Zeferino Torreblanca, acusado de represor ante la CIDH
Chilpancingo, Gro., 23 de octubre. Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), representantes de organizaciones no gubernamentales acusaron al gobierno estatal, encabezado por Zeferino Torreblanca Galindo, de criminalizar la lucha social, informó Abel Barrera Hernández, coordinador del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
Barrera explicó vía telefónica que en la audiencia, celebrada el miércoles en las oficinas de la CIDH, en Washington, la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos aseguró que las autoridades del estado alientan la impunidad por no investigar el hostigamiento, el acoso y las amenazas contra defensores de las garantías individuales, como ocurrió con Obtilia Eugenio Manuel, secretaria de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), de Ayutla de los Libres.
Mencionó que la audiencia tuvo apoyo de la Fundación para el Debido Proceso Legal.
De acuerdo con Barrera Hernández, se acusó a Zeferino Torreblanca de usar el Poder Judicial y a la misma Procuraduría General de Justicia del estado “para contener el descontento social y reprimir a la sociedad.
“Se habló de la inexistencia de canales eficaces de diálogo en el gobierno para atender las demandas de los defensores de derechos humanos, luchadores sociales y líderes de organizaciones sociales”.
También se informó al organismo internacional que el Estado mexicano ha hecho caso omiso del informe sobre la situación de los organismos defensores de los derechos humanos en el continente (publicado en 2006) y ha “criminalizado” al Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a La Parota, a la Policía Comunitaria, al Consejo Ciudadano de Chilapa, al Consejo Regional para el Desarrollo del Pueblo Bátháá, a los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, a la radio comunitaria Ñondaa, a la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero y a la OPIM, entre otras organizaciones.
Destacó que la Red Guerrerense solicitó a la CIDH que envíe visitadores a Guerrero, “y al mismo tiempo demandamos que el gobierno del estado instale una mesa de diálogo con los defensores de derechos humanos y con un representante de la CIDH; que se deroguen los artículos 200 y 201 del Código Penal de Guerrero, que castigan la protesta social, y que se realice una investigación exhaustiva sobre los ataques contra defensores de las garantías individuales perpetrados por el Ejército Mexicano y por corporaciones policiacas”.