■ Blindados y tropas patrullan las calles; 66 heridos y 89 detenidos, saldo de la represión
Militariza el gobierno peruano la ciudad de Tacna, escenario de protestas que dejaron dos muertos
Lima, 5 de noviembre. La ciudad de Tacna, en el extremo sur de Perú y muy cerca a la frontera con Chile, amaneció militarizada hoy y en estado de alerta luego de ser declarada la víspera en emergencia por violentas protestas que han dejado dos muertos y 66 heridos desde el jueves pasado.
El defensor del pueblo, Raúl Meza, confirmó la muerte esta madrugada de un hombre baleado en las protestas del martes pasado, que se convierte en la segunda víctima mortal tras el deceso el sábado de un manifestante.
Sólo el martes hubo 66 heridos, jornada en la que enfurecidos manifestantes quemaron la alcaldía de un distrito de Tacna, ciudad de 97 mil habitantes. En total hay 89 detenidos, incluyendo menores, dijo en Lima la defensora nacional del pueblo, Beatriz Merino.
Las protestas, debido a cambios en la ley minera que recorta regalías a Tacna, obligaron a que fuera decretado el martes el estado de emergencia por parte del gobierno, que no esconde su preocupación por el ambiente de convulsión social generalizado a días de que se celebre la cumbre de presidentes de Foro de Cooperación Asia-Pacífico (APEC) en Lima.
Carros blindados y tropas del ejército recorren las calles de Tacna y, según testigos, disparan ráfagas al aire para dispersar a grupos de manifestantes o desalentar nuevas demostraciones.
La movilización militar fue confirmada por el secretario del Interior, Remigio Hernani, luego que el Consejo de Ministros aprobó un decreto que declaró a la ciudad en estado de emergencia.
La drástica medida regirá por 30 días y prohíbe toda clase de manifestaciones y reuniones. El gobernador de Tacna, Hugo Ordóñez, condenó la medida.
El gobierno de Alan García dijo que no dialogará con las autoridades de Tacna, mientras no cesen los actos de violencia.
El cambio a la ley del canon minero en el Congreso, que será promulgado por García, asegura la repartición del recurso con base en el valor de las ventas del mineral en el caso de las empresas con operaciones en varias regiones.