Editorial

Inviabilidad de la alianza educativa

El Congreso del estado de Guerrero aprobó ayer, por mayoría, un punto de acuerdo para solicitar al gobierno de la entidad la suspensión temporal de la denominada Alianza por la Calidad de la Educación (ACE) y someterla a consulta por medio de foros regionales. Tal decisión tiene como telón de fondo el conflicto magisterial que se desarrolla en diversas entidades del país, ocasionado por el descontento que la ACE suscita en las bases magisteriales.

La solicitud planteada por el Legislativo guerrerense al gobierno de la entidad apela al llamado federalismo educativo, formalmente instaurado en el país –con excepción del Distrito Federal– con la firma del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, en 1992. De conformidad con dicho convenio, los gobiernos estatales poseen el control administrativo de los ciclos de educación básica y normal, y no están obligados, por tanto, a suscribir acuerdos de carácter nacional como la ACE.

Desde esta perspectiva, el gobierno de Guerrero está facultado no sólo para suspender temporalmente la aplicación del referido pacto, sino incluso para cancelarlo de manera definitiva, algo que, en la circunstancia presente, resultaría una decisión adecuada: en esa entidad, al igual que en otras, el conflicto magisterial se ha recrudecido como consecuencia de la falta de voluntad política para atender las demandas de los docentes; las posibilidades de hacer avanzar la ACE por la vía de la negociación han quedado prácticamente canceladas –pues de inicio el gobierno intentó imponerla de espaldas a las bases del magisterio–, y los riesgos de implementarla por la fuerza son sumamente elevados: esa vía pudiera llevar a la repetición de episodios de violencia y atropellos como los ocurridos el pasado 9 de octubre en Xoxocotla, Morelos.

La inviabilidad de la ACE, sin embargo, no se limita al terreno de lo político, ni se circunscribe, ciertamente, a las entidades en que ha propiciado mayores muestras de repudio. Como lo reconoció ayer la propia titular de la Secretaría de Educación Pública, Josefina Vázquez Mota, en el país persisten marcadas inequidades en las condiciones en que cada estado avanza en la agenda educativa nacional, así como precariedad e insuficiencia en la infraestructura de las escuelas ubicadas en las regiones más pobres del país. Estos elementos contrastan con la pretensión de implementar un modelo estandarizado de evaluación educativa, por definición insensible a las desigualdades mencionadas.

En un momento en que la dirigencia del sindicato magisterial y la SEP han entrado en una dinámica de intercambio de acusaciones mutuas, y en que las autoridades pretenden engañar a la opinión pública alimentando versiones de que el fin del paro en Morelos es inminente –para lo cual han empleado desde la firma de acuerdos espurios hasta las amenazas de sanciones a los profesores que no vuelvan en breve a las aulas–, lo más pertinente y sensato sería que los gobiernos estatales y federal reconocieran la necesidad dialogar con las bases docentes de las entidades en conflicto, tomaran en cuenta sus necesidades concretas y las de sus alumnos, y elaboraran, con base en ello, políticas educativas adecuadas a las particularidades de cada región. De tal forma, podría avanzarse efectivamente en el mejoramiento –necesario y urgente– de la educación pública en el país, sin que ello constituya, como ocurre con la ACE, un factor de descontento social.