■ Fija plazo máximo de 12 años, susceptible de ampliarse por un periodo similar
Confirma el IFAI reserva de las notas diplomáticas del operativo Casa Blanca
■ Ordena a Hacienda, Economía y Gobernación informar de costos por seguridad de funcionarios
El pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) confirmó la clasificación de las notas diplomáticas que con motivo del operativo Casa Blanca intercambiaron los gobiernos de México y Estados Unidos, incluyendo información sobre lavado de dinero de 1997 a la fecha.
Empero, el instituto fijó un periodo máximo de reserva por 12 años, susceptible de ampliarse por igual lapso, a menos que alguno de los dos países apruebe su divulgación.
Acerca del costo de escoltas
El IFAI ordenó a las secretarías de Hacienda, de Economía y de Gobernación que den a conocer el costo anual erogado por concepto de la seguridad de Agustín Carstens; de los ex titulares de Economía Eduardo Sojo, Luis Ernesto Derbez, Fernando Canales y Sergio García, y de los ex secretarios de Gobernación Santiago Creel y Carlos Abascal.
El monto anual de gastos incluye seguridad personal de los funcionarios y de sus familias, y global de salarios, viáticos, equipamiento y otros que reciben los escoltas. Sin embargo, el IFAI determinó reservar por 12 años el número de elementos que integran los equipos de seguridad, para evitar poner en estado de “vulnerabilidad” a los funcionarios, así como el sueldo de cada uno.
Este último punto causó polémica, pues aunque el salario de los funcionarios es público por ley, la mayoría de los comisionados –excepto Juan Pablo Guerrero y Alonso Gómez Robledo, ausente en la sesión de ayer– se pronunció por la clasificación del dato para evitar “que cualquier tip” pueda revelar el número de integrantes de las escoltas de los altos funcionarios.
Inicialmente, María Marván, ponente del recurso 3194/08, propuso difundir el rango de los elementos del Estado Mayor Presidencial, pero por sugerencia de Alonso Lujambio y Jacqueline Peschard modificó su postura.
Guerrero, quien emitió un voto particular, sugirió la difusión de los salarios sin identificar quién los recibe, y Peschard, revelar el promedio; ambas propuestas fueron desechadas.
Acerca del operativo Casa Blanca, recurso 2905/08, la ponente Peschard expresó en entrevista que la decisión de clasificarlo por el máximo periodo que fija la ley de transparencia obedece a que se trata de un asunto “secreto”, según los parámetros de la Convención de Viena.
“Es un asunto trascendente que tiene que ver con lavado de dinero e intervenciones de Estados Unidos (en México) en 1998 y 1999. A pesar de que existe mucha información de prensa nacional e internacional sobre el conflicto, tuve acceso a las notas diplomáticas y, de acuerdo con la Convención de Viena –firmada por el gobierno de México–, todo está reservado como documentación secreta”.
Peschard refirió que al revisar la información, la Secretaría de Relaciones Exteriores mostró documentos “en donde el gobierno estadunidense solicita autorización al mexicano para desclasificar información” de otros casos, pero de la misma naturaleza. “De suerte que si no existe autorización de alguna de las contrapartes, se mantiene en secreto”.
En cuanto al caso de los contratos suscritos entre Petróleos Mexicanos y la empresa Ivancar, propiedad de la familia del secretario de Gobernación, Camilo Mouriño Terrazo, se ratificó la respuesta de inexistencia por parte del comisionado Lujambio, quien en el recurso 2243/08 señala que fueron suscritos por Pemex Refinación y han sido puestos a disposición de la opinión pública en la página de Internet de la subsidiaria.