■ Señala Tlachinollan “guerra preventiva” contra pueblos indígenas
Lideresa de la OPIM acusa al gobierno de Guerrero por amenazas de muerte
Chilpancingo, Gro., 5 de noviembre. Obtilia Eugenio Manuel, secretaria general de la Organización de Pueblos Indígenas Me’phaá (OPIM), con sede en el municipio de Ayutla de los Libres, aseguró que grupos paramilitares y del gobierno estatal, que encabeza Zeferino Torreblanca Galindo, la acosan y la han amenazado de muerte.
En conferencia de prensa, la dirigente indígena acusó a “gente” de la Secretaría General de Gobierno estatal de amagarla. “No hay duda de que es una venganza del gobernador Zeferino Torreblanca Galindo. Está enojado porque le decimos sus verdades”, sostuvo.
Añadió que la administración estatal “se preocupa demasiado por la OPIM, pero no dice nada de que en días pasados haya muerto un niño de tos y calentura, y tampoco investiga la muerte del compañero Lorenzo Fernández Ortega, y por si fuera poco, dejó en la impunidad las violaciones que las compañeras Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega sufrieron a manos del Ejército Mexicano. Eso sí, estamos preocupados porque sabemos que hay más compañeros que ya tienen órdenes de aprehensión”.
Eugenio Manuel dijo que teme ser asesinada “en cualquier momento”, pues empleados de Gobernación estatal “van a la oficina de la OPIM para vigilarnos, y luego me siguen hasta los lugares adonde vamos; hace apenas dos semanas tres automóviles permanecieron varias horas fuera de nuestras oficinas”.
Aseguró que Onésimo Rendón Cornelio, soldado del 48 batallón de infantería, con sede en Cruz Grande, “se viste de civil y nos anda vigilando. Por la noche manda su gente a la comunidad El Camalote, a las casas de las esposas de los compañeros presos, para tocar a sus puertas y apagarles la luz con la finalidad de intimidarlas. En estas acciones es apoyado por Romualdo Remigio Cantú, que encabeza a uno de los grupos paramilitares”.
Acusan de parcial a una juez
Por su parte, Vidulfo Rosales Sierra, abogado de la OPIM, enviado por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, dijo que en la zona tlapaneca “existe una guerra preventiva en contra de los pueblos indígenas, con el pretexto de impedir brotes de violencia insurgente en esa región”.
Añadió que el Ministerio Público interpuso un amparo en contra de la resolución que emitió la juez octava de distrito con sede en Acapulco (Livia Lizbeth Larumbe Radilla), quien concedió el amparo en favor de cuatro de los cinco indígenas de la OPIM presos desde abril, acusados de asesinar a (Alejandro García) un informante del Ejército Mexicano a principios del año”.
Aseguró que, desde la perspectiva del gobierno, “la OPIM ha sido caracterizada como una organización radical que puede apoyar brotes de violencia; por eso la compañera Obtila Eugenio ha sido amenazada por los elementos del Ejército Mexicano y por los grupos paramilitares que existen en la región”.
Recordó que el 15 de octubre la juez Larumbe Radilla concedió el amparo a cuatro de los cinco detenidos y ordenó su liberación, “pero el 3 de noviembre el Ministerio Público interpuso un recurso de revisión para impugnar la decisión de la juez, lo que demuestra que está tomando partido en este juicio. Sin duda se sigue la línea de criminalizar y fabricar pruebas”.
A su vez, Reyna Soto y Fortina Cruz, esposas de los reclusos Natalio Cruz y Orlando Manzanares, respectivamente, dijeron que no han sembrado maíz este año porque sus maridos están presos. “No podemos ir al campo porque nuestros niños están chiquitos, se van a la escuela.”