Editorial
Ilegalidad y corrupción
La Procuraduría General de la República (PGR) dio a conocer ayer la detención de Fernando Rivera Hernández, ex director general adjunto de inteligencia en la coordinación técnica de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, y de Miguel Colorado González, coordinador técnico de la misma dependencia. Los funcionarios, según la Procuraduría General de la República (PGR), recibieron sobornos hasta de 450 mil dólares mensuales del cártel de los hermanos Beltrán Leyva a cambio de informes operativos, allanamientos, órdenes de aprehensión y demás datos clasificados. Al mismo tiempo, el titular de la PGR, Eduardo Medina Mora, informó sobre la separación de su cargo de 35 agentes del Ministerio Público involucrados en esas pesquisas, y anunció que la subsecretaría será sometida a un “proceso de limpieza y revisión de personal y procedimiento, (que) continuará y se hará de manera permanente”.
Desde el comienzo de la llamada “guerra contra el narcotráfico” del gobierno federal, hace casi dos años, no obstante la proliferación de anuncios sobre “golpes demoledores” a la estructura de los cárteles de la droga, no ha podido percibirse una reducción en el margen de maniobra y en el poderío de las organizaciones delictivas. Ello se debe, en parte, a la persistencia de redes de complicidades entre éstas y las instancias del poder público, desde donde se brinda protección e información a los delincuentes. En ese sentido, si bien es necesario poner al descubierto la podredumbre de las dependencias encargadas de la seguridad pública en el país, es de suponer que se requiere ir más allá para emprender medidas de fondo con el fin de frenar esa descomposición.
Ello cobra especial relevancia en un momento en que se analiza, a iniciativa del Ejecutivo federal, la posibilidad de crear una nueva corporación policiaca de carácter nacional, que operaría bajo un mando único y dependería de la Secretaría de Seguridad Pública federal. En la circunstancia presente nada garantiza que ésta o cualquier otra instancia de la fuerza pública –incluido el Ejército– se encuentre blindada contra la corrupción. Para ello sería necesario que el gobierno emprendiera un combate frontal y efectivo a ese flagelo en todos los niveles de la administración pública, habida cuenta de que las corporaciones criminales no sólo mantienen complicidades en el ámbito policial, sino también en el aduanal, fiscal, judicial y otros, y la red de corrupción e infiltración de corporaciones públicas no se limita al narcotráfico, sino incluye a otros protagonistas delictivos, como secuestradores, empresarios evasores, contrabandistas, traficantes de influencias o contratistas que ofrecen –o a los que se exigen– comisiones ilegales.
En nuestro país, por desgracia, prevalece en la ciudadanía el sentir de que las autoridades son las primeras en violar la legalidad o en emplearla de manera facciosa, según sus intereses. En ese contexto se inscriben, entre otros muchos hechos, las vejaciones cometidas, en el contexto de un supuesto operativo contra la delincuencia organizada, por una veintena de agentes de la Policía Federal Preventiva y la Agencia Federal de Investigaciones contra integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, de lo que se dio cuenta el pasado domingo en este diario. A fuerza de repetirse, estos episodios, que debieran ser motivo de escándalo y conducir a la investigación, la captura y el castigo de los responsables, tienden a permanecer impunes y, lo que es peor, a ser vistos por la sociedad como hechos cotidianos y hasta “normales”; otro tanto ocurre con los conocidos vínculos entre funcionarios públicos y las organizaciones criminales.
En suma, para un combate efectivo de la ilegalidad en el país es necesaria la voluntad política de las autoridades para erradicar la corrupción de todos los aparatos gubernamentales –federal, estatales y municipales–, pues la vigencia del estado de derecho requiere, en primer lugar, que quienes detentan el poder público cumplan cabalmente las leyes e incentiven de esa forma la cultura de la legalidad entre los ciudadanos.