■ Aprueban en comisiones la ley reglamentaria del 27 constitucional y la nueva Ley de Pemex
En siete horas, el Senado concretó el dictamen de reforma energética
■ Se desecharon los intentos de privatización más fuertes, considera el perredista Pablo Gómez
■ Uno de los pocos puntos que sobrevivieron de la iniciativa de Felipe Calderón fue el de los bonos ciudadanos
Concluyó ayer en el Senado el dictamen de la reforma energética con la aprobación en comisiones de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia del Petróleo y la nueva Ley de Pemex, de las que se desecharon “los intentos de privatización más fuertes”, según valoró el senador del PRD Pablo Gómez Álvarez.
Los dictámenes podrán pasar este martes al pleno senatorial para quedar en primera lectura, aunque anoche aún faltaban por consensuar algunos puntos pendientes en las comisiones de Energía y de Estudios Legislativos, pese a que la discusión se prolongó más de siete horas. Es el caso de la modificación al artículo quinto de la ley reglamentaria del 27 constitucional, propuesta por el Partido de la Revolución Democrática para establecer la prohibición expresa a Pemex de otorgar áreas exclusivas de exploración y producción de hidrocarburos a un solo contratista.
Los legisladores del PRD no votaron ninguno de los dictámenes aprobados ayer, fieles a la determinación de no hacer ningún pronunciamiento hasta tener un análisis completo. Sin embargo, la participación de Gómez, Arturo Núñez y Graco Ramírez fue intensa y, aunque no lograron que PAN y PRI aceptaran disminuir de cinco a tres el número de miembros del sindicato petrolero en el consejo de administración de la paraestatal, pasó la propuesta de que éstos no puedan participar en discusiones en materia de presupuesto.
Incluso, uno de los pocos puntos que sobrevivieron de la iniciativa de Felipe Calderón fue el de los bonos ciudadanos, que se aprobaron, pero acotados, según planteó Pablo Gómez –y Acción Nacional secundó–, a fin de que las casas de bolsa no puedan participar y especular con esos instrumentos.
En la exposición de motivos de la ley reglamentaria del 27 constitucional, cuyo dictamen se aprobó con 12 votos de priístas, panistas y del senador del Partido Verde Arturo Escobar, se advierte que “es posible modernizar a Pemex sin privatizarlo”, y para ello “se establecen las salvaguardas necesarias a fin de impedir el otorgamiento de concesiones o la celebración de contratos de riesgo”, ya que “los hidrocarburos son y seguirán siendo propiedad exclusiva de la nación y su explotación, entendida ésta como un concepto amplio, seguirá estando a cargo de Pemex”.
Gómez detalló que los principales logros del Frente Amplio Progresista (FAP) son que se desechó la refinación privada de petróleo, así como la creación de filiales para llevar a cabo actividades fundamentales de la paraestatal, fuera del control presupuestal y del Congreso, y también quedaron fuera contratos donde la remuneración se determina según los resultados de la obra o la riqueza de los yacimientos.
Una de las modificaciones torales es la realizada al artículo sexto de la ley reglamentaria del 27 constitucional, ya que refuerza el alcance de la prohibición de los contratos de riesgo, al fijar que las remuneraciones a los contratistas no podrán darse con petróleo o petrolíferos, ni con participación en los resultados de la producción, ni con utilidades.
En la nueva Ley de Pemex, que habrá de sustituir a la actual Ley Orgánica de Pemex, se crea un capítulo especial para contratación donde se retomaron la mayoría de las propuestas del FAP, entre ellas que las remuneraciones sean siempre en efectivo, los pagos adicionales se pacten antes de firmar el contrato y sean con base en disposiciones específicas, entre éstas que Petróleos Mexicanos obtenga beneficios por el menor tiempo de duración de la obra o por la adjudicación de innovaciones tecnológicas.
Se incorporó también otro planteamiento del Frente Amplio a fin de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) pueda revisar los contratos de Pemex en cualquier momento.
Durante la reunión de ayer de las comisiones dictaminadoras, los perredistas pelearon para incluir en el artículo quinto de la ley del 27 constitucional un candado adicional para prohibir que la paraestatal pueda otorgar a un solo contratista áreas exclusivas o bloques para explorar y producir hidrocarburos, pero panistas y priístas se opusieron con el argumento de que va en contra de la economía de la empresa, además de que en la nueva ley hay disposiciones que lo impiden.
El priísta Francisco Labastida Ochoa, presidente de la Comisión de Energía, expuso que los yacimientos futuros “lamentablemente no son Cantarell, sino yacimientos relativamente pequeños, donde una prohibición de esa naturaleza elevaría considerablemente los costos”.
Ante ello, el perredista Pablo Gómez expuso que si bien no hay nada en esa ley reglamentaria, ni en la de Pemex, que autorice la exclusividad de ningún contratista, la intención de los legisladores del FAP es dejarlo como prohibición clara. Aunque se votó en contra, panistas y priístas acordaron buscar alguna salida a través de una nueva redacción, e igual pasó con otras propuestas del PAN y el Verde Ecologista de México.
A propuesta del senador panista Fernando Elizondo se afinó la redacción del artículo sexto de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional, donde se fija la prohibición de que Petróleos Mexicanos acuda a tribunales internacionales.
El mayor debate se dio cuando se discutió la integración del consejo de administración de la paraestatal, ya que PAN y PRI no aceptaron disminuir a dos el número de consejeros del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), pese a que Gómez Álvarez introdujo la variante de que se elevara de seis a diez la cifra de consejeros del gobierno federal.
“Los dirigentes del sindicato venderán caro su amor en el consejo de administración cuando se discuta algún problema crítico”, expresó por su parte el también perredista Graco Ramírez, pero priístas y panistas ni siquiera quisieron discutir el tema.
Ayer se aprobó también el dictamen de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables, aunque con la condición de discutir por la noche buena parte de los artículos, ya que el PRD insistió en que esa iniciativa del PRI y el Verde Ecologista posibilita una mayor privatización del sector eléctrico.
Aunque el dictamen contenía ya cambios que acotan el financiamiento a las empresas privadas que generarán electricidad a partir de fuentes alternas, el senador Arturo Núñez, del sol azteca, consideró que no son suficientes.
Las mesas directivas de las comisiones de Energía y de Estudios Legislativos volvieron a reunirse anoche para tratar de acordar los puntos pendientes y que hoy pasen a primera lectura los tres dictámenes ayer aprobados, junto con el de Ley de la Comisión Reguladora de Energía, votado el viernes pasado.
Hay otros tres dictámenes que el jueves quedaron en primera lectura y podrían votarse este martes ante el pleno: la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía.
Sin embargo, el perredista Gómez Alvarez dijo que ojalá la reforma energética no se vote antes del jueves, ya que el Frente Amplio Progresista quiere el acuerdo global y “está revisando línea por línea” los dictámenes más controvertidos.