¿Democracia cara?
Se ha vuelto lugar común la afirmación de que en México la democracia es cara.
Aunque es relativo, dicho señalamiento pudiera ser cierto, sobre todo si se compara con países donde existe una larga historia de elecciones democráticas, incuestionables, y donde la confianza y la credibilidad ciudadana en los comicios se da por descontada.
Pero para el caso de México, la premisa inicial es más que discutible. En nuestro país, la sociedad ha vivido los procesos electorales con un recelo histórico, situación originada y alimentada, en mucho, por los propios partidos políticos.
Lo curioso es que esa desconfianza se da, en primer término, entre los partidos y, particularmente, hacia el partido gobernante, hoy el PAN y antes, el PRI.
La reforma electoral aprobada el año pasado por los partidos representados en el Congreso de la Unión va precisamente en esa dirección. Tiende a depositar en el organismo autónomo, encargado de organizar las elecciones federales, el Instituto Federal Electoral (IFE), una serie de facultades que trascienden a su responsabilidad original como organizador de los comicios.
Hoy, el IFE no es sólo el encargado de preparar y conducir las elecciones, sino que con la reforma, los partidos le confirieron 53 nuevas atribuciones de ley que lo obligan a desempeñar ahora roles tan diversos y relevantes, como extremadamente complejos.
Es decir, tras la reforma electoral, el IFE deberá cumplir dos compromisos fundamentales: organizar las elecciones federales, por supuesto con las garantías del ejercicio libre e igualitario del sufragio de los ciudadanos y, además, constituirse como la autoridad que asegure las condiciones de equidad y civilidad entre las fuerzas políticas.
La tarea del IFE no es nada fácil. En 2009 deberá organizar los comicios más grandes de la historia, en lo que a la realidad demográfica del país se refiere, dando cabal cumplimiento a lo dispuesto por la reforma electoral.
Para ejemplificar lo anterior, me permitiré dar a conocer algunos datos que me parecen relevantes. En relación con el proceso de 2006, el padrón electoral crecerá en más de 6 millones de ciudadanos, para superar los 76 millones. Esto impactará, de manera automática, en un aumento de 16 mil casillas para los próximos comicios, es decir, que serán instaladas 146 mil 446 casillas para la jornada electoral de 2009.
Todo ello, por supuesto, demanda mayores recursos para capacitación de ciudadanos; para materiales y documentación electoral, así como para dispositivos técnicos y logísticos que acompañan a los procesos. El IFE deberá crear, para este proceso electoral, poco más de 30 mil plazas temporales.
Al mismo tiempo, sin embargo, el IFE tendrá que fungir como árbitro entre los partidos; administrar la totalidad de los tiempos oficiales en radio y televisión; instalar 150 centros de monitoreo y verificación en todo el país, para monitorear los 23 millones de espots que, se estima, serán transmitidos durante las precampañas y campañas, además de verificar que los concesionarios y permisionarios cumplan con las pautas establecidas.
El instituto tiene igualmente mayores facultades para fiscalizar a los partidos sobre el origen y uso de los recursos; cuenta con nuevas atribuciones sancionadoras, así como con la obligación de resolver sobre quejas y denuncias en los distritos mismos donde éstas sean presentadas, en plazos verdaderamente apremiantes.
Para cumplir con lo anterior durante el año 2009, el IFE está en espera de que la Cámara de Diputados le autorice el ejercicio de un presupuesto de 12 mil 880 millones de pesos. Dicho monto, que algunos consideran excesivo, es menor en términos globales al ejercido por la autoridad electoral durante los pasados procesos federales.
En este sentido, el presupuesto global propuesto por el IFE para 2009 es inferior en 11.1 por ciento al ejercido durante las elecciones intermedias de 2003 y en 5.3 por ciento, en relación con el de la elección presidencial de 2006.
Hace ocho años, en 2000, el IFE costaba 0.66 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación, mientras que para el ejercicio 2009 –de ser aprobada la propuesta por la Cámara de Diputados– representará tan sólo 0.45 por ciento de dicho presupuesto.
Pudiera resultar parcialmente cierta la afirmación de que, producto de la desconfianza entre los partidos, la democracia en México sigue siendo cara. Pero también se puede afirmar, entonces, que se avanza hacia su abaratamiento.