■ Va contra las reglas internacionales sobre financiamiento, dice

Aboites: México, sin interés de fortalecer la educación superior

■ Mantiene el gobierno oídos sordos a las demandas del sector, afirma

Laura Poy Solano

México va a “contracorriente de las recomendaciones internacionales para fortalecer el financiamiento en educación superior”, pues su proyecto de inversión es de sólo 0.55 por ciento del producto interno bruto (PIB), es decir, unos 71 mil 696.2 millones de pesos, afirmó Hugo Aboites, experto en el tema.

Esta situación pone en riesgo, agregó, las metas de crecimiento y calidad en la formación universitaria.

A unos días de que se apruebe del Presupuesto de Egresos de la Federación 2009, Aboites señaló que “ni el Ejecutivo federal ni los legisladores han dado muestras de mantener un compromiso real con el fortalecimiento de la educación superior en el país, pues la inversión propuesta, incluidos los 12 mil 300 millones de pesos adicionales que demandan rectores de todo el país, resultarían insuficientes para contender con los retos que demandan miles de jóvenes que cada año no logran ingresar a las aulas universitarias”.

Alertó que en México, la enseñanza superior vive un proceso de “recesión” en el que prevalece una “creciente contracción del crecimiento de la matrícula, una tendencia exacerbada de jóvenes rechazados de las instituciones educativas y un abandono del mejoramiento de las instalaciones educativas universitarias”.

Recordó que a menos de seis meses de que se dio a conocer la declaratoria de la Conferencia Regional de Educación Superior en América Latina y el Caribe (CRES), convocada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en cuya organización participó México, el gobierno federal “ha dado muestra de mantener una política de oídos sordos a las demandas más urgentes que deben ser atendidas en el campo de la formación universitaria”.

El documento, suscrito por la mayoría de las naciones latinoamericanas, hace un “enfático y urgente” llamado a los gobiernos de la región a asumir en sus políticas de Estado que la educación superior es un derecho humano y un bien público social, y en el que los “estados tienen el deber fundamental de garantizar ese derecho”.

También advierten que la enseñanza superior, como bien público y social, se enfrenta a corrientes que “promueven su mercantilización y privatización, así como a la reducción del apoyo y financiamiento del Estado. Es fundamental que se revierta esta tendencia y que los gobiernos de América Latina y el Caribe garanticen el financiamiento adecuado de las instituciones de educación superior públicas y que éstas respondan a una gestión transparente”.

La declaratoria, aprobada el pasado junio, destaca que la educación “no puede, de modo alguno, quedar regida por reglamentos e instituciones previstas para el comercio, ni por la lógica del mercado”.

Hugo Aboites, catedrático de la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, destacó que también se enfrenta el riesgo de una creciente “comercialización de los servicios univeritarios, como los cursos a distancia, que se han convertido en un buen negocio, asesorías a empresas en distintos sectores, así como la realización de proyectos de investigación bajo contrato en los que se privilegia los intereses de quienes contratan los servicios”.