La violencia de Estado en México
En la entrega anterior nos referimos al carácter multisectorial de los operativos de allanamiento en aldeas o barrios para aprehensiones multitudinarias. Destaquemos ahora que la autorización de las jerarquías políticas cubre no solamente la aplicación del operativo en un punto rural o urbano específico, sino el propio entrenamiento de los cuerpos de choque policiacos o militares. No hay un divorcio entre la decisión policiaca, la militar y la política desde el entrenamiento de cuadros hasta la planeación de los operativos y su ejecución. La persistencia o la recurrencia de estos cuadros, grupos o comandos, a los que podemos llamar, con involuntario humor negro, “de alto rendimiento”, han ido evolucionando tanto en cuerpos policiacos y militares como en corporaciones paramilitares. Su actividad tiene variantes no tan pronunciadas como para que resulte difícil identificarlas en diversos operativos.
Fueron policías judiciales de Guerrero, actuando como grupos de choque, los causantes de la masacre en la plaza central de Atoyac el 18 de mayo de 1967. Los padres de familia de la escuela primaria Juan Álvarez se manifestaron para protestar por las elevadas cuotas que la directora de la escuela imponía a los estudiantes. Los policías judiciales acuartelaron a los policías preventivos y atacaron a la población, como describo pormenorizadamente en la novela Guerra en el paraíso. Las autoridades quisieron culpar a Lucio Cabañas de la masacre e intentaron aprehenderlo; ese día Lucio se vio obligado a remontarse a la sierra: así se originó su guerrilla.
También fueron policías judiciales de Guerrero, actuando como grupos de choque, los que irrumpieron en una reunión de la Asociación de Copreros en el puerto de Acapulco, en agosto de ese mismo año de 1967. La asociación iba a celebrar las elecciones de una nueva mesa directiva y tenían como invitado de honor al líder campesino veracruzano César del Ángel. Los policías, entre ellos conocidos pistoleros de la Costa Grande y la Costa Chica al servicio de caciques, asesinaron a mansalva a 27 campesinos a fin de evitar la elección libre de la nueva mesa directiva y luego atribuir la matanza a César del Ángel, quien logró huir antes de que también lo liquidaran.
Fueron igualmente policías judiciales del estado de Guerrero los que perpetraron la masacre de 17 campesinos en el vado de Aguas Blancas el 28 de junio de 1995. Por muchos indicios sabemos que los campesinos fueron abatidos en un operativo policiaco preparado con anticipación. Declaraciones de sobrevivientes y de la entonces alcaldesa de Atoyac; fotografías tomadas por Martín Gómez Muñoz antes de que colocaran armas en las manos de los cadáveres, y el análisis del documento fílmico que hizo circular el gobierno del estado, confirmaron, primero, que el nutrido contingente policiaco estaba emboscado. Segundo, que los disparos iniciales, con pistola, fueron sólo una señal para que se abriera el fuego con armas de largo alcance. Tercero, que no hubo tiroteo entre fuerzas campesinas y policiacas. Cuarto, que se acribilló a los campesinos que estaban arracimados en el camión de redilas. Quinto, que fueron colocadas pistolas en los cadáveres fotografiados por Martín Gómez Muñoz porque los campesinos sólo portaban machetes y palos de madera. Sexto, al no contar con capacidad de fuego ni de respuesta, el sometimiento de los campesinos hubiera sido inmediato, sin necesidad de disparar indiscriminadamente sobre tantos hombres inermes. Séptimo, recibieron el tiro de gracia los heridos que fueron detectados por las patadas propinadas a los cuerpos ensangrentados. En suma, imposible haber liquidado con armas de alto poder a 17 personas sin darse cuenta de que éstas estaban indefensas.
Esta masacre no fue un caso aislado de represión; formó parte de una estrategia de guerra más amplia en varias regiones de la sierra de Guerrero y de manera particular en contra de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS). Los 17 campesinos masacrados pertenecían a esa organización y cinco años después ascendió a 42 el número de hombres asesinados. Antes y después de la masacre, se formó una organización campesina paralela que en vano intentó neutralizar a la OCSS. Todo esto fue el probable detonante del alzamiento del Ejército Popular Revolucionario (EPR), que en el vado de Aguas Blancas hizo su primera aparición al año siguiente, en 1996.
Los cuerpos de choque también se han formado en el Ejército, no sólo en la policía. Sabemos ahora que fueron comandos del Estado Mayor Presidencial los francotiradores que perpetraron la masacre de estudiantes y soldados el 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco. Que uno de esos comandos apostados en el techo de la iglesia de Santiago Tlatelolco fue el agresor del general Hernández Toledo. Que estos comandos efectuaron ataques con explosivos en diversos edificios públicos y privados en 1969. Que de ellos se derivaron los comandos conocidos como los Halcones, perpetradores de la masacre de estudiantes el jueves de Corpus de 1971, también en la ciudad de México. Sabemos que al tercer día de haber tomado posesión como presidente de la República, Luis Echeverría instruyó a su canciller Emilio Rabasa para que pidiera oficialmente asesoría militar y policial a Estados Unidos para los Halcones y para su responsable directo, el entonces coronel Manuel Díaz Escobar.
El 2 de octubre de 1968 fue un laboratorio de experimentos represivos a gran escala: la coordinación entre cuerpos policiales y militares con el Ministerio Público y jueces; una maquinaria inmensa echada a andar en la Operación Galeana con el Batallón Olimpia en primer término, los destacamentos militares apostados en diversos puntos de un amplio perímetro que ceñía a la plaza de Tlatelolco y las actuaciones en serie del Ministerio Público y resoluciones de jueces. El modus operandi de esta vasta maquinaria de Ministerio Público y del Poder Judicial se había aplicado en la represión de movimientos sociales anteriores, particularmente el ferrocarrilero y el magisterial. La diferencia entonces fue la continuidad de mandos, contingentes y modo de operar de cuerpos policiales y del ejército a lo largo de varias décadas de guerra sucia.