Ciudad Perdida
■ El negocio de la tramitología
■ Una gasolinería junto a un pozo de agua
Además de los continuos problemas que plantea una ciudad como la de México, hay funcionarios de tercer nivel que se empeñan en complicar aún más el paso de la gente por el aparato burocrático.
Todo habitante del Distrito Federal que haya tenido que pasar por una ventanilla de trámites, seguramente sabrá de lo que estamos hablando, y uno de esos problemas, el más álgido, el que no se ha podido desarraigar, es el de la corrupción.
Un grupo de dueños de gasolineras asegura que el director general de Prevención de la Secretaría de Protección Civil, de nombre Oscar Roa, se ha dado a la tarea de pedir importantes cantidades de dinero para poner a favor de estos comerciantes los dictámenes de la dependencia donde labora.
El ejemplo que ponen los denunciantes está en la delegación Coyoacán, en la calle de Escuela Naval, dentro de la colonia San Francisco Culhuacán, donde según cuentan los dueños del expendio de gasolina, el señor Roa recibió de ellos la cantidad de 800 mil pesos por proporcionarles el dictamen a favor que debería tener la gasolinera para funcionar.
La instalación de la estación de servicio provocó malestar entre los vecinos que pidieron a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) del DF que revisara los permisos de la gasolinera. La investigación de la dependencia halló que “Servicio El Calerón SA de CV” empezó a operar sin los permisos, licencias y autorizaciones debidas, a pesar de que contaba con una constancia de trámite como nueva estación de servicio, tipo urbana, expedida por Pemex Refinación.
Debido a esto, la PAOT decidió emitir la recomendación 2/2008 en la que se solicita a la Seduvi informar de la conclusión del procedimiento de revocación del Certificado de Acreditación de Uso de Suelo por Derechos Adquiridos, e iniciar el procedimiento contra la empresa que ya citamos.
La misma dependencia recomienda a la Secretaría de Protección Civil que niegue a la empresa las autorizaciones de suministro de combustible, y del programa interno de protección civil, porque entre otras cosas se encontró que la estación de gasolina no contaba con autorización en materia de impacto ambiental y riesgo.
Además de esto, la gasolinera se instaló a menos de 15 metros del pozo de extracción de agua potable de San Francisco Culhuacán, el cual dota de agua potable a cinco colonias, con lo que se viola la Ley de Aguas del Distrito Federal, porque pone en riesgo la salud de los vecinos. Como se ve esta empresa nunca se debió instalar, pero fue un funcionario de la propia Secretaría de Protección Civil el que, al parecer, dio esperanzas a los dueños para instalar el comercio.
El asunto, que como se vea ya es un escándalo, ha dormido, hasta ahora, en los brazos de la burocracia cómplice, y esto, nos dicen, porque el tal Óscar Roa es cuñado nada más ni nada menos que del subsecretario de Programas Delegacionales y Reordenamiento de la Vía Pública de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, Héctor Serrano, quien, nos aseguran, tiene una denuncia en la Fiscalía de Servidores Públicos por sus malos manejos en el asunto de los vendedores ambulantes. ¿Qué pasa con todo esto?
De pasadita
Los consejeros ambiciosos del Instituto Electoral del DF están que no los calienta ni el sol porque todo parece indicar que la mujer que llegue al consejo será presidenta del organismo, y ninguno de ellos podrá sentarse en la silla que dejo Isidro Cisneros. Nada más faltaba que cualquiera de estos consejeros golpistas terminara enlodando, aún más, a la institución y lanzando un espot que dijera: ¡Felices elecciones del 2009! ¡Qué barbaridad!