■ Preparan en el Senado reformas a la Ley de Desarrollo Social
Priístas y perredistas pondrán candados al clientelismo de delegados de la Sedeso
Las reformas a la Ley de Desarrollo Social avanzan en el Senado y hay ya consenso entre los grupos parlamentarios de PRD y PRI para modificar esa legislación e impedir que los programas de combate a la pobreza se utilicen con fines electorales.
El proyecto no propone la desaparición de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso), pero sí poner los candados necesarios para que los delegados de esa dependencia no hayan ocupado cargos partidistas ni de elección popular los cinco años anteriores a su nombramiento.
El presidente de la Comisión de Desarrollo Social, Graco Ramírez Garrido Abreu, informó que el nuevo marco jurídico podría aprobarse durante noviembre, con el propósito de que pueda regir para las elecciones de 2009 y garantizar que no se hará uso clientelar ni partidistas de los programas sociales.
El senador perredista rechazó que esa reforma lleve dedicatoria al PAN y al gobierno federal. Inclusive sostuvo que se pospuso su aprobación –durante el periodo extraordinario del pasado junio– para llegar a un consenso con la bancada de Acción Nacional.
Es importante aprobar esa reforma, dijo, ya que en algunos estados de la República “los recursos enviados para el gasto social están apareciendo en las nóminas de campañas electorales. No quiso detallar de qué gobiernos se trata y sólo mencionó que “son de distinto signo” y patrocinan candidaturas, incluso en otras entidades, con recursos federales.
La reforma a la Ley de Desarrollo Social busca evitar que ello siga ocurriendo, con reglas muy claras y condiciones de transparencia en el manejo de los programas para el combate a la pobreza.
“Tendremos reglas muy precisas en esta ley para la aplicación del monitoreo y evaluación de los programas sociales, que tanto la Federación como los estados y los municipios realizan”, añadió.
La reforma busca, detalló, “trascender la visión asistencialista de la política social, por una transferencia de recursos focalizados”, con una coordinación efectiva de los programas en los tres niveles de gobierno, para evitar duplicidades y opacidad en la aplicación de los recursos.
Asimismo, abundó, se fortalecerán los indicadores de desarrollo social, se crearía un programa nacional de inclusión y de equidad social, para poder articular las actividades en los estados y en las zonas prioritarias, por estar en situación de marginación.
Ramírez Garrido Abreu consideró que el dictamen puede estar listo en dos semanas. Sólo falta ponerse de acuerdo con los legisladores panistas en esa reforma que, insistió, “no está hecha contra el gobierno federal ni en favor de los intereses de ningún partido, sino con la mira de que sirva a todos los actores políticos.
“Si se promulga la ley este año, podríamos perfectamente aplicarla a partir del próximo ejercicio fiscal del presupuesto y garantizar que en las siguientes elecciones no haya manipulación del gasto social con fines electorales”, concluyó el senador perredista.