Editorial
Urgencia y pertinencia de esclarecer
La súbita muerte del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, del ex subprocurador José Luis Santiago Vasconcelos y de al menos otras seis personas, a raíz del desplome de la aeronave en la que los funcionarios regresaban de San Luis Potosí a la ciudad de México, hace pertinente formular algunas reflexiones.
Por principio de cuentas, la pérdida del titular de Gobernación, a quien corresponde la coordinación del gabinete, obliga, en cualquier circunstancia, a una reconfiguración urgente del aparato del Ejecutivo federal, e introduce, en esa medida, factores inesperados de incertidumbre en el panorama político del país.
Por otra parte, el fallecimiento de los funcionarios referidos ocurre en circunstancias singulares: tras el severo descalabro político que experimentó Mouriño a raíz de la revelación de sus contratos con Pemex –firmados en tiempos en que el funcionario difunto se desempeñaba como presidente de la Comisión de Energía en San Lázaro y luego como subsecretario de Energía–, proliferaban los rumores en torno a un inminente relevo en el Palacio de Covián; adicionalmente, de unos días a la fecha se han realizado importantes depuraciones en las cúpulas de la Policía Federal Preventiva y de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), dependencia esta última que fue encabezada, durante el sexenio anterior, por Santiago Vasconcelos.
En tal situación, desde el momento en que se conoció la muerte de los funcionarios han circulado en la sociedad especulaciones sobre la causa de la caída del aparato en que viajaban, y se ha mencionado con insistencia la posibilidad de que se haya tratado de un atentado.
El entorno de pavorosa inseguridad que padece la sociedad, la incapacidad de las autoridades para detener el embate de la criminalidad y el agravante de la descomposición y del descrédito institucionales magnifican los efectos políticos de los decesos ocurridos ayer y generan una extendida percepción de precariedad del poder público.
En tal circunstancia, resulta urgente e ineludible que el gobierno federal actúe con agilidad, eficacia y transparencia en la investigación de la tragedia e informe con puntualidad y consistencia sobre los resultados de la pesquisa, así sea para despejar sospechas que ojalá resulten infundadas.