Editorial
Policía nacional: inviabilidad y riesgos
El titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, envió el pasado martes a la Cámara de Diputados dos iniciativas de reforma a las estructuras de los cuerpos policiacos del país: la primera, la Ley de la Policía Federal, pretende sustituir la Policía Federal Preventiva (PFP) –corporación que, a decir del político michoacano, “no ha dado los frutos esperados”– por una policía nacional unificada, bajo el mando de un comisionado general, que cuente con atribuciones para prevenir e investigar delitos y que dependa de la Secretaría de Seguridad Pública federal; en tanto, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República plantea la desaparición de la Agencia Federal de Investigación (AFI) y el traslado de sus funciones a la nueva organización policiaca nacional.
Por principio de cuentas, la concentración de las funciones de seguridad de un país en un solo cuerpo policial podría ser factible y deseable en un régimen centralista, mínimamente eficaz en la detección y el combate a la corrupción, dotado de sistemas efectivos de fiscalización del poder público y de contrapesos reales, y asentado en una institucionalidad democrática fuera de sospecha.
En el caso de México, la propuesta policial calderonista es contraria a la letra y el espíritu federalistas consagrados en la Constitución, pues implicaría restar atribuciones a los gobiernos estatales y municipales a efecto de trasladarlas a una estructura central: para ello sería necesario emprender un vasto conjunto de modificaciones legales, previas negociaciones políticas con los tres niveles de gobierno. Con respecto a esto último, es significativa la inquietud manifestada por la Conferencia Nacional de Gobernadores en torno a la posibilidad de que esa policía nacional pudiera tener facultades de investigación, lo que, a juicio de los gobiernos estatales, iría en detrimento de las atribuciones legales del Ministerio Público.
Por añadidura, los gobiernos panistas han exhibido en forma reiterada su incapacidad o su falta de voluntad para operar conforme a derecho las corporaciones policiales a su cargo, y han mostrado una alarmante inclinación a emplearlas como instrumento de represión política. Sin duda, las autoridades actuales se inscriben en una tradición, anterior a ellas, de excesos y violaciones a los derechos humanos, en la que destacan los acontecimientos de octubre de 1968 y la guerra sucia de los sexenios siguientes; a ese historial del priísmo se suman los episodios de represión de las postrimerías del foxismo en Sicartsa, Atenco y Oaxaca. Por su parte, la Procuraduría General de la República, más que una instancia encargada de la procuración de justicia, ha sido recurrentemente utilizada como fábrica de culpables al servicio del grupo en el poder, como se muestra, entre otros episodios, con los inverosímiles resultados de las pesquisas emprendidas por esa instancia que responsabilizan a simpatizantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca por el asesinato del periodista estadunidense Brad Will.
Por lo demás, si el gobierno federal se mostró incapaz de evitar que la PFP sufriera –en menos de 10 años– una profunda descomposición en su estructura y la infiltración del narcotráfico y la delincuencia organizada, nada garantiza que no ocurriera otro tanto con la corporación que ahora se pretende crear.
En suma, si se toma en cuenta el manejo corrupto y faccioso que se ha hecho del aparato policial desde hace décadas, es inevitable suponer que la medida comentada significaría, en las realidades nacionales actuales, un retroceso inaceptable hacia el autoritarismo, no un avance hacia el fortalecimiento del sistema de seguridad pública y de impartición de justicia. Lo deseable, en cambio, sería que el gobierno federal empezara por cumplir con las leyes y las normativas institucionales existentes, emprendiera un combate creíble contra la corrupción y contra la impunidad en todos sus niveles –sin el cual, por cierto, es y seguirá siendo imposible derrotar a la delincuencia– y atendiera las causas profundas –sociales, económicas e institucionales– de la descontrolada y bárbara violencia criminal que azota al país.