■ EL IFAI decidirá hoy si es válida la clasificación permanente que realizó la SRE
La cancillería reserva los documentos de operativo encubierto que realizó EU en el país
■ Además, evaluará la declaración de “inexistencia” de los contratos de Ivancar con Pemex
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) clasificó en forma permanente todas las notas diplomáticas intercambiadas por los gobiernos de México y Estados Unidos sobre la operación Casa Blanca y el lavado de dinero, de 1997 a la fecha, mientras la de Economía reservó por 12 años toda información de los fondos erogados por el gobierno federal en la seguridad de los ex titulares de esa dependencia Eduardo Sojo, Luis Ernesto Derbez, Fernando Canales y Sergio García.
También Gobernación reservó, pero por seis años, los gastos del erario en la seguridad de sus ex titulares Carlos Abascal Carranza y Santiago Creel Miranda, durante el sexenio de Vicente Fox Quesada.
Dichas clasificaciones serán evaluadas hoy por el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), así como la declaratoria de “inexistencia” de los contratos que Petróleos Mexicanos (Pemex) ha suscrito con la empresa Transportes Especializados Ivancar, propiedad de la familia del actual secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño Terrazo.
Cabe destacar que en más de cinco ocasiones Pemex ha declarado la inexistencia de dichos documentos, a pesar de que a principios de este año Andrés Manuel López Obrador sacó a la luz pública dos de los 16 contratos firmados con Ivancar.
Lo anterior orilló al propio secretario de Gobernación a entregar los contratos respectivos a la comisión legislativa creada con el propósito de investigar su legalidad.
El caso aún no se cierra, pues la Secretaría de la Función Pública (SFP) continúa las indagatorias correspondientes, según su titular, Salvador Vega Casillas, quien se ha negado a dar algún avance sobre el caso, pese a que los legisladores ya exoneraron a Mouriño Terrazo.
Además de ello, el IFAI reveló en mayo pasado que a esos contratos se suman otros 108 suscritos entre la paraestatal y el Grupo Energético del Sureste (GES), también propiedad de la familia Mouriño.
Cabe destacar que en alguna de las sesiones en que se ha discutido la reiterada respuesta de Pemex, el IFAI ha subrayado que la paraestatal trata de eludir el tema que ya es “del dominio público (y) que algunos miembros de la familia Mouriño Terrazo participan en empresas como Ivancar, Teisa y GES”.
Con respecto a la operación Casa Blanca, cuya información clasificó en forma permanente la SRE, es necesario recordar que se trató de una acción encubierta que el gobierno de Estados Unidos realizó en nuestro país durante tres años, en la gestión de Ernesto Zedillo.
El operativo –efectuado sin la autorización del gobierno zedillista, por lo cual especialistas en el tema lo consideraron como una violación a la soberanía–, derivó en una acusación contra Confia, Bancomer y Banca Serfin, así como 17 funcionarios bancarios –aunque después retiraron los cargos–, por supuesto lavado de 87 millones de dólares en beneficio de los cárteles de Juárez y Cali.
Según la cancillería mexicana, de proporcionarse la “información, se estaría generando un daño presente, probable y específico a la credibilidad del Estado mexicano frente a otros países y se verían menoscabadas las relaciones internacionales”.