■ Miembros del Poder Judicial, ex gobernadores y ex funcionarios federales, en la lista negra
Mantienen congeladas en San Lázaro 103 solicitudes de juicio político
■ Bloquean Diódoro Carrasco y César Camacho la acción contra Juan Camilo Mouriño
La Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, en acuerdo con la de Justicia, que presiden Diódoro Carrasco y César Camacho Quiroz, respectivamente, mantienen congeladas 103 solicitudes de juicio político que han rechazado analizar y que están pendientes, inclusive algunos casos desde la 58 Legislatura.
La diputada Valentina Batres Guadarrama, del PRD, explicó que hace dos semanas Diódoro Carrasco ofreció realizar una clasificación de los expedientes, para determinar cuáles podrían turnarse a la Subcomisión de Examen Previo, pero finalmente desistió.
La legisladora realizó su propia clasificación de todos los casos rezagados, entre los que se encuentran solicitudes en contra de integrantes del Poder Judicial, gobernadores y ex gobernadores, ex funcionarios del gabinete de Vicente Fox, así como Diego Fernández de Cevallos por el caso del predio Ramos Millán, y Arturo Montiel Rojas por desvío de recursos públicos en el estado de México.
En entrevista, aseguró que el ex gobernador de Oaxaca pretendió negociar casos como el de las solicitudes de juicio político contraa Ulises Ruiz y el llamado góber precioso de Puebla, Mario Marín Torres, “a cambio de no revisar la demanda de juicio contra Alejandro Encinas” por el bloqueo a la avenida Reforma después de las elecciones de 2006, cuando era jefe de Gobierno.
Obviamente, expresó, “nos negamos porque no se trata de un intercambio de impunidades, además de que, en el caso del bloqueo, la acusación se deriva de que Encinas no actuó para reprimir y romper una expresión pacífica en contra del fraude electoral de ese año”.
Batres Guadarrama refirió que Carrasco Altamirano, diputado panista, propuso realizar una clasificación en cinco rubros: las solicitudes a integrantes del Poder Judicial; servidores públicos que no son sujetos de juicio político; los que sí son sujetos, pero la causal no corresponde; los sujetos a juicio político por causal correcta, pero sin pruebas, y los que sí son sujetos a este proceso por causal correcta y con pruebas.
Entre estos últimos, que deberían ser analizados por la Subcomisión de Examen Previo –que no ha sido integrada aun cuando sólo faltan nueve meses para que termine la actual legislatura—, se incluirían 13 casos, de acuerdo con el perfil analizado por Batres, entre los cuales resaltan el presentado contra el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, por tráfico de influencias para la empresa familiar Transportes Especializados Ivancar.
Asimismo, la presentada desde 2006 por la diputada Aleyda Alavez en contra del gobernador oaxaqueño, Ulises Ruiz Ortiz, por violaciones a las garantías individuales durante el conflicto magisterial de ese año y las condiciones de ingobernabilidad en el estado. En la queja, la legisladora perredista describió agresiones sufridas por organizaciones sociales, ataques contra la libertad de expresión y conflictos en distintos municipios.
También la interpuesta por el particular Ricardo Vázquez González contra Ruiz Ortiz por considerar que cometió “traición a la patria y por seguir gobernando en contra de la voluntad del pueblo” de Oaxaca.
Otra solicitud está destinada al gobernador de Morelos, Marco Antonio Adame, por nombrar director general de Transporte a un ministro de culto religioso.
Al juez primero de distrito, Jesús Alfredo Silva García, y el magistrado del primer tribunal unitario de circuito, ambos de Tabasco, por supuestas violaciones a las garantías individuales en un proceso penal.
Contra el ex secretario de Gobernación Francisco Ramírez Acuña, quien pretende ser postulado para una diputación en 2009, por “actos de censura, y otros, derivados de la salida del aire en cadena nacional del mensaje de Ruth Zavaleta durante el primer Informe de gobierno de Felipe Calderón”.
Al procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, cuando fue secretario de Seguridad Pública, por “violaciones graves a la Constitución y a las leyes federales en los hechos acontecidos en el municipio de San Salvador Atenco”, estado de México.
Tres más al gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, por difusión de mensajes propagandísticos prohibidos en la Constitución y por violentar el principio constitucional de la separación Estado-Iglesia, al entregar 30 millones de pesos a la arquidiócesis de Guadalajara.
También al ex gobernador chiapaneco Pablo Salazar Mendiguchía, por presunto desvío de recursos económicos y en especie destinados a atender a la población afectada por el huracán Stan.