■ Su gestión en Bucareli estuvo marcada por la controversia

Seguridad, último tema que Mouriño abordó en San Luis

■ Se le consideraba el más influyente miembro del gabinete de Calderón

De la Redacción

El secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, amigo cercano del presidente Felipe Calderón y el funcionario más influyente del actual gobierno, murió ayer minutos antes de las 19 horas, al estrellarse la aeronave en la que retornaba de San Luis Potosí a la ciudad de México.

Horas antes, en la capital potosina, el funcionario se había referido al tema de la seguridad pública y el cotidiano y elevado número de asesinatos relacionados con el crimen organizado. “Simplemente por el número de ejecuciones, no se pueden medir los resultados de la lucha que el gobierno federal ha emprendido contra las bandas del narcotráfico en México”.

Mouriño aseguraba que todos los días hay avances en esta materia y rechazaba que la suma de muertes –49 ejecuciones sólo el lunes– representaran indicios de que la batalla se estaba perdiendo. Reconocía, sin embargo, la insuficiencia de los resultados para recuperar la paz y la tranquilidad de los mexicanos.

Y recordaba, como desde el principio lo ha dicho su amigo y compañero político Felipe Calderón, que la lucha contra la delincuencia no sería de corto plazo y que, por el contrario, “llevaría tiempo, recursos y lamentablemente (costaría) vidas”.

La visita de Mouriño a San Luis Potosí obedeció a la firma del Acuerdo Estatal por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, y para iniciar también el Programa Paisano. En su discurso, insistió en apegarse a las directrices del mensaje oficial: “El gobierno federal ha dado fuertes golpes a la estructura logística y financiera del crimen organizado”, y urgía a las cámaras de Diputados y de Senadores a aprobar las reformas en esa materia, que, decía, deberán promulgarse antes del 25 de diciembre.

Luego de la reciente aprobación de la reforma energética, Mouriño se mostraba confiado ante los potosinos: en el Congreso “se están decidiendo cosas relevantes para tener el marco normativo y jurídico que México requiere para atender el problema de la seguridad y actuar con mayor eficacia”. Establecía además que la presión hacia los diputados y senadores no es personal, sino ciudadana, “pues es la sociedad la que exige tener mejores leyes para dotar de mejores herramientas a las instituciones”.

Juan Camilo Mouriño nació en Madrid el primero de agosto de 1971. Hijo de padre español, Carlos Mouriño Atanes, y de madre mexicana, Ángeles Terrazo. A los 18 años optó por la nacionalidad mexicana. Casó con Mari Gely Escalante Castillo, con quien procreó tres hijos: María de los Ángeles, de nueve años; Iván, de seis, y Juan Camilo, de tres. Obtuvo la licenciatura en economía por la Universidad de Tampa, con posgrado en contaduría y especialización en finanzas por la Universidad Autónoma de Campeche. A los 26 años se convirtió en el diputado más joven de la 56 Legislatura local y desde ahí buscó, sin éxito, la alcaldía de la capital campechana.

En 2000 fue coordinador regional de la campaña presidencial de Vicente Fox para Campeche, Tabasco, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo. Coincidió después con Felipe Calderón –entonces coordinador de la bancada panista– en la 58 Legislatura de la Cámara de Diputados, en donde ocupó la presidencia de la Comisión de Energía; en esa posición, Mouriño fue duramente criticado debido a que al mismo tiempo representaba a la empresa de su familia, relacionada justamente con el sector energético.

Esos señalamientos arrecieron cuando se le designó el año pasado titular de Gobernación. Las acusaciones por ocupar cargos públicos, al tiempo que compartía responsabilidades con la empresa familiar, lo siguieron también en la Secretaría de Energía, cuando de 2003 a 2004 fungió como asesor de Calderón y más tarde, en 2005, al ser nombrado coordinador ejecutivo de la campaña panista a la Presidencia.

Mouriño fue designado posteriormente coordinador general del equipo de transición, para ocupar más tarde la jefatura de la Oficina de la Presidencia, de diciembre de 2006 a enero de 2008, desde donde estableció una clara hegemonía sobre el resto del gabinete. Al sustituir en Bucareli a Francisco Ramírez Acuña, arreciaron las denuncias de las oposiciones.

