■ “Suficientes”, las atribuciones del IFE para fiscalizar recursos
Aún no hay acuerdo para que instancias del gobierno vigilen dinero de campañas
Representantes de los partidos políticos ante el Instituto Federal Electora (IFE) no han alcanzado ningún acuerdo sobre la participación de instancias del gobierno federal para evitar que eventual dinero de procedencia ilícita financie las campañas del próximo año.
Tras dos reuniones que se han efectuado entre los enviados de las prinicpales fuerzas políticas del país, al momento sólo se prevé la posibilidad de consensuar un documento para aplicar normas rigurosas en la selección de precandidatos y candidatos a puestos de elección popular.
Dicho documento sólo se haría en el contexto de un acuerdo conjunto de buena voluntad, porque hasta ahora ningún representante partidista ha puesto sobre la mesa de diálogo alguna definición jurídica para avanzar, por ejemplo, hacia la participación de la Procuraduría General de la República para evitar el uso de recursos procedentes del lavado de dinero durante las campañas.
Mientras tanto, fuentes consultadas en el IFE señalaron que el árbitro electoral sólo fungirá como “aval” de los eventuales acuerdos partidistas y, desde ahora, rechaza la participación del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), pese a que el mes pasado el presidente del instituto, Leonardo Valdés Zurita, declaró que estaban abiertos a analizar dicha intervención.
Esa posibilidad se convirtió en tema de debate luego de que el Partido Socialdemócrata (PSD) propuso ante el Consejo General del IFE que solicitara al Cisen que investigue a los precandidatos de ese partido. Valdés comentó que debería estudiarse esa alternativa, simplemente por tratarse de una sugerencia de un representante partidista.
Sin embargo, consejeros electorales e incluso magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación advirtieron que las nuevas atribuciones del IFE para fiscalizar los recursos públicos entregados a los partidos –principalmente con la posibilidad de acceder a información de las cuentas bancarias– son suficientes para cumplir con su función de vigilancia.
El IFE –agregaron las fuentes consultadas– colaborará para el análisis de este tema, en especial de la participación de la PGR o de la Secretaría de Hacienda, pero será muy cuidadoso en “no asumir funciones que no le competen. El instituto no es ni pretende ser Ministerio Público”, señalaron.