■ Altos funcionarios recibían entre 150 mil y 450 mil dólares a cambio de información
Medina Mora, obligado a admitir que la SIEDO fue infiltrada por Beltrán Leyva
■ Al descubierto la corrupción en la subprocuraduría, anuncia el inicio de la Operación Limpieza
■ Descarta que Santiago Vasconcelos y Ramírez Mandujano tengan relación con las anomalías
Ampliar la imagen
El procurador Eduardo Medina Mora con la titular de la SIEDO, Marisela Morales
Foto: Marco Peláez
La Procuraduría General de la República (PGR) confirmó ayer que el crimen organizado cooptó desde 2004 a altos mandos de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) que vendían información clasificada a narcotraficantes a cambio de pagos mensuales de entre 150 mil y 450 mil dólares.
El procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, sostuvo que ante estos hechos delictivos, que demuestran la vulneración de los controles de custodia de información clasificada, se puso en marcha una estrategia denominada Operación Limpieza, con el propósito de que se realice una restructura general en esa subprocuraduría, la cual incluirá la aplicación de nuevos mecanismos de control y mejores salarios para su personal ministerial.
Hasta la fecha, dijo, han sido separados de su cargo 35 agentes del Ministerio Público Federal debido a que no pasaron los exámenes de control de confianza aplicados de manera reciente a todos los funcionarios de la SIEDO.
Durante una conferencia de prensa matutina, obligada por la publicación de información periodística que documentó los vínculos entre importantes capos de la droga y altos funcionarios de la SIEDO, Medina Mora expresó:
“Hoy damos a conocer el relajamiento de procedimientos para regular y controlar la custodia de información de averiguaciones previas y causas penales en la SIEDO, que se traducen en responsabilidades de orden penal.”
Además, sostuvo: “Vamos a limpiar a la PGR y castigaremos con todo rigor y sin contemplación alguna a los que traicionan a las instituciones”.
Precisó que “para fortalecer a fondo la operación y excelencia jurídica que debe imperar en la SIEDO, solicité al Presidente de la República su autorización para restructurar esta subprocuraduría”.
La Jornada publicó en su edición de ayer que una indagatoria de la PGR abierta a partir de la denuncia que un ex directivo de Interpol-México hizo en julio pasado en la embajada mexicana en Estados Unidos puso al descubierto que altos funcionarios de la PGR vendieron información al cártel de los hermanos Beltrán Leyva y a otras organizaciones criminales.
El procurador precisó que el funcionario de mayor jerarquía entre los implicados en esta red de corrupción es Miguel Ángel Colorado, ex coordinador general técnico de la SIEDO.
Documentos de la averiguación previa SIEDO/UETMIO/6668 –cuya copia este diario– revelan que Colorado daba cuentas sobre el resultado de las investigaciones antinarcóticos, primero a José Luis Santiago Vasconcelos, y después a Noé Ramírez Mandujano, ambos ex titulares de la SIEDO.
En este caso también está implicado el capitán Fernando Rivera Hernández, ex director general de Inteligencia de la SIEDO, quien fungía como enlace entre la fiscalía antinarcóticos e inteligencia militar.
Otros mandos involucrados son los tenientes Roberto García y Milton Cilia, dos ex militares que pertenecieron al Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (Gafes) del Ejército y que fungen como testigos colaboradores de la PGR.
También están vinculados en este caso los agentes federales Antonio Mejía, Jorge Zavala Segovia, Luis Manuel Aguilar Flores y Francisco Jiménez Sánchez, El Pinocho, quienes entregaban información a los operadores de los capos de la droga.
El último de estos agentes policiacos aún permanece prófugo, los otros ya están en prisión. “La información entregada era sobre anticipo de operativos, cateos, investigaciones, órdenes de aprehensión y, también, elementos informativos recogidos en las averiguaciones previas en contra de estas organizaciones”, precisó Medina Mora durante la conferencia.
Finalmente, el procurador deslindó a Santiago Vasconcelos y a Ramírez Mandujano de cualquier vínculo con esta red de funcionarios que vendieron información a narcotraficantes.
“Con respecto a cualquier otro servidor público, actual o anterior que, en su caso, existan indicios de su participación en conductas ilícitas, desde luego que se le citará a declarar. No hay, en este momento, indicios que permitan indicar una responsabilidad con respecto de otras personas, salvo las que han sido ya consignadas ante el juzgado federal”, puntualizó.