Editorial
Morelos, polvorín en ciernes
Ayer, en la capital de Morelos, miles de personas –maestros, normalistas, universitarios, campesinos, padres de familia e integrantes de organizaciones sociales– volvieron a marchar en demanda de la cancelación de la denominada Alianza por la Calidad de la Educación (ACE), en repudio a la violencia represiva ejercida por la fuerza pública contra las comunidades de Xoxocotla, Tenayuca y Tres Marías, la semana pasada; en favor del retiro de los elementos del Ejército Mexicano que permanecen en esas comunidades, así como para exigir que se reanude el diálogo entre los maestros y las autoridades estatales y federales.
A casi dos meses de iniciarse el paro de labores de los docentes en esa entidad –circunstancia que ha impedido el arranque del ciclo escolar 2008-2009–, no parece haber perspectivas de solución para poner fin al conflicto magisterial local. Desde la ruptura de las negociaciones entre los representantes del magisterio y los gobiernos local y federal, hace más de dos semanas –causada, a decir de los profesores, por la injerencia de Elba Esther Gordillo–, las autoridades han endurecido su postura y se ha recrudecido la campaña de linchamiento mediático en contra del movimiento. Para colmo, los recientes actos de represión y crueldad de la fuerza pública han alimentado y extendido el descontento en un amplio sector de la sociedad de Morelos y de todo el país.
Es de destacar, al respecto, lo ocurrido el pasado jueves en Xoxocotla, donde integrantes del Ejército y de las policías estatal y federal despejaron con extremada violencia el bloqueo que padres de familia mantenían en la carretera Cuautla-Jojutla. Durante el desalojo fueron cometidos diversos actos de vejación e incluso de tortura, como los que sufrió Abraham Escorcia Beltrán, habitante de esa comunidad, desligado del movimiento magisterial, quien, sin embargo, fue detenido ilegalmente por elementos de la Policía Federal Preventiva y forzado a caminar descalzo sobre brasas ardientes. Este episodio, por sí solo, descalifica el desempeño gubernamental en el conflicto morelense y confirma, por añadidura, que el uso de la fuerza pública y la criminalización de la protesta social conducen al atropello del estado de derecho, no a su robustecimiento.
En la circunstancia actual, ante la creciente explosividad de la situación que se vive en Morelos, el gobierno de Felipe Calderón tendría que rectificar el camino y reconocer la inviabilidad política de la ACE: ese pacto no podrá ser instrumentado por la vía de la negociación –cancelada desde el momento en que las autoridades pretendieron impulsarlo a espaldas de las bases de docentes y a instancias de una dirigencia que es objeto de repudio en amplias franjas del magisterio morelense y nacional–, y los riesgos de intentar imponerlo por la vía de la fuerza son sumamente elevados: una escalada represora en contra del movimiento magisterial morelense pudiera derivar en un conflicto similar al que se vivió en Oaxaca a finales del foxismo y principios del actual ciclo de gobierno, o incluso peor si se toma en cuenta la actual determinación del mando civil de involucrar al Ejército en tareas represivas, como pudo verse en los referidos acontecimientos de Xoxocotla.
Lo que menos necesita el gobierno calderonista en el momento presente es involucrarse en un conflicto como el que se está gestando en Morelos: tal situación sería particularmente desastrosa para la actual administración, de por sí inmersa en una crisis de legitimidad de origen, que enfrenta, además, el auge de la criminalidad y la delincuencia en todo el país, así como los descalabros económicos suscitados por la crisis financiera internacional y por su propia falta de capacidad, previsión y cautela. Es necesario, pues, que el gobierno reconozca la procedencia de las demandas de los docentes de Morelos y se apreste a negociar con ellos. De lo contrario, pudiera estar en riesgo la gobernabilidad del país, de por sí precaria.