■ Denuncian que de 2002 a la fecha se han cometido 300 desapariciones forzadas
Pide el Comité 68 blindar los movimientos sociales para evitar agresiones del gobierno
A pesar de la creación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) es indispensable blindar los movimientos sociales, debido a la práctica histórica del gobierno federal de criminalizar a las víctimas, como ha sucedido en Acteal, Oaxaca y Atenco, cuyos protagonistas hoy tienen penas de hasta 100 años de cárcel, advirtieron Raúl Álvarez Garín, Adela Cedillo, José Francisco Gallardo, Félix Hernández Gamundi y Raúl Jiménez.
Al participar en el foro A 40 años del 68: memoria histórica y jurídica. ¿Qué sigue?, el Comité 68 presentó un documento dividido en 10 volúmenes, que recoge las diversas experiencias de los movimientos sociales durante cuatro décadas, documentos que, confiaron, puede servir de base para futuras expresiones de las organizaciones civiles.
Al iniciar el foro, Félix Hernández Gamundi enfatizó que han ocurrido, de 1968 a 2002, 700 casos de desapariciones forzadas, mientras que de 2002 a septiembre de 2008 se han acumulado más 300 casos, “es decir, en los pasados seis años en el país tuvieron lugar casi la mitad de desapariciones forzadas de las que se habían registrado hasta 2002, y se han multiplicado los actos de intolerancia y represión, además de que se mantiene la vieja práctica de criminalizar a las victimas”, por lo que insistió en la urgencia de proteger a los movimientos sociales en contra de esa represión.
En su turno, el general José Francisco Gallardo destacó que en la masacre de estudiantes de Tlatelolco no hubo confusión alguna por parte de la fuerzas armadas y sí una orden directa del entonces presidente de la República, Gustavo Díaz Ordaz. Al detallar la forma en que se vivió en el Ejército la represión al movimiento del 68, explicó que hubo una concentración de tropas de toda la República Mexicana en la ciudad de México, previo al desfile del 16 de septiembre y que tras la parada militar se le ofreció a los efectivos formar parte de las brigadas para salvaguardar los Juegos Olímpicos, “después de sus participación en la masacre todos los mandos medios llegaron a ser generales”.
La reunión en este foro sirvió para hacer público un documento de 10 volúmenes elaborado por el Comité 68. El primero se intitula Los procesos en México, 1968, y es la redición de un trabajo que de manera clandestina se produjo y se publicó mientras los dirigentes del movimiento estudiantil permanecían en la cárcel. En él se recogen las acusaciones y las defensas jurídicas de quienes participaron en el movimiento.
El segundo volumen contiene los alegatos de defensa de Raúl Álvarez Garín, José Revueltas y Eduardo Valle; el tomo tres es un trabajo que recopila las ponencias presentadas en cuatro foros desarrollados en el Senado de la República y que se titula Imprescriptibilidad del genocidio, que recoge las opiniones obre este tema de especialistas mexicanos y extranjeros, muchos de ellos referidos especialmente al caso de 1968 por los delitos de lesa humanidad cometidos por las autoridades federales en ese año.
El tomo cuatro son las denuncias presentadas por el Comité 68 y las imputaciones presentadas en contra de los genocidas, entre ellos Luis Echeverría. El tomo 5 es una revisión de los procedimientos inconclusos y al mismo tiempo constituye un preámbulo para posibles juicios internacionales referidos a este mismo proceso.
El tomo 6 contiene un trabajo de Raúl Jiménez en referencia especifica al 10 de junio; el tomo 7 es un trabajo del general Francisco Gallardo denominado La reforma constitucional del Ejército; el tomo 8 es un trabajo de Adela Cedillo; el tomo 9 es el informe histórico de la Fiscalía Especial que fue tomado de la página oficial de la PGR, que contiene información sobre los procesos de 1969 y 1971, además de los desaparecidos políticos. Y, finalmente, el tomo 10, denominado La violencia gubernamental: delitos del presente, que tiene un informe sobre los actos de represión cometidos por el Estado.