■ Llama a los gobiernos federal y de Chiapas a tomar medidas luego de agresión contra un niño
Teme AI nuevos ataques contra zapatistas ante la falta de vigilancia de autoridades
■ Se dejó libres a los de la Opddic que en 2007 hirieron con arma de fuego al papá y un hermano del menor
San Cristóbal de las Casas, Chis., 29 de octubre. Al pronunciarse respecto a la agresión con machete contra un niño zapatista en la comunidad tzeltal de Ba’yulubmax, Amnistía Internacional (AI) instó a los gobiernos federal y de Chiapas a tomar medidas para que no se repitan estas agresiones (ha habido otras) y los responsables comparezcan ante la justicia.
En su documento, AI refiere: “El 10 de octubre, Carmelino Navarro Jiménez, de nueve años, fue agredido por tres hombres armados en la pequeña localidad de Ba’yulubmax, en el municipio de Chilón. Caminaba junto con su cuñada, Manuela Morales Gómez, hacia la parcela en la que su padre cultiva café. Cuando pasaron ante un grupo de tres hombres en la calle, los hombres empezaron a perseguirlos. Uno de ellos llevaba un machete, y los otros dos, armas de fuego”.
Carmelino y Manuela, miembros de una familia de bases de apoyo del EZLN, huyeron de ellos, pero el menor cayó al suelo. “El hombre que llevaba el machete lo golpeó con él y le hizo una profunda herida en la espalda. Los otros dos persiguieron a Manuela, pero no pudieron atraparla”.
Posteriormente, el niño identificó a sus atacantes. “Al parecer –indica AI–, los tres son conocidos miembros de la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (Opddic)”, caracterizada por agredir reiteradamente a las comunidades zapatistas de la región.
En su pronunciamiento, el organismo internacional describe al EZLN como “un grupo armado de oposición que ha permanecido inactivo militarmente durante más de una década, y que apoya un movimiento social y autogobiernos locales de las comunidades indígenas en la zona de la selva Lacandona, en Chiapas”.
Puesto que la agresión en Ba’yulubmax tiene historia, AI recuerda que “el 10 de agosto de 2007, el padre y el hermano de Carmelino –Leonardo Navarro Jiménez y Juan Navarro Jiménez– fueron atacados por miembros de la Opddic”.
En su llamado para proteger la integridad de los indígenas agredidos, AI documenta que: “en aquel ataque, Leonardo recibió un disparo en la mandíbula y Juan uno en el hombro; además, a Juan le hicieron una cortada en la cara con un machete”. Entonces se dictaron órdenes de aprehensión contra 13 miembros de la Opddic, entre ellos los tres responsables de la nueva agresión. “Sin embargo, sólo se detuvo a cuatro de ellos, y las otras nueve órdenes no se ejecutaron, lo que dejó a los tres hombres que atacaron a Carmelino en libertad para perpetrar esa agresión”.
AI teme que Carmelino Navarro, Manuela Morales Gómez, Leonardo Navarro Jiménez y Juan Navarro Jiménez “corran peligro de nuevos ataques”. Sobre todo ante la actitud de las autoridades, que “al no vigilar ni investigar adecuadamente a estos grupos, ha dejado muchas comunidades expuestas a nuevos ataques”.
Así, el organismo internacional insta a las autoridades a garantizar que Carmelino Navarro Jiménez y su familia gocen de protección adecuada; pide que se lleve a cabo una investigación independiente e imparcial sobre los hechos. También insta a las autoridades “a llevar a cabo una investigación imparcial sobre los ataques contra Leonardo Navarro Jiménez y Juan Navarro Jiménez”, y demanda “llevar a los responsables ante la justicia”.
En ambos casos, como han documentado la junta de buen gobierno zapatista de Morelia y organismos civiles de derechos humanos, existe complicidad explícita entre el gobierno municipal priísta de Chilón, las instancias judiciales y los grupos agresores (con frecuencia armados) de la Opddic contra diversos poblados zapatistas, como Bolon Ajaw, o de la otra campaña, como San Sebastián Bachajón.