambientales de la región.

Sobre el paso de McCarthy al frente de Fonatur, Luis Coppola refiere que en San Felipe los pescadores del área denunciaron la expropiación de la escollera pública, para convertirla en marina privada, concesión entregada a las empresas Marina Resort y Múzquiz, que están construyendo dos hoteles y condominios.

Otro de los desarrollos que forman parte del Mar de Cortés está ubicado en el poblado Bahía de los Ángeles, una de las áreas con mayor biodiversidad en el Golfo de California. En sus mares e islas se refugia la ballena de aleta, cinco especies de tortugas marinas (de las ocho que hay en todo el mundo), el tiburón ballena y especies de aves, como el gallito marino (endémica) y el águila pescadora.

Además, la zona forma parte del Valle de los Cirios, un área natural donde habitan alrededor de 600 especies de plantas, 140 de aves, 52 de mamíferos terrestres y 48 de reptiles.

Durante el sexenio pasado, “Fonatur, principalmente su ex director, no tuvo la capacidad técnica ni política para llevar a cabo el proyecto Escalera Náutica, a pesar de que se han invertido más de mil 500 millones de pesos, situación a todas luces vergonzosa y que refleja una mala imagen del país ante la comunidad internacional”.

Los senadores advierten que la actuación de McCarthy, “ex vendedor de tiempo compartido y ex funcionario de la banca nacionalizada, ha sido ampliamente cuestionada, porque adjudicó a personajes poderosos del entorno nacional terrenos propiedad del fideicomiso –en Cancún, Quintana Roo, y Los Cabos, Baja California Sur– a precios subvaluados, violando toda normatividad.

“Además, McCarthy vendió extensas propiedades costeras ajenas, alegando ser propiedad del Fonatur, lo que le trajo demandas penales ante la Procuraduría General de la República”.

Para ilustrar los señalamientos judiciales contra el ex funcionario, en el expediente AP/PGR QROO/CAN/441/2006, el empresario Francisco Alfaro lo acusa de fraude procesal, con base en la resolución 612/2006 del Tribunal Superior de Justicia, en la que se comprueba que algunos terrenos vendidos son de su propiedad.