■ Miembros de la Opddic, agresora de bases de apoyo zapatistas, colaboran con la policía
Grupo paramilitar, institucionalizado como “guardián” de las cascadas de Agua Azul
■ Cinco familias atacadas por militares y agentes huyeron hacia Guatemala hace 14 meses
San Cristóbal de las Casas, Chis., 21 de octubre. Los mecanismos de la impunidad adquieren diversas apariencias en esta entidad. Así, un grupo señalado como paramilitar, que ha agredido directamente a las comunidades zapatistas vecinas, funciona como “guardia rural y forestal”, con uniforme y todo, en las cascadas de Agua Azul. Desde abril pasado fue institucionalizado como fuerza pública.
Algunos de ellos deberían estar en la cárcel. El gobierno les proporcionó gorra negra y pantalón del mismo color, camisa celeste y radio. Colaboran con la policía (Protección Ciudadana) “y otras instituciones”, según declaró a la prensa local el 21 de agosto Alberto López Urbina, presidente de la Sociedad Cooperativa de las Cascadas de Agua Azul.
Como miembros de la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (Opddic), han lesionado de gravedad a bases de apoyo zapatistas de Bolon Ajaw, les han quitado tierras y milpas, así como robado pertenencias. También se han enfrentado con ejidatarios de San Sebastián Bachajón, adherentes de la otra campaña. Ahora ellos son los que “cuidan” la zona.
Como se vio en Chinkultic a principios de octubre, los operativos de desalojo son ordenados por la autoridad civil, pero cuando salen mal los que pagan son los agentes policiacos individualmente, como si hubieran actuado por su cuenta y no como parte de una acción institucional que causó la muerte de seis indígenas desarmados.
Exilio hacia el sur
Los excesos policiacos, y en ocasiones militares, cuando son brutales, quedan impunes. Una historia sorpresiva fue dada a conocer este sábado por el diario guatemalteco Prensa Libre (18 de octubre). Perseguidas por la policía de Chiapas, cinco familias de la región fronteriza de esta entidad (donde también está Chinkultic) se exilaron en el vecino país hace 14 meses.
“En una casa de tres habitaciones viven hacinados 14 niños e igual número de adultos”. Estas personas se hallan “refugiadas” en la aldea Santo Domingo, La Libertad, Huehuetenango, luego de que “las fuerzas de seguridad ingresaron en sus casas, las saquearon y los obligaron a salir de su país”.
Cecilia Gordillo García recordó que el 17 de agosto de 2007 se encontraba en su casa, junto con sus dos hijos, “cuando miembros del Ejército Mexicano y de distintas dependencias de seguridad llegaron al barrio donde vivían, saquearon su vivienda y las de otros familiares y amigos, y se llevaron unas mototaxis con las que se ganaban la vida”.
Los policías “los amenazaron de muerte e intimidaron, por lo que esa noche se vieron obligados a dejarlo todo, y buscaron asilo en Guatemala”.
Josué Morales, otro de los afectados, manifestó que tras la acción policiaca fue encarcelado. “Lo sacaban de una cárcel para llevarlo a otra, y tras dos meses lo dejaron libre. Aseguró que en la actualidad no existe ningún reporte oficial de su detención, a pesar de que hay fotografías del momento en que se lo llevaron”.
En condiciones precarias, indocumentados y con dificultades para encontrar trabajo y acceder a los servicios públicos del vecino país, no obstante “los mexicanos manifestaron que están tranquilos sin la persecución política de las autoridades de su país, y esperan que un día Guatemala les brinde la atención adecuada, como México extendió los brazos a miles de guatemaltecos que huyeron de la guerra”.
El ataque contra las familias podría obedecer a que éstas formaron una empresa de mototaxis, aún no autorizada, “y otro grupo de empresarios presionó para que sacaran a la competencia”. Otra hipótesis de Prensa Libre es que los refugiados “supuestamente apoyaban al Ejército Zapatista de Liberación Nacional”.
Érick Villatoro, auxiliar departamental de la Procuraduría de Derechos Humanos de Huehuetenango, expresó “que más allá de las razones que motivaron su salida”, las autoridades de México y Chiapas “han mostrado poco interés en garantizar la integridad física de esas personas, y tampoco facilitan su retorno”.