■ Señalan que un desafío es elevar la productividad de los granos básicos por hectárea
Organizaciones agrarias exigen integrar una reserva estratégica de alimentos
Integrantes de diversas organizaciones campesinas hicieron un llamado al gobierno federal a integrar una reserva estratégica de alimentos, y para ello propusieron que se destine una partida de mil 500 millones de pesos a cargo de la Secretaría de Economía para que maneje un inventario de productos sensibles y pueda colocarlos en los mercados locales para enfrentar posibles crisis regionales de desabasto.
El eje central del presupuesto para el campo debe ser la constitución de dicha reserva, la cual ya está contemplada en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, la cual se aceptó por el gobierno en la firma del Acuerdo Nacional para el Campo y por el entonces secretario de Economía Eduardo Sojo. “Esta propuesta no puede seguir posponiéndose y menos declararla muerta”, indicaron.
Al participar en el foro Reserva estratégica de alimentos, organizado por la Alianza Nacional Agropecuaria, Comercializadores y Consumidores-El Barzón, las agrupaciones que respaldan la campaña Sin maíz no hay país, ¡el hambre no espera!, la Universidad Autónoma Chapingo y el Colegio de Posgraduados, apuntaron que otro desafío es elevar la productividad de los granos básicos por hectárea, y por eso la insistencia en que el Estado vuelva a intervenir directamente en toda la cadena productiva agropecuaria.
Sostuvo que para la producción de alimentos básicos y estratégicos debe asignarse 60 por ciento de los recursos de cada vertiente económica del presupuesto para el campo; destinar cuando menos 50 por ciento de cada sector económico a productores, y evitar el acaparamiento de los recursos; asignar en anexos los recursos destinados a la reserva estratégica de alimentos, e incorporar un capítulo de transparencia, blindaje electoral y rendición de cuentas del presupuesto para el agro.
A defender los derechos
Durante el acto, tocó al coordinador de la fracción del PRD en la Cámara de Diputados, Javier González Garza, hacer un llamado a los integrantes de las diversas agrupaciones campesinas a organizarse para defender su derecho universal a la alimentación y pugnar por la creación de la reserva de alimentos para evitar una crisis.
Para Víctor Suárez Carrera, director de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores Rurales, México ya está en una crisis alimentaria por el encarecimiento de 70 por ciento de los productos en los recientes dos años, a lo que se sumará otro 15 por ciento por el impacto de la reciente devaluación del peso frente al dólar.
Para superar dicha situación, dijo, hay que considerar las múltiples contribuciones de la agricultura; revalorar la producción de los pequeños y medianos labriegos; avanzar en esquemas de producción sustentable, y establecer una “nueva arquitectura institucional”.
Hizo un llamado a las organizaciones para unificarse en la exigencia de tener un presupuesto para el campo que enfrente la crisis alimentaria y el desempleo rural, y para sentar las bases de una nueva política agroalimentaria y de desarrollo rural.
Ayer también mujeres campesinas de la ciudad de México y Guerrero, así como investigadores de las universidades Autónoma Chapingo y Nacional Autónoma de México advirtieron que de continuar los pagos injustos a los productos agropecuarios, la producción seguirá en descenso.
En el foro La mujer rural indígena y campesina en defensa de la soberanía alimentaria –organizado por la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, del gobierno capitalino– exigieron mayores recursos para fomentar la participación de las mujeres en todos los programas agropecuarios, y preservar la agricultura en las delegaciones como una estrategia de protección al medio ambiente y como una forma de generar empleo.
Propusieron además fomentar cooperativas de consumo y abasto; crear redes de consumidores y productores; fortalecer los mercados de las colonias; organizar campañas contra la venta de productos chatarra en las escuelas, e imponer aranceles a las importaciones de productos chinos.