■ Fracasaron las negociaciones contractuales, argumenta el ministro de Minas Derlis Palacios
Ecuador pone fin de modo unilateral a su relación con la petrolera española Repsol
■ Pagará indemnización a la firma
■ Los yacimientos quedan bajo control del Estado
Ecuador, 31 de octubre. Ecuador anunció de manera unilateral que termina su relación con la petrolera española Repsol-YPF por desacuerdos en negociaciones contractuales, medida que incluirá una compensación a la firma por sus inversiones y el traspaso coordinado de sus áreas al Estado.
La decisión del gobierno ecuatoriano obedece a la negativa de la compañía española a aceptar las condiciones impuestas por el presidente Rafael Correa para migrar de su actual condición de socia a operadora de sus campos, en negociaciones que arrancaron el año pasado.
Correa, quien suele adoptar medidas nacionalistas para reforzar su liderazgo interno, planteó a las petroleras extranjeras una negociación que incluía suscribir acuerdos modificatorios por un año antes de pasar a los de prestación de servicios, en los que Ecuador recibirá toda la producción.
“Tengo que anunciar al país que al no haber llegado a un acuerdo con Repsol, el Estado ha tomado la decisión de terminar la relación laboral con la empresa”, manifestó el ministro de Minas y Petróleos, Derlis Palacios, a periodistas.
El funcionario agregó que el país notificó a Repsol-YPF la determinación el jueves, la cual implicará una compensación por las inversiones realizadas en el país y un traspaso, sin incautación, de sus áreas a manos estatales.
Sin embargo, la petrolera aseguró en Madrid que continúa negociando con el gobierno ecuatoriano y que espera alcanzar una solución consensuada.
En agosto Repsol-YPF aceptó cambiar su actual contrato por uno de prestación de servicios, retirar las demandas que mantenía contra el país en un tribunal arbitral y ampliar la vigencia de su actual contrato por seis años, hasta 2018.
Pero desacuerdos y cambio de criterios habrían llevado las negociaciones al fracaso, según Palacios. “El Estado ecuatoriano no acepta juegos”, aseveró.
La firma extrae de esos yacimientos unos 60 mil barriles diarios de crudo (bpd). Las acciones de Repsol-YPF cerraron el viernes en la bolsa española con un alza de 1.64 por ciento, a 14.84 euros.
Decisión complicada
Correa, quien obtuvo amplio apoyo en un referendo para aprobar una nueva Constitución que refuerza sus poderes y aumenta el control estatal en la economía, ha amenazado a las petroleras con expulsarlas del país, debido a la caída en los niveles de producción por la falta de inversiones.
Con la decisión de pasar a manos estatales los yacimientos que operaba Repsol-YPF, el bloque 16 y los campos Bogi-Capirón y Tivacuno, el panorama para el gobierno podría complicarse, porque la estatal Petroecuador ha demostrado ser incapaz de operar los que asumió en 2006, cuando fue expulsada la estadunidense Occidental.
Analistas consideran que la decisión presidencial es una estrategia que podría resultar peligrosa si se combina la administración estatal poco eficiente con una caída de los precios del crudo y una baja en la producción del país.
“Para negociar hay estrategias que se aplican en todos lados. Esta es una forma brusca de negociar, de imponer una negociación, y el tiempo dirá si funciona o no”, señaló el ex presidente de la estatal Petroecuador Ramiro Gordillo.
Ecuador, el miembro más pequeño de la OPEP, con una producción de 500 mil bpd, ha enfrentado una caída en la extracción en los últimos años debido a la falta de inversión, pero hasta ahora había estado compensada por los altos precios del crudo registrados hasta mediados de año.
Petrobras firma acuerdo
La advertencia de Correa tuvo efecto en la brasileña Petrobras, que firmó el viernes el contrato modificatorio por un año, cuyos términos permiten aumentar la participación del Estado en la renta petrolera a 81 por ciento desde el 67 por ciento vigente.
El acuerdo con Petrobras se produjo después de que Correa la amenazó con nacionalizar sus campos por demorar el acuerdo, que no incluye una aceptación para migrar al contrato de servicios, en el que sólo recibirá una tasa por operar sus campos, de los que extrae unos 32 mil bpd.