La reforma petrolera en el Senado
Los senadores del Frente Amplio Progresista han hecho un buen trabajo en el Senado. Por primera vez veo que ese grupo parlamentario sabe tratar con sus oponentes y llamarlos al diálogo, equilibrando posiciones y resolviendo con ellos lo que se puede resolver. Arturo Núñez y Pablo Gómez (éste ya con muchas tablas parlamentarias) han sobresalido en los debates. Carlos Navarrete y Graco Ramírez han sabido concertar acuerdos. Se ha visto que a ciertos maximalistas escépticos eso les puede parecer poco. Yo pienso que en los temas irremovibles (contratos, integración del consejo de administración de Pemex y otros) la pelea, al momento de escribir este artículo, será muy dura y de incierto pronóstico.
Las posiciones de los diferentes partidos se adivinaban claras. Los panistas han formado su ciudadela en el tema de los contratos, opusieron a las empresas filiales de Pemex propuestas por el PRI (organismos públicos descentralizados, se definen en sus iniciativas) la inversión privada y los priístas optaron por retirar el punto del debate. Ahora ellos también se quieren hacer fuertes en torno a los contratos. Parece un cuento de nunca acabar. Desde luego, para ellos resulta ser un asunto de vida o muerte el que haya cinco miembros del sindicato petrolero (priísta) en el consejo de administración y no están dispuestos a ceder.
El tema más importante es el de los contratos, porque es la única salida que le queda al gobierno panista de meter por la ventana a la iniciativa privada, ya que no le pudieron abrir la puerta y eso es ya un hecho. Pero procederé tratando primero el asunto de los consejeros sindicales. Hasta donde me alcanza, los priístas saben que sus llamadas empresas subsidiarias no están descartadas del todo. Retiraron su propuesta sólo como prueba de fuerza. Esperan que los panistas se les rindan y acepten que el capital privado no entrará en ellas. Pero lo que ahora les parece esencial es que el sindicato pueda estar en el consejo.
El consejo lo decide todo (a veces por encima del propio Presidente, según la iniciativa panista). En un consejo a modo pueden sacar las empresas filiales más adelante. Eso, si no se prohíben en la legislación que se apruebe. El consejo, en efecto, puede crearlas más adelante. Los puestos del sindicato petrolero en el consejo son puestos del PRI y ésa va siendo ya su ciudadela. Es por eso también que los priístas están siendo un tanto inflexibles con la propuesta de que los consejeros nombrados por el Presidente sean ratificados por el Senado. Le juegan, para poner las cosas en claro, a un permanente jaloneo con el PAN respecto a la integración del consejo.
Yo sugerí en el grupo de expertos que elaboró las iniciativas del FAP que se sacara al sindicato del consejo. Pero pocos estuvieron de acuerdo. La mayoría decidió que sólo se redujera a dos consejeros su representación y eso quedó en las iniciativas. Naturalmente, resultó también inaceptable para los priístas. Mi razón es sencilla: ¿qué diablos tiene que hacer un sindicato en el cerebro que maneja a una empresa, si sus derechos están protegidos por su contrato colectivo de trabajo? El sindicato no tiene nada que ver con el manejo de la empresa. Siendo pública, eso corresponde al Ejecutivo bajo el control del Legislativo.
Los panistas siguen haciéndose tontos en el tema de los contratos: dicen que la Constitución no es clara en el tema. Parecería que los foros en el Senado no les sirvieron de nada, pero se trata sólo de un cínico y desvergonzado disimulo. Un intelectual invitado por los priístas al segundo foro del Senado (y sospecho que por Labastida) les dio la coartada: la Constitución no define a qué clase de contratos se refiere. Y enseguida vino una avalancha de referencias sesgadas a Cárdenas, que fue el primero que propuso contratos con la iniciativa privada, lo que es totalmente cierto. ¡Cárdenas era privatizador!, se dijo, ¿por qué nosotros no?
Las palabras exactas del texto constitucional después de 1960 son las siguientes: “Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales radiactivos, no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que, en su caso, se hayan otorgado”. Sólo caben dos interpretaciones jurídicas rigurosas: una, o Pemex no puede hacer contratos con nadie y para nada, lo que sería sumamente estúpido y, dos, la Constitución se refiere sólo a un cierto tipo de contratos. Cualquier juez decidiría que la segunda es la interpretación correcta.
Los contratos se negocian, no se “otorgan”. Es evidente que la reforma del 60 se refiere a los contratos de riesgo y no a los denominados en el derecho común de servicios o por obra determinada. Los panistas se niegan a aceptar que sólo se trata de los segundos y está a la vista el porqué. En ello los priístas, encabezados por Beltrones y Labastida, están de acuerdo, de un modo de verdad vergonzante (dicen que no, pero la verdad es que eso es lo que quieren). Si los panistas desean sus contratos, tendrán que definirlos, no andar bautizándolos como “incentivados”, “de servicios múltiples” o “determinables o indeterminados”, acepciones que ellos (y los priístas con ellos) ni siquiera saben explicar o no quieren hacerlo.
Cuando, por caso, entran en explicaciones se sacan de la chistera que nada impide que al final de la obra o del servicio contratado se dé un premio a los privados. Lo obligado es preguntar: ¿por qué? Si yo tengo con qué construirme una casa, lo usual es que el arquitecto me diga cuánto me va a costar, de antemano, y no al final. ¿Por qué insisten los panistas en ello? Está claro: el gobierno de la sociedad significa obtener un botín, para ellos mismos y para sus representados. Si la reforma petrolera no da un botín, entonces no tiene sentido.
Están seguros de sacar adelante sus propuestas. Tienen un formidable aliado en los privatizadores y derechistas que hacen una mayoría aplastante en el PRI y nada extrañaría que, al final, salieran las filiales de Pemex junto con los contratos “incentivados”. Lo que ya está claro, no obstante todo ello, es que ni refinerías ni ductos ni centros de almacenamiento podrán estar en propiedad de privados. Eso era el principal objetivo de la lucha cívica en defensa del petróleo. Ahora parece que ya nadie quiere eso. El problema hoy son los contrataos “incentivados”. Ahí está el huevo de la serpiente.