El lastre imperialista
“Quiero comunicarles, es una decisión personal, a partir de hoy día se suspende de manera indefinida cualquier actividad de la DEA (Drug Enforcement Administration) estadunidense”. Este anuncio hecho en la localidad de Chimoré en el centro de Bolivia por Evo Morales, el primer presidente indígena de esa nación, ante decenas de cocaleros, jefes militares y policiales es crucial para Latinoamérica y para su frontera norte: México, un país pronto a quedar inmerso en una vorágine entreguista sobre su reserva petrolera y también de intervención policial, militar y de operativos mercenarios impulsados bajo la Iniciativa Mérida de Estados Unidos.
Mientras Morales se sacude del lastre colonial-imperial de Estados Unidos, Calderón impulsa, como nunca antes en la historia, una desleal capitulación de jurisdicción territorial a monopolios extranjeros y contratistas ávidos de explotar nuestra reserva de crudo.
El boliviano aseguró que la DEA alentó acciones opositoras destinadas a atentar contra las vidas del mandatario y de otras autoridades y acciones conspirativas apoyando y financiando a grupos de opositores que entre agosto y septiembre llevaron adelante un frustrado “golpe civil” para destituirlo.
Las evidencias son sólidas. Desde finales de septiembre Jorge Mansilla, embajador boliviano en México, presentó pruebas del operativo orquestado contra Morales desde el Consejo de Seguridad de Bush: entre ellas actos terroristas con cargas de dinamita en un hotel de la Paz; intentos de ingresar al país municiones en un operativo que involucró a intermediarios vinculados al coronel James Campbell, agregado militar de Estados Unidos; el uso de la empresa Casals & Associates, asentada en Santa Cruz de la Sierra, que “transfirió 13.3 millones de dólares a organizaciones opositoras”, registrándose poco después “un atentado dinamitero contra la residencia de médicos cubanos en Santa Cruz”; la transferencia de 120 millones de dólares de la AID y la inefable National Endowment for Democracy a favor de organismos dedicados a la desestabilización por medio de campañas de descrédito contra gobierno y movimiento indígena, paros y bloqueos “cívicos”, tiroteos, allanamientos y llamados para derrocar a Morales.
Al mando de Philip Goldberg, embajador de Estados Unidos, de larga experiencia en incentivar procesos de balcanización, el operativo además de decenas de muertes y heridos indígenas conllevó el sabotaje del flujo de gas a Brasil y Argentina. Sin dilación Morales lo declaró “persona non grata”.
Hace años que Phillip Agee y John Stockwell, ex miembros de la CIA, ofrecieron un caudal informativo sobre este tipo de criminalidad de Estado, parte de las herramientas de política exterior de Estados Unidos. Los archivos de seguridad nacional abiertos por la Ley de Libertad de Información siguen documentando toda la brutalidad de golpes de Estado, asesinatos, terrorismo y corrupción sin límite que las caracteriza.
En The Big White Lie (NY, Thunder’s Mouth Press 1993) el ex agente Mike Levine demostró la atmósfera de ilegalidad, fraude y desprecio a la opinión pública de la campaña antidroga. Además de FBI-CIA la DEA es instrumento de intervención-corrupción tipo Irán-Contras, con traficantes, criminales, narcos actuando como sus “assets” o fichas.
Cuando Morales anunció la “suspensión indefinida” de la DEA, Radio Francia, en abandono de toda objetividad periodística, acusó al presidente de provocar a Estados Unidos mientras Alain Touraine, con igual impudor, dijo a Carmen Aristegui de CNN, que era Chávez el que pretendía “apoderarse de Bolivia”. ¿Abandonará Estados Unidos su lastre imperialista? La cercanía de Otto Reich a McCain no deja duda sobre sus inclinaciones. ¿Y Obama? Cuando se le preguntó a Dan Restrepo, uno de sus principales asesores, sobre la posición del demócrata ante el narcotráfico y la colaboración con México respondió: “…el senador de Illinois cree que la Iniciativa Mérida es un paso importante, pero sólo un primer paso para arreglar el problema”.