■ Indemniza la dependencia a familias que padecieron abusos de militares en Michoacán
Asegura Sedena no tener más corrupción tras los casos reportados a SIEDO en enero
■ Insta a la ciudadanía a denunciar anónimamente cualquier información que posea al respecto
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que “no permitirá actos de corrupción”, y por ello en enero pasado puso a disposición de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) a un jefe, cuatro oficiales y un elemento de tropa presuntamente vinculados con el cártel de los hermanos Beltrán Leyva.
En un comunicado de prensa informó que por ahora “no tiene información que involucre a personal militar en actividades ilícitas” y llamó a la ciudadanía a denunciar anónimamente cualquier dato que posea al respecto.
Tras varios días de que se revelara que un grupo castrense adscrito a la Novena Zona Militar, con sede en Culiacán, Sinaloa, brindaban información y protegían las actividades del grupo de los hermanos Beltrán Leyva, y de manera específica a Alfredo Beltrán, la dependencia federal difundió su versión de lo sucedido.
Mencionó que luego de la captura del narcotraficante Alfredo Beltrán Leyva, El Mochomo, el 21 de enero de este año, “se obtuvieron indicios sobre la participación de un jefe, tres oficiales y un elemento de tropa con esta organización, por lo que a partir del 29 de enero fueron puestos a disposición de la SIEDO, dependencia de la Procuraduría General de la República, que integró una averiguación previa contra este personal”.
Sin embargo, la supuesta narcolista encontrada en la casa de El Mochomo y que involucraba a militares y policías en sus actividades de narcotráfico, señalaba a más de 25 miembros de la milicia mexicana, pero únicamente se sabe que cinco de ellos están sujetos a proceso en el juzgado séptimo de distrito en materia penal, en Jalisco.
Aunque la Sedena omitió los nombres de los involucrados, se sabe que entre ellos están Francisco de Jesús Pérez Chávez; los oficiales Humberto Ramiro López Cornejo, Humberto Solís Galicia Barragán, Pedro Sergio Jonguitud Barragán y Ricardo Ramírez León.
Señaló la Sedena que “es preciso destacar que esta secretaría no tiene información que involucre a personal militar en actividades ilícitas posterior a la localizada en el mes de enero en el marco de la detención de Alfredo Beltrán Leyva; sin embargo, se reitera la disposición de no solapar conductas indebidas por parte del personal militar y en caso de contar con nueva información que involucre a efectivos militares, se aplicará la ley conforme a derecho, de acuerdo con la política de esta dependencia, de cero tolerancia a la corrupción”.
Por otra parte, en Morelia, Michoacán, la Sedena indemnizó a cuatro familias michoacanas, luego que se comprobó que fueron violadas sus garantías individuales, en respuesta a las recomendaciones 30, 32, 33 y 34, emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. No se precisaron las cantidades.
Uno de los casos es el del menor Víctor Alfonso de la Paz Ortega, quien el pasado 11 de enero murió a causa de los disparos que hicieron soldados cuando su acompañante, Juan Carlos R. García, hizo caso omiso a los señalamientos para detener la camioneta en que se desplazaban en un supuesto retén en la ciudad de Huetamo. La recomendación de este caso es la 34/2008.
Autoridades de la Sedena entregaron un cheque por una cantidad no revelada al padre del joven, Hipólito de la Paz, de alrededor de 70 años y quien apenas puede caminar, quien además recibirá el apoyo del gobierno de Michoacán para que construya su casa y se le otorgará una beca para su hijo menor, informó la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
De la Paz declaró que los altos mandos del Ejército sólo se limitaron a entregarle el dinero, sin que le ofrecieran disculpas por haberle arrebatado la vida a su hijo.
Con información de Ernesto Martínez y Antonio Aguilera / La Jornada Michoacán