■ Propician una criminalización del consumo, en particular contra los jóvenes, señala experto
Las políticas públicas de combate al uso de drogas han demostrado su ineficacia
En América Latina y el Caribe, 21 por ciento de los jóvenes de 16 a 29 años de edad no estudia ni trabaja, a lo que se suma un contexto de marginación social, violencia, tráfico de armas y narcotráfico, advirtieron especialistas en juventud y adicciones. En México el porcentaje asciende a 22.
Además, señalaron que entre los principales factores de riesgo para la población juvenil que pueden propiciar el ingreso a pandillas y organizaciones delictivas, están la deserción escolar, violencia intrafamiliar, falta de oportunidades educativas y una escasa posibilidad de obtener un empleo digno.
Julio Rosenblatt, jefe de sección de políticas de seguridad pública de la Organización de Estados Americanos (OEA), y Juan Machin, director del Centro Cáritas, destacaron que enfrentamos fenómenos sociales “muy complejos, como las adicciones y la violencia criminal, que toca a los jóvenes de muy diferentes formas y en contextos distintos”.
Carlos Alemán, ministro de Juventud de El Salvador, destacó que en naciones donde “hemos vivido movimientos armados se agrega a este coctel de riesgos la proliferación en la venta de armas, lo que nos debe obligar a todas las naciones latinoamericanas a incentivar políticas públicas más cercanas a resolver la grave marginación que enfrentan muchos de nuestros jóvenes”.
Reunidos en el seminario Prevención de las conductas de riesgo entre la juventud iberoamericana, convocado por el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJ) y la Secretaría de Relaciones Exteriores, en el contexto de los trabajos de la 18 Cumbre Iberoamericana, que se realizará a finales de octubre en El Salvador, afirmaron que de acuerdo con cifras de la Organización Internacional del Trabajo, 21 por ciento de los jóvenes latinoamericanos menores de 29 años “no estudia ni trabaja, mientras que en México esta cifra es de 22 por ciento, por lo que debemos preguntarnos qué están haciendo mientras no van a la escuela ni acceden a un empleo”.
A esto se suma, alertó Juan Machin, una concepción social de los jóvenes como el “enemigo a vencer, donde se han convertido en un riesgo que debemos controlar, aunque sea utilizando la mano dura y la represión”. Destacó que en todos los países de la región se presentan procesos de “criminalización de la protesta social juvenil, que inició desde el siglo XX, pero que hoy continúa, porque no hemos entendido que son sujetos de derechos y responsabilidades”.
Señaló que a escala mundial las políticas públicas de combate al consumo de drogas no sólo han demostrado su ineficacia, sino que han propiciado un creciente proceso de criminalización y estigmatización del consumo, en particular contra los jóvenes, y con ello acciones de “represión y mano dura”, por lo que propuso iniciar una “discusión seria y profunda en torno a la posibilidad de despenalizar el uso de estupefacientes”, y atender de manera integral a quienes “tienen problemas con sustancias ilícitas”.
En cuanto al tema de seguridad, Julio Rosenblatt destacó que no existe una base de datos “confiable” que revele cuántas pandillas o pandilleros hay en América Latina y el Caribe, pero tras un estudio reciente, agregó, se detectó que prevalecen factores como la deserción escolar, y “es alarmante que los sistemas educativos regionales no se den cuenta que el pandillerismo, y más tarde la delincuencia organizada, no son un asunto exclusivamente de la policía, sino también de escuelas, de un empleo digno y de condiciones de salud”.
Agregó que en investigaciones realizadas por la OEA en 2007, se reveló que la presencia de menores de edad en pandillas criminales violentas es “mucho menor a lo esperado, pues por cada persona de 18 años detenida por actividades ilícitas de pandillas, hay nueve adultos, que son quienes establecen mayores vínculos con la delincuencia organizada en delitos como extorsión, secuestro o contrabando de drogas”.
Rosenblatt aseguró que hasta el momento se tienen identificadas cinco tipos distintos de pandillas: irregulares –cuya integración es efímera, vinculada a la vida escolar–, transgresoras, violentas, criminales y de mujeres, donde se pueden presentar “dos o más subtipos de pandilleros, por lo que estamos ante un modelo de organización cada vez más complejo”.