■ Seguridad y migración, pendientes de Mouriño
Tareas truncas en Gobernación
■ Diseñaba norma para evaluar a policías
El fallecimiento del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, dejó en proceso varios planes y el inicio oficial de proyectos, principalmente en seguridad y migración, algunos de éstos definidos desde su llegada a Bucareli, el 15 de enero pasado.
En los escasos nueve meses y medio de gestión, el extinto funcionario anunció el arranque de varios proyectos y, tras la firma del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, el 21 de agosto, estaba a cargo de vigilar el cumplimiento de los compromisos que asumió el gobierno federal en la materia.
El acuerdo tiene 100 días de plazo para presentar una evaluación del mismo, cuyos trabajos se desarrollaban en la Secretaría de Gobernación, en el contexto de las sesiones del Consejo de Seguridad Nacional, instancia en que Mouriño era secretario ejecutivo.
El funcionario hizo énfasis, tras la firma del acuerdo, en la importancia de crear un modelo nacional de evaluación y control de confianza. Para ello, la dependencia, en coordinación con la de Seguridad Pública federal, diseñaba un protocolo de evaluación para todos los policías y empleados de áreas estratégicas en este sector, incluidas aduanas y el Instituto Nacional de Migración (INM).
Mouriño coordinaba cómo habrían de construirse las redes de atención a víctimas del delito e impulsaba un proyecto de iniciativa para la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Para ello trabajaba de cerca con Miguel Alessio, consejero jurídico de la Presidencia.
En los trabajos para la evaluación del acuerdo se precisa que el crimen organizado y la delincuencia común representan la principal amenaza para la seguridad de los mexicanos, quebrantando y transgrediendo sus derechos y libertades.
También había iniciado los primeros análisis para la expedición de la cédula de identidad, esto es, integrar en un solo sistema el Servicio Nacional de Identificación Personal.
Mouriño anunció, en junio pasado, medidas para atajar la corrupción en el INM, luego de que un grupo armado “rescató” a cubanos y centroamericanos durante el trayecto de un autobús custodiado por agentes migratorios. De ahí que se programó la construcción de más estaciones migratorias y otras medidas de seguridad para los traslados.
Casi cinco meses después, está programada la colocación de la primera piedra para la construcción de la estación migratoria en Chetumal, Quintana Roo; sin embargo, el funcionario fallecido sí conoció los planes para la compra de los terrenos para ese proyecto.
Mouriño tuvo conocimiento, de acuerdo con fuentes consultadas, de los últimos avances de la evaluación aplicada a personal del INM, justo tras el suceso de los cubanos “rescatados”, pero los resultados finales aún no están listos, pues algunas pruebas toxicológicas fueron sometidas a revisiones más rigurosas.
También quedaron pendientes los avances de los estudios para la integración de un programa integral en la frontera sur, sustentado en diagnósticos y encuestas regionales.
Tampoco alcanzó a presentar públicamente el Programa Nacional de Población 2008-2012 –en vigor desde el jueves pasado– ni el nuevo reglamento para la operación del medio centenar de estaciones migratorias en el país, el cual, después de un proceso de más de año y medio para su integración, está en la última fase de revisión en la Comisión de Mejora Regulatoria, paso indispensable para que en los próximos días se publique en el Diario Oficial de la Federación, tras lo cual entrará en vigor.