■ El CDHFBC considera “inapropiado” el tratamiento político al problema agrario
Exigen a Sabines que garantice la paz en dos comunidades chiapanecas en conflicto
■ Pide evitar “hechos de sangre que lamentar” en los municipios de Aldama y Chenalhó
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC) solicitó al gobernador de Chiapas, Juan Sabines Guerrero, “la implementación de las medidas precautorias necesarias que garanticen la vida, la integridad física, la seguridad jurídica, el territorio, la cultura, la paz y armonía entre las personas y los pueblos involucrados en el conflicto entre las comunidades de Aldama y de Santa Marta o Manuel Utrilla, de los municipios oficiales de Aldama y Chenalhó”, en los Altos.
De la información con que cuenta, el CDHFBC “deduce que como consecuencia de los trabajos implementados por el Programa de Certificación de Derechos Parcelarios (Procede)”, se modificaron los polígonos de Aldama (antes Santa María Magdalena) y Manuel Utrilla (Santa Marta), “pasando” del primero al segundo una porción de 30 hectáreas, afectando a 115 personas, “entre ellas 31 familias bases de apoyo del EZLN”.
En una carta al mandatario estatal, firmada por el director del CDHFBC, Diego Cadenas Gordillo, se señala que esta situación dio a los comuneros de Manuel Utrilla “la posibilidad jurídica de reclamar las 30 hectáreas” y promover una demanda ante el Tribunal Unitario Agrario contra los bienes comunales de Aldama.
Los comuneros de Aldama, inconformes, refieren que esas tierras “las han poseído como legítimos propietarios desde hace muchos años, y que incluso varios de ellos las recibieron de sus padres y abuelos”.
Manifiestan que esas tierras “siempre han pertenecido a Aldama y nunca a Manuel Utrilla”. Hasta la llegada del Procede, existía armonía entre los mencionados poblados.
Como en otras ocasiones, el CDHFBC señala que dicho programa “atenta contra el territorio y la cultura de los pueblos indígenas y el patrimonio de los campesinos, lo cual genera conflictos en ejidos y comunidades”, pues “fomenta el individualismo y el pensamiento divisionista, quebrantando la estructura de trabajo comunitario y colectivo”.
Además, las reformas al artículo 27 constitucional de 1992, de donde viene el Procede, “implican una regresión de las garantías sociales constitucionales”. Los funcionarios estatales que intervienen en el conflicto lo hacen “inapropiadamente, poniendo en riesgo la endeble paz social, la vida y la integridad física de las personas”, considera el centro defensor de las garantías individuales.
Como reportó este diario, en días pasados el concejo municipal autónomo de Magdalena de La Paz y la Junta de Buen Gobierno de Oventic desconocieron los acuerdos “conciliatorios” impuestos a los pobladores de Aldama por la representación gubernamental.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas considera “inoportuno e inapropiado” el tratamiento político al problema. Ello puede provocar “hechos de sangre que lamentar”, como lo demostró “la ejecución arbitraria de seis campesinos de la comunidad Miguel Hidalgo, perpetrada por elementos de la Policía Estatal Preventiva el pasado 3 de octubre, así como las cuatro personas asesinadas y otras tanto desaparecidas en el ataque a Viejo Velasco, ocurrido el 13 de noviembre de 2006”.