El domingo 24 de febrero de este año, en un mitin frente a la torre de Pemex, Andrés Manuel López Obrador acusó a Mouriño de ser el principal promotor de la entrega del petróleo al capital privado y de ser “traficante de influencias”, porque, dijo, gracias a su gestión como servidor público –desde la Cámara de Diputados hasta la Secretaría de Energía– “obtuvo contratos millonarios mediante el procedimiento de adjudicación directa, para beneficio de su empresa familiar”.

Ante el escándalo desatado, el funcionario aceptó haber firmado convenios con Pemex Refinación para la prestación de servicios de transporte terrestre por medio de la empresa familiar Ivancar, cuando aún era funcionario público. Argumentó que esa acción fue legal e insistió en que no renunciaría al cargo.

Según él, esas acusaciones sólo buscaban debilitar al gobierno de Calderón. “Apuestan por el fracaso del país”, decía Mouriño, e insistente rechazaba que las denuncias afectaran su desempeño como servidor público. “Los problemas son iguales y, por tanto, tengo que seguir en mi responsabilidad haciendo lo que venía haciendo antes de que desataran ese ataque doloso, es decir, los retos, los desafíos que enfrenta el país”, porfiaba.

El monto de los contratos, presentados como prueba del conflicto de interés en el que se hallaba sumergido el panista, es superior a los 26 millones de pesos. El último contrato lo firmó en diciembre de 2003, cuando fungía simultáneamente como apoderado legal de la empresa Transportes Especializados Ivancar y era asesor de la Secretaría de Energía (SE), cuando su titular era el actual Presidente.

“Los contratos son auténticos y son legales, como todo lo demás que he hecho, tanto en mi vida profesional como en mi vida pública. Siempre he actuado con estricto apego a la ley (...) No he actuado al margen de la ley ni he beneficiado absolutamente a nadie. Jamás he otorgado ningún contrato de Pemex o de ninguna otra empresa o institución del sector público para favorecer a nadie”, argumentaba.

Asimismo, justificaba su proceder asegurando que cuando ocupó un puesto en la SE “no tenía nada absolutamente que ver con el tema de los hidrocarburos o con Pemex. Me deshice de las acciones que tenía con la empresa, dejé de ser socio y esto ocurrió en noviembre de 2003; después hice los trámites para dejar de ser apoderado legal, calidad en la que firmé el contrato al que se hace referencia. Ser apoderado legal no es ningún delito. Ya no era socio de la empresa, y antes de firmar el contrato también verifiqué que pudiera, como servidor público, firmarlo y que no tuviese ningún problema de legalidad”, detalló.

No logró convencer de su rectitud

Pese a que se le exoneró, tanto a nivel legislativo como de las autoridades encargadas de investigar el caso, Mouriño nunca logró convencer de la rectitud de su desempeño y continuó al frente de Gobernación, donde tenía como principal actividad coordinar el gabinete de Seguridad y todo lo relacionado con las acciones del Estado mexicano contra el crimen organizado.

Desde esa posición, y sin dejar de lado sus regulares apariciones públicas, sobre todo en los partidos del equipo de futbol Cruz Azul, Iván, como le llamaban sus cercanos, debía dar la cara cotidianamente no sólo al cada vez más violento accionar de las bandas delictivas, sino al el hecho mismo de que al interior del aparato federal existen fallas e inclusive cooptaciones de elementos de los cuerpos de seguridad.

Apenas en septiembre pasado, junto con el titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, admitía que las corporaciones policiales del país han sido infiltradas por la delincuencia. “Hemos partido de un diagnóstico que admite que las propias corporaciones policiales están penetradas y que, por tanto, tenemos que someter a controles de confianza (…) y dar señales de que el Estado no será permisivo ante aquellos que se vinculen con la criminalidad”, dijo entonces.

El mes pasado, Juan Camilo Mouriño reconocía también que México enfrenta una “compleja situación” en la lucha contra el crimen organizado, y confiaba en que el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Legalidad y la Justicia constituye una “expresión de la voluntad del Estado mexicano para demostrar a los delincuentes que unidos, gobierno y sociedad, siempre seremos muchos más, y mucho más fuertes que cualquiera de ellos”.

Hace apenas dos semanas, Mouriño recibió comentarios halagüeños por lo que se consideró fue una participación central en las negociaciones que llevaron a la aprobación de la reforma energética, en el Congreso, aunque al mismo tiempo crecían las versiones de que sería sustituido en la Secretaría de Gobernación